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Una publicación de la asociación SER

El Post-CVR en Apurímac

Diez años después de entregado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR) y sus recomendaciones, el balance de su implementación depende del cristal con que se mire y evalúe. Mientras para algunos sectores, sobre todo estatales, el balance se muestra positivo y optimista por la inversión presupuestal -388 millones a nivel nacional-, desde la orilla del grueso de las víctimas y sus familiares, el balance es mayoritariamente contrario, es decir, poco alentador.

Esta valoración no solo obedece al nulo avance del Estado central y regional en materia de judicialización a violadores de derechos humanos -Apurímac no tiene ninguna sentencia contra algún perpetrador de derechos humanos y menos cuenta con una Fiscalía especializada en la materia-, sino también al reciente y escaso avance en torno a la búsqueda de desaparecidos –apenas 59 restos han sido exhumados y entregados a sus familiares de un total  de 418 desaparecidos según el registro de víctimas. No obstante, es importante señalar que la Fiscalía ya cuenta con un Plan de Intervención Forense desde el 2012, en el cual se identificaron 44 lugares de entierro, ojalá, próximos a exhumar.

Pero esta valoración también se extiende al tema de las reparaciones. Si bien en la implementación de esta recomendación se desarrollaron mayores esfuerzos a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), cuantitativa y presupuestalmente hablando –del total de las 446 comunidades inscritas se han reparado a 229 con 100 mil soles y a 1,558 económicamente-, la valoración cualitativa, es decir su impacto y efecto reparador tiene un déficit sustancial. Dado que no hay un estudio particular y menos una estrategia de seguimiento y monitoreo de la propia CMAN respecto a este proceso, lo que uno pueda inferir de las opiniones de los beneficiarios de los Programas de Reparaciones Colectivas y Económicas Individuales, es una valoración matizada en la cual si bien hay quienes en efecto se sienten reparados, existe una gran mayoría que no lo percibe como tal.

Esto no puede ser de otro modo si consideramos que con las reparaciones colectivas, muchas de ellas implementadas en el gobierno aprista, se han construido obras comunales inservibles que no viene siendo utilizados como sucede con la posta médica de Tanta, el sistema de riego por aspersión de Llinqui y muchas otras en la región. Lo propio sucede con las reparaciones individuales. Si bien existen casos en que los beneficiarios reciben los 10 mil soles íntegros como es el caso de las víctimas de violación sexual o de lesiones graves, también hay casos dramáticos, sobre todo en los casos de fallecimiento y desaparición, en las cuales los 10 mil soles es divido entre la conyugue o esposa y el número total de hijos. Así, existen casos en las que los 5 mil soles restantes se divide, a veces entre 2 y en otros casos hasta entre 8 ó 9 hijos, recibiendo un promedio de 550 soles por la muerte del padre o madre según sea el caso. Las condiciones de precariedad producidas por los daños y secuelas de la violencia sumada a la extrema pobreza obligan a los beneficiarios a recibir los montos, con las cuales, incluso, sobre todo las mujeres, se ven solo posibilitadas a comprar alimentos de primera necesidad (azúcar, arroz, fideos), invertir en su salud, la educación de sus hijos, o incluso en costear los pasajes para la marcha nacional de afectados de este 28 de agosto. 

En el resto de programas el avance, diez años después, es enormemente precario. Más allá de que tal o cual gobierno pueda señalar argumentos en la defensa de su trabajo en esta materia, lo cierto es que el Estado no ha tenido la voluntad manifiesta de dignificar a las víctimas a través de un serio y responsable Plan Integral de Reparaciones que cuente, incluso, con presupuesto especifico desde el MEF. Más aún, resulta penoso que al no mostrar interés por definir una política de reparaciones integral, el Estado haya buscado atender este derecho a través de los programas sociales de lucha contra la pobreza en el cual el enfoque de reparaciones perdió especificidad. Esto no necesariamente sería malo si desde un primer momento se hubiera pensado responsablemente en articular y, diferenciar a la vez, el enfoque de pobreza con el de reparación. Al no hacerlo, programas como el SIS o Repared, más allá de que en teoría puedan plantearse como medidas reparativas, no vienen siendo percibidas como tales por la mayoría de los beneficiarios.

Ciertamente, la implementación de estas políticas obedece a lo definido en Lima. Sin embargo, en Apurímac el Estado también tiene esta responsabilidad según la Ley 28592. Ningún gobierno de los tres que han pasado (UPP con Rosa Suarez; Llapanchiq con David Salazar; y Poder Popular Andino con Elías Segovia) han puesto como una de sus prioridades centrales trabajar las recomendaciones de la CVR. Sin embargo, vale resaltar que los dos primeros han mostrado apertura a esta agenda. De hecho, fueron coparticipes de avances sustantivos, sobre todo en materia de reparaciones. Con UPP, por ejemplo, se creó la Comisión Multisectorial Regional de Apurímac (CMR-A) que es el equivalente a la CMAN y cuya función es trabajar propuestas de políticas en materia de las recomendaciones y desde el cual se han posibilitado diversos logros en los años siguientes. Así, se posibilito además, la elaboración, aprobación y asignación de recursos, vía presupuesto participativo, para el proyecto que permitió trabajar el Registro Único de Victimas de Apurímac.

