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Una publicación de la asociación SER

Esterilizaciones forzadas

Entre los años 1996 y 2000, durante el segundo período de gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se implementó en el Perú el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). Podría verse todo normal, si no fuera por las denuncias que se hicieron públicas, debido a la realización de esterilizaciones forzadas a mujeres cuya situación socio económica era muy precaria, de procedencia indígena en su mayoría y carentes del conocimiento de sus derechos. Dicha práctica mostró la repetición de una constante, si la comparamos con lo sufrido por las víctimas del conflicto armado interno: La discriminación y el racismo.

Ni hubo exámenes previos, ni autorización para la ligadura, ni información alguna sobre el procedimiento quirúrgico, sin contar con los efectos desastrosos para la salud que les tocó vivir a miles de mujeres. El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú constituye, sin lugar a dudas, uno de los peores crímenes de lesa humanidad que los gobiernos de turno, desde entonces, se han negado a reconocer.

Justamente sobre este tema se ha publicado recientemente el libro titulado “Memorias del caso peruano de esterilizaciones forzadas”,[1] de Alejandra Ballón, quien viene desarrollando, desde hace varios años, una investigación sobre el tema y, en esta oportunidad, hace, además, una compilación de tres ensayos que dan un panorama muy interesante desde cuatro perspectivas distintas.

El primer documento, de Christina Ewig, hace referencia al vínculo entre economía y género, y lo que nos presenta es cómo Alberto Fujimori antepuso el desarrollo económico al desarrollo humano, a través del control de los nacimientos, implementando para ello el PNSRPF. Se colgó, además, de los discursos feministas sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.  Nada más lejos del respeto a tal derecho fue lo que ejecutó dicho programa.

El Informe Defensorial N° 69[2] hace referencia a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Ellos señalan que, entre 1996 y 2001, se realizaron 272,028 ligaduras de trompas, dentro de los servicios de planificación familiar a lo largo y ancho del país. Muchas mujeres fueron sometidas a estas intervenciones sin su consentimiento y con resultados perjudiciales para su salud y su vida familiar, social y comunitaria. ¿Cómo fue posible semejante delito? Fue llevado a cabo por el cuerpo médico, y justamente bajo el título “Los médicos peruanos y las esterilizaciones forzadas: La historia aún no terminada”, Gonzalo Gianella aborda el eje de la salud pública y la ética médica. Lejos de pedir perdón a las víctimas, los doctores han calificado estos sucesos de inconductas de los profesionales, y no han hecho nada para que se realice una investigación más profunda. Muy por el contrario, muchos de ellos han entorpecido las investigaciones al desaparecer las historias clínicas de las mujeres. La pregunta interesante que hace Gianella es si pudo ser de otra manera, y queda claro que sí. Los médicos y médicas pudieron negarse a realizar intervenciones quirúrgicas que no cumplían con los protocolos correspondientes, pero, muy por el contrario, continuaron con esta práctica. Se plantea así la necesidad de iniciar procesos a los directamente responsables, para que la justicia se abra paso ante la impunidad en la que se encubren muchos profesionales de la salud.

No podía faltar en el texto un eje fundamental, que es el jurídico. “Esterilizaciones forzadas en el Perú: La lucha para la justicia y contra el silencio” es el título del tercer ensayo, elaborado por Gabriella Citroni, quien hace una exhaustiva fundamentación de porqué estos casos deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, haciendo referencia a los tratados internacionales y a la legislación nacional. Salvo el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues producto de la intervención quirúrgica a la que fue sometida de manera forzada, la mujer perdió la vida, no existe ninguna investigación abierta sobre las muchas otras historias. Nuestro sistema judicial se ha negado a hacer indagaciones al respecto, y se ha limitado a archivar, una y otra vez, las denuncias realizadas por diversos organismos de derechos humanos. También este ensayo hace referencia a la omisión de estos casos en el Informe Final de la CVR, motivo por el cual las víctimas no han sido incorporadas en el Registro Único de Víctimas y, por consiguiente, mucho menos en el Programa Integral de Reparaciones.

Dos cosas relevantes deja el libro: En primer lugar, los testimonios de las mujeres afectadas de Piura, Ayacucho y Lima, así como del personal médico y de representantes de instituciones de derechos humanos, por si aún a alguien le cabe duda de las violaciones a los mismos a los que fueron sometidas miles de mujeres. En segundo lugar, es el archivo virtual del PNSRPF[3], que la autora pone a disposición, después de tres años de recopilaciones de diversos informes, documentos, investigaciones y registros fotográficos sobre el tema, labor que actualmente es alimentada por diversas instituciones.

No podemos dejar de mencionar, en tal sentido, que actualmente existe un grupo de trabajo conformado por diversas instituciones y personas, entre ellas DEMUS, IDL, SER, CNDDHH, la abogada Ana María Vidal, la parlamentaria andina Hilaria Supa, entre otras, que se viene reuniendo con autoridades y representantes del Ministerio de la Mujer y diversas municipalidades, para promover el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas y la creación del Programa Integral de Reparaciones. Estas mujeres, que después de 18 años siguen clamando por verdad, justicia y reparación, no pueden seguir esperando, y desde estas líneas, hacemos un llamado a los gobiernos regionales, apelando a su voluntad política y a su compromiso con la ciudadanía en cuyo nombre gobiernan, para que hagan efectivo el clamor y las demandas de las víctimas, creando tal registro y el Programa de Reparaciones Regionales.

Que haya una justicia, porque somos personas, somos seres queridos, somos personas de provincia, lo que no quiere decir que no valemos nada[4]. Testimonios como este, de Hilda Pérez Vargas, de Ayacucho, impide que continuemos siendo indiferentes y nos interpela para actuar y apoyar en su justa lucha a las víctimas. Hacerlo es, al mismo tiempo, un intento más por acabar con todo tipo de discriminación y racismo en el Perú.

 


[1] Ballón, Alejandra (2014): Memorias del caso peruano de esterilización forzada, Lima, Biblioteca Nacional del Perú, Colección Palabras del Mudo.

[2] Defensoría del Pueblo (2002): Informe Defensorial N° 69. La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II. Revisar en http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_69.pdf

[3] Revisar: http://1996pnsrpf2000.wordpress.com/

[4] Tomado de: Ballón, Alejandra (2014): Memorias del caso peruano de esterilización forzada, Lima, Biblioteca nacional del Perú, pág. 277.