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Una publicación de la asociación SER

Esterilizaciones forzadas y discriminación por género

Esta es la primera de una serie de crónicas blancas que dedicaré al tema de esterilizaciones forzadas en el Perú. ¿Por qué? Porque este es el crimen de lesa humanidad más grave que se ha cometido contra nuestra población rural y campesina desde la Colonia. Y como han pasado ya más de tres lustros de resistencia y a su vez de impunidad, quiero precisar el contexto y los hechos que hicieron posible la ejecución del Programa Nacional de Planificación Familiar (PNPF, 1990-2000), que operó en su versión más perniciosa durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000).

Ciertamente, la esterilización forzada es el crimen de lesa humanidad más grave que se ha cometido contra nuestra población rural y campesina. Ello será materia de una próxima columna, ya que los argumentos van más allá de las cifras. Como sabemos, gracias al Informe Defensorial Nº 69, un total de 272,028 mujeres y 22,004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000): 81,762 casos en 1996;109,689 en 1997; 25,995 en 1998;  26,788 en 1999; 16,640 en 2000 y 11,154 en 2001. Esto se realizó dentro del marco del conflicto armado interno (CAI, 1980-2000) y según el Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000, se ha probado que entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar, que realizó la esterilización de 314, 605 mujeres y 24,563 varones. Si bien aún no se sabe con exactitud cuántas de estas esterilizaciones masivas fueron forzadas, sabemos que son más de 2,000 las denuncias formales y que ellas siguen aumentando.

De tales cifras contundentes podemos desprender, con certeza, que durante la década de los noventa, el PNPF se aplicó drásticamente contra las mujeres más pobres e indefensas del Perú. Este es el tema de la presente crónica: la discriminación por género en la aplicación del PNPF, en general, y particularmente bajo el PNSRPF. Si la «discriminación por género» implica tratar desfavorablemente a alguien en función de su género, surge la inevitable pregunta: ¿Por qué se esterilizó a 314,605 mujeres y «solamente»a 24,563 varones?

Una vasectomía es una cirugía de menor costo que una operación de ligadura de trompas, tiene menos riesgo operatorio, se lleva a cabo en pocos minutos y se presta a una pronta recuperación. En cambio, una ligadura de trompas implica alto riesgo, mayores cuidados posoperatorios y mayor costo. Por último, un hombre tiene la capacidad biológica, si así lo desea, de engendrar cientos de hijos a lo largo de su vida, en comparación con la capacidad que tiene una mujer. De solo ello se desprende que el PNPF no debió concentrar su aplicación masiva y sistemática sobre la población femenina quechuahablante.

Tanto la vasectomía como la ligadura de trompas, a las que llamaban en ese entonces “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV)”, son procedimientos quirúrgicos irreversibles, más aún en el caso del PNSRPF que, como ya dijimos, se dirigió a la población más pobre del país. Una persona puede volver a tener hijos si se realiza otra operación: en el caso de los hombres, una vasovasostomía o bien una biopsia testicular; y en el caso de las mujeres, una microcirugía de trompas o bien una plastía tubaria. Sin embargo, ambas operaciones son muy costosas y sólo pueden tener buenos resultados si es que tanto la vasectomía como la ligadura de trompas se han realizado bajo procesos rigurosos y con buena recuperación posoperatoria. Sin duda, este no es el caso de las mujeres y hombres que fueron operados sin su consentimiento legítimo ni exámenes médicos previos, con historias clínicas desaparecidas, sin tratamiento posoperatorio; en suma, bajo condiciones muy insalubres. Como dato aparte, hay que tener en cuenta que aún no se sabe a cuántas mujeres «ligaron» y a cuantas «mutilaron» (tal el caso de la señora Victoria Vigo).

Además, debemos tomar en cuenta la información demográfica que arroja el Perfil sociodemográfico del Perú (2008): al momento de implementarse el PNSRPF (1993), el promedio de hijos por mujer fue de 2.2 a nivel nacional, cifra que considera la tasa de sustitución para lograr la relativa estabilidad poblacional. Al contrario, en2007, el promedio de hijos por mujer a nivel nacional fue de 1.7, lo que implica una reducción de 0.5 hijos por mujer; es decir, una cifra que está por debajo del límite idóneo.

Los hombres y mujeres peruanos que fueron esterilizados sin un consentimiento legítimo, fueron torturados y los dejaron sin la posibilidad de generar vida. Sus proyectos de existencia fueron truncados sin más. Si esta realidad social es por cierto dolorosa, pero finalmente ineludible, entonces: ¿qué hemos hecho como Nación para comenzar a compensar lo irreparable?