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Una publicación de la asociación SER
Sandra Miranda

Envejecer en el Perú

En medio de una de las mayores crisis del sistema de justicia de los últimos años, es rescatable que el Ejecutivo no reemplace lo urgente por lo importante. Así, sin dejar de afrontar la problemática actual, el Presidente ha tomado acciones concretas hacia los adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables y olvidadas por la clase política.

Siendo que los interminables procesos judiciales que se inician contra el Estado requieren voluntad política, resulta relevante que se haya dado un plazo de 15 días a la Oficina de Normalización Provisional (ONP) para que presente un plan de descarga procesal, a fin de que los jubilados puedan acceder a la pensión que les corresponde, pero sin que dicho tránsito represente para ellos/as lo que hoy ya representa: daño a su salud, deterioro emocional, precarización económica y mayor dependencia.

A la cadena de injusticias de la que somos espectadores, habría que añadirle la trágica situación de los jubilados en el Perú, quienes hipotecan su salud emocional en procesos judiciales larguísimos que son dolosamente dilatados por el Estado; procesos que han sabido terminar antes con su propia vida, que con la pensión anhelada. Es una realidad que avergüenza. Por ello, resulta groseramente simbólico que la ONP gaste un promedio de 16 millones de soles al año solo en asistencia jurídica y técnica (es decir, en abogados y estudios de abogados) para litigios con jubilados. ¿Realmente estamos ante controversias jurídicas tales que requieren ese nivel de gasto y esfuerzo?

De acuerdo al portal de Consulta Amigable del MEF, en el 2012 se gastó 22 millones de soles en ese rubro y en lo que va de este año ya se ha gastado cerca de 8 millones. Aquí cabe preguntarse, más allá de la defensa técnica, ¿qué tan ético resulta alargar procesos judiciales en donde los demandantes son mayores de 65 años? ¿Estamos ante situaciones de aprovechamiento indebido que deben defenderse con todas las armas jurídicas o, por el contrario, ante casos de justo derecho?

Veamos. La mayoría de juicios se inician porque a los jubilados no se les reconoce su tiempo de aportación. Sin embargo, estamos hablando de gente que ha trabajado más de 30 años, por lo tanto, la carga de la prueba está invertida. Esta situación se viene advirtiendo desde hace más de diez años, puesto que el afiliado no tiene control alguno sobre la custodia de las planillas de pago, ni recibe reportes sobre los aportes retenidos que han sido pagados al recaudador previsional. Y este no es el único problema, en su momento se alertó sobre la escasa motivación de las resoluciones denegatorias lo cual vulnera su derecho a la defensa y la inaplicación de criterios vinculantes que había establecido el propio Tribunal Constitucional

Pero judicializar estos casos tampoco ha sido la solución. Si bien han utilizado vías en teoría expeditivas, las fallas estructurales del sistema de justicia lo único que han logrado es alargar este vía crucis.  

En 2015, la Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre el proceso de amparo en el distrito judicial de Lima y se llevó con la alarmante realidad que las personas adultas mayores eran las que más acudían a este proceso para que se garantice su derecho a la pensión. El 76% de los demandantes eran de género masculino y un 51% de género femenino. De este último grupo, el 42% tenía entre 60 y 69 años; el 39%, entre 70 y 79 años; y el 16%, entre 80 y 89 años. La edad promedio de los demandantes varones contra la ONP fue de 71 años, solo un año menos que la esperanza de vida para este género, según el INEI. Y bueno, de esta supervisión se recoge que el 29 % de demandas son dirigidas a la ONP, la entidad del Estado más demandada.

Esta situación demuestra no solo una desatención por parte del Estado, sino una mirada contemplativa al proceso de envejecimiento en el Perú. Tratan al adulto mayor como una persona que está viviendo una etapa transitoria. No es así. La etapa adulta tiene independencia y vale por sí sola, por lo que requiere ser vivida con dignidad y con respeto. En ese sentido, los derechos deben estar garantizados de forma diferenciada, atendiendo a sus necesidades y características, lo cual implica, entre otros derechos, un oportuno y adecuado acceso a la justicia.

Permitir que se sigan sometiendo a situaciones de indignidad para hacer efectivo un derecho por el que han aportado toda su vida, nos distancia y quizás nos aleje para siempre de cualquier sociedad desarrollada y justa. Los tomadores de decisiones deben simplificar los trámites administrativos y los canales judiciales de manera urgente. Y, ciertamente, los estudios de abogados que les defiendan, deberían aprender que cuando la razón no está de su lado, allanándose también se gana.

vejez