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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Esterilizaciones masivas: Contra el olvido

"No recuerdes mi día, ni mi semana, ni mi mes
si no te comprometes a luchar activamente contra el patriarcado.
No digas "Feliz día de la mujer"
si no cuestionas tus privilegios ni luchas por la igualdad.
El sentido se construye, y la lucha es todos los días"
.
Comunicado por el 8 de marzo de Mengana Kolectiva

El 8 de marzo no es una fecha para celebrar, es una fecha para recordar lo mucho que las mujeres hemos luchado por alcanzar nuestros derechos y para recordar lo mucho que aún falta para que desde el Estado se respeten nuestros cuerpos, nuestros derechos y nuestras decisiones.

Por eso, en el marco de este 8 de marzo, escribo esta nota sobre las esterilizaciones masivas realizadas a cientos de miles de mujeres entre los años 1996 y 2001, con experiencias comparadas sobre como distintos gobiernos abordaron una problemática similar. Ojalá este año el gobierno se acuerde de estas mujeres y cumpla con su palabra.

Las esterilizaciones masivas

Entre los años 1996 y 2001, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990–2000”, implementado por el Estado peruano durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se realizaron 272,028 ligaduras de trompas y 22,004 vasectomías [1] . Es decir, hubo desde el Estado una campaña masiva de esterilizaciones dirigida de manera abrumadora a las mujeres.

Debido al número masivo de mujeres esterilizadas entre los años 1996 y 2001, a las denuncias que la aplicación de este programa generó, así como a los diversos casos de muertes reportadas debido a las complicaciones post operatorias, desde el Estado se han realizado diversas investigaciones. Cada una de estas investigaciones se ha enfocado en la responsabilidad, penal o política, desde las y los diversos actores estatales. Ninguna de estas investigaciones se ha enfocado en lo que vivieron y sufrieron las víctimas.

La (inexistente) judicialización

La última investigación es la del Ministerio Público que el 21 de octubre de 2011, mediante Resolución Nº 2073-2011-MP-FN, la Fiscalía de la Nación amplió la competencia territorial a nivel nacional de la Fiscalía Supraprovincial para que se aboque a la investigación del caso María Mamérita Mestanza y las esterilizaciones forzadas. 

Sin embargo, el 23 de enero de este año (dos días después del fallo de La Haya) el fiscal del Ministerio Público archivó el expediente contra Fujimori y los ministros involucrados alegando que “no se ha llegado a comprobar que [la esterilización forzada] fue una política sistemática” y que el presidente no tenía conocimiento de los hechos. La Fiscalía solo encontró responsabilidad en seis médicos de Cajamarca a los cuales denunciará penalmente. El 28 de febrero se presentó un recurso de queja contra esta decisión.

Es decir, a la fecha este caso ni siquiera ha llegado al Poder Judicial. El caso no está  judicializado.

La respuesta (¿también inexistente?) del gobierno

Habría que recordar también que este tema se ‘mediatizó’ –muchas personas piensan que en realidad se ‘utilizó’- en el año 2011 en el contexto de la campaña electoral para la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. El entonces candidato presidencial Humala señaló: “Se ha hecho un daño irreparable con más de 300 mil mujeres que hoy día no pueden ejercer su derecho sobre su cuerpo de ser madres o volver a ser madres. Y eso fue sin su consentimiento y es una vergüenza, es un daño irreparable”. Adicionalmente añadió que de ganar las elecciones “vamos a hacer que se respeten a las mujeres empezando por su propio cuerpo”. [2] 

Sin embargo, a la actualidad el gobierno no ha hecho nada para lograr que este anunciado respeto se concrete. Es más, frente al archivamiento de la investigación por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solo sacó un comunicado en el que señala que “… siendo que un Estado democrático obliga a la separación e independencia de sus poderes y respetuosos de estos principios, es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector de los derechos de las mujeres, EXHORTA a las autoridades competentes (Ministerio Público y/o Poder Judicial) a garantizar el debido proceso de las mujeres que recurren al sistema de justicia a denunciar la violación de sus derechos, a la espera de sanciones e indemnizaciones, según corresponda, dentro del marco de la legislación nacional y los estándares internacionales aplicables, para lo cual existe la garantía constitucional de la doble instancia en la que el sector confía se alcanzará justicia (sic).[3] 

Es decir, el gobierno señala que exhorta al Ministerio Público o al Poder Judicial a cumplir su labor; sin embargo, no dice nada sobre lo que han hecho o podrían hacer al respecto, dentro del marco de la legislación nacional y los estándares internacionales claro está. Y es que, si bien es responsabilidad del Ministerio Público investigar, también es responsabilidad del Poder Ejecutivo el que se respeten los derechos de estas mujeres (tal como lo prometió el entonces candidato Humala).

