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Una publicación de la asociación SER

El Sinagerd y los gobiernos locales

"La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, de defensa nacional y territorial de manera sostenible”.

Bajo esta premisa, la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) fue incorporada como política de estado con la Política Nº 32 del Acuerdo Nacional. Y en el marco de la misma, en el año 2011, se promulga la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

En este sentido, la GRD, a través del Sinagerd, se integra con todas las políticas del desarrollo nacional, articulándose principalmente con las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo económico, proyectos de inversión pública, gestión ambiental y, sobre todo, con la planificación del desarrollo que se hace a nivel nacional, regional y local.

La GRD en los Gobiernos Locales

En el año 2001, una de las principales decisiones del gobierno de transición de Valentín Paniagua fue sentar las bases del proceso de descentralización, con lo cual se inicio el debate para la reforma constitucional, donde uno de los temas más discutidos fue del Capítulo XIV de la Constitución. Formalmente, el proceso  comenzó el año 2002, proceso en el cual se crearon las regiones y se dieron normas como la Ley de Bases de la Descentralización, que establecía el marco general para dar inicio al proceso de transferencia de funciones. Este se inició en el año 2004.

Entre las funciones ya transferidas a los gobiernos regionales y locales, podemos señalar las correspondientes al Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil), el cual aborda principalmente labores referidas a los procesos de respuesta y rehabilitación.

En el 2011 se aprueba la Ley Nº 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), y su respectivo reglamento por el D.S. 048-2011-PCM, el cual asigna a los alcaldes la máxima responsabilidad y también sanciones en materia de la GRD en su respectiva jurisdicción.

El aspecto fundamental de esta ley es que incorpora la gestión de riesgo desde la perspectiva de la planificación y del desarrollo, poniendo especial énfasis en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo. Desde esta perspectiva, y bajo la ley del Sinagerd, los gobiernos locales deben incorporar en sus respectivas actividades de planificación el enfoque de GRD. Sin embargo, este proceso se ve confrontado con las siguientes circunstancias:

• La existencia de una visión y cultura de ‘inevitabilidad’ de los desastres que no permite incorporar adecuadamente a la GRD en la planificación participativa del gobierno local.

• Las desigualdades y heterogeneidad de los municipios: Según el D.S 090-2011-PCM, de los 1,840 municipalidades distritales/provinciales que hay en el país, 1,303 municipios son rurales. Donde las desigualdades y heterogeneidad, sumados a las escasas capacidades técnicas/políticas de sus funcionarios, el poco presupuesto para recursos materiales y/o logísticos con los que cuentan, aumentan el impacto de los desastres naturales y las vulnerabilidades que los acompañan.

• La complejidad de los lineamientos nacionales y la falta de concordancia entre las leyes, que orientan la gestión local desde la perspectiva de la GRD, para que delimiten con claridad las funciones y competencias de los gobiernos locales. Aquí resulta importante señalar la necesidad de adecuar y concordar la Ley del Sinagerd y la  Ley Orgánica de Municipalidades para pasar a implementar experiencias exitosas.

Finalmente, un problema adicional es el poco, escaso o nulo conocimiento de la GRD entre las autoridades, funcionarios, trabajadores, profesionales y pobladores, lo cual obliga a invertir muchos esfuerzos para capacitar y dar a conocer los conceptos y alcances de la normatividad en el tema.