Respuestas a este tipo de violaciones en otros países, propuestas comparadas para la reparación
Lamentablemente, este tipo de afectaciones contra las mujeres no se ha dado solo en nuestro país. Sin embargo, otros países sí han respondido de distinta manera frente a este tipo de vulneraciones. Desde acá le damos algunos ejemplos de cómo este tipo de vulneraciones a los derechos de las mujeres se han trabajado y reparado desde el Poder Ejecutivo u otras entidades (por ejemplo: Ombudsman) de diversos países: es decir, en otros países el gobierno sí hizo algo directamente y no se lavó las manos delegando la responsabilidad en el Poder Judicial y en el Ministerio Público:

1.    Estados Unidos (Carolina del Norte).- Entre 1929 y 1974, aproximadamente 7,600 mujeres y hombres de Carolina del Norte se sometieron a esterilización por su propia decisión o mediante la fuerza o por coerción, esto bajo la autorización del programa Eugenics Borrad de Carolina del Norte. El gobierno estableció en el 2010 una fundación con el propósito brindar justicia y reparación, así como asistencia legal e información a las víctimas de esterilizaciones forzadas.  “North Carolina Justice for Sterilization Victims Foundation”. [4]

2.    Hungría.- El caso de A.S., a quien se le practicó una cesárea en un hospital público después de un aborto natural en el año 2001 y a quien 17 minutos después se le esterilizó sin su consentimiento. El doctor que la intervino escribió la solicitud de esterilización como si fuera la mujer quien lo hubiese solicitado. El caso fue presentado ante la CEDAW, el Comité concluyó en agosto de 2006 que esta esterilización forzada era una violación a los artículos 12° y 16° de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por lo que estableció que la mujer tenía derecho a una reparación apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. [5]  El gobierno de Hungría anunció la entrega de compensación financiera a la señora A.S. En el año 2008, modificó la Ley de Salud Pública para mejorar la entrega de información sobre procedimientos de consentimiento informado para las esterilizaciones definitivas. [6]

3.    República Checa.- La Defensoría del Pueblo de la República Checa investigó 87 casos de esterilizaciones forzadas. En diciembre de 2005 emitió su informe recomendando al gobierno que pidiera disculpas a las personas afectadas y a la población en general; así también le recomendó que estableciera un programa de reparación para las víctimas de este tipo de violaciones, ya que estas esterilizaciones se hicieron bajo la promoción estatal en la década de los noventa. Adicionalmente les recomendó a las víctimas que acudieran al Poder Judicial y envió las investigaciones a los tribunales. [7]

4.    Suecia.- El Estado de Suecia esterilizó a 230.000 personas entre los años 1935 y 1996 dentro de un programa basado en teorías eugenésicas, el cual argumentaba razones de “higiene social y racial". Tras cuatro años de investigación por una comisión creada por el gobierno sueco se presentó el informe final al Ministerio de Asuntos Sociales del Reino. El informe oficial documentó 63.000 casos de esterilizaciones forzadas. En 1999 el gobierno sueco comenzó con el pago de reparaciones de 21,000 dólares a las personas esterilizadas de manera forzada. Es decir, el gobierno sueco no se lavó las manos argumentando que exhortaba al Poder Judicial o al Ministerio Público a cumplir con su labor.

Esperemos pues, que en el marco del 8 de marzo, desde el gobierno se abandone el silencio y la desidia que han tenido para con estas mujeres, porque si bien es necesaria la sanción penal a las y los responsables, también es indispensable que se empiece de una vez a implementar políticas públicas de reparación para la mujeres esterilizadas por el Estado en la década de los 90.

Esta es una medida indispensable para avanzar un poquito en el respeto de los derechos de las mujeres.

NOTAS:

1. Cifras recogidas según Informe Defensorial Nº 69 del año 2002, página 162.
2. http://www.rpp.com.pe/2011-06-01-humala-sobre-esterilizaciones-forzadas-se-ha-hecho-un-dano-irreparable-noticia_371191.html visto el 4 de marzo de 2014.
3. http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=5035:ministerio-de-la-mujer-expresa-su-preocupacion-por-archivamiento-fiscal-de-casos-de-esterilizaciones-forzadas&catid=54&Itemid=445 visto el 5 de marzo de 2014.
4. http://www.sterilizationvictims.nc.gov/ vista el 16 de mayo de 2012.
5. http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/ww_ASvHungary_amicus_brief.pdf
6. 2011 – 2012 El Progreso de las Mujeres en el mundo. En busca de la justicia. ONU Mujeres. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Nueva York 2011 p. 43
7. http://ochrance.cz/dokumenty/documnet.php?back=cinnost/index.php&doc=400