Con Llapanchiq (2006-2010) se mantuvo la apertura a la agenda. No solo se implementó el proyecto del RUV que permitió inscribir a la gran mayoría de víctimas de la región y que dejó instalada la oficina de registro dentro del gobierno regional, sino también se trabajo la formulación de un nuevo proyecto de reparaciones en Salud Mental y Desarrollo de Capacidades Productivas y se empezó a trabajar la formulación del Programa Multianual Integral de Reparaciones de Apurímac (PMIRA). Además, se trabajó en varias otras iniciativas pequeñas pero importantes como por ejemplo en la construcción del Mausoleo o “lugar de entierro” en el cementerio de Abancay para las víctimas de la violencia exhumadas o en la coorganización del II Congreso Nacional de las organizaciones de víctimas articuladas en la Conavip. 

Sin embargo, estos avances sufrieron un brusco estancamiento en el actual gobierno regional de Elías Segovia (2011-2013). Tanto el proyecto de Salud Mental y de Desarrollo de Productivo y el PMIRA no fueron apoyados pese a haber suscrito un acta de compromiso cuando Segovia era candidato al sillón presidencial. Es lamentable pero necesario señalar que la nula voluntad política del actual gobierno no se limita a la implementación de la agenda CVR, sino a otros temas vinculados a la defensa y promoción de los derechos, como por ejemplo, en este nuevo contexto de boom minero, a los derechos vulnerados de las comunidades frente a las actividades mineras. En todo caso la agenda CVR, o parte de ella, es tomada en cuenta solamente en determinadas coyunturas como por ejemplo en los paros del magisterio que involucraron al Movadef. La visión de desarrollo economicista y de infraestructura así como su pasado fujimorista explican, en parte, la postura del presidente frente a la agenda de los derechos humanos. Más aún, manifiesta una posición muy crítica y generalizada a la labor de las ONGs como “negociadores de la pobreza”, tal como lo señalo en la audiencia pública regional de diciembre del 2012.

De otro lado, como en otras regiones del Perú, esta tendencia de indiferencia de los gobiernos regionales se contrapesó con los esfuerzos hechos desde el pueblo o sociedad civil apurimeña. Si bien el balance y compromisos desde este sector también se muestra matizado por su diversa composición, y más aún en un nuevo escenario en el que los impactos del boom minero y los conflictos viene ocupando un lugar central en el imaginario social, es importante resaltar los esfuerzos que se impulsan desde algunas comunidades campesinas, organizaciones e incluso personas vinculadas a los sectores de perpetradores.

Así, mientras en el sector económicamente acomodado de Abancay esta agenda nunca cobró fuerza, y relativa importancia en los sectores populares de desplazados, en muchas comunidades campesinas sucede lo contrario. No en el sentido de que la agenda CVR se reivindica organizadamente y mucho menos en los espacios públicos, sino como secuelas presentes de la guerra que siguen determinando la vida cotidiana comunal y que necesitan ser atendidos. Por ejemplo, con el programa de reparaciones económicas individuales, viejos problemas entre ‘enemigos íntimos’ debido a su involucramiento forzado o consciente con Sendero Luminoso, se vuelven a activar al punto de llegar a descalificaciones de quien merece o no tales reparaciones. O cuando las detenciones de comuneros requisitoriados por la Policía Nacional generan un clima de temor y desconfianza en la comunidad.

Pero en las comunidades también se vienen desarrollando lentos pero importantes procesos de autocrítica que involucran a miembros del sector de perpetradores como son ex senderistas campesinos y a ex soldados de tropa. En ellos se puede notar un complejo proceso, con idas y vueltas, de aprendizajes y evaluaciones de su rol en la guerra. Tal es el caso de Francisco, un ex senderista que después de la violencia desarrolló su proceso de autocrítica y arrepentimiento que no se observa a la fecha en ningún cuadro medio o alto de la jerarquía senderista hoy en prisión. Lo propio sucede con Marco quien después de haber  hecho su Servicio Militar y haber sido actor de represalias contra la población campesina, hoy hace un balance autocrítico en el cual señala “que no debimos actuar así”. Ciertamente, ambos inicialmente mantuvieron una postura adversa frente al Informe Final pues como señalaron, “la CVR buscaba juzgarnos”. Sin embargo, ello no impidió a lo largo de los años de post-violencia desarrollar su propio proceso de auscultamiento y verdad individual, al punto de que su valoración frente al Informe Final si bien no es aplaudida, tampoco es rechazada como al inicio. “Hemos aprendido”, concluyen.

De este modo, si por un lado diez años después observamos que las recomendaciones de la CVR no fueron implementadas con responsabilidad por el Estado y los varios gobiernos, podemos constatar sin embargo no solo la tenacidad de las organizaciones de víctimas para seguir exigiéndolas, sino también algunos esfuerzos valiosos que vienen desarrollándose en los ex actores armados como los descritos y, ojalá, posibilitando nuevas percepciones y valoraciones que permitan afirmar la democracia y su ciudadanía. Aún cuando todavía queda mucho por recorrer, consideramos que es este tipo de apuestas las que en el fondo buscó animar la CVR con su Informe Final. Es decir, no solo apostar por reparaciones y justicia, sobre las cuales esperemos las autoridades estatales hagan un punto de quiebre al respecto, sino también posibilitar un mecanismo que nos permita interpelarnos individual y colectivamente para buscar forjar mayores sentidos de pertenencia a nuestra comunidad nacional que hoy, después de lo vivido, sigue manifestando situaciones de exclusión, discriminación y racismo vergonzosos. No entender esta apuesta se explicaría solo por una burda miopía o por la aún vigencia del desprecio frente a la vida de los insignificantes, ninguneados del país. Como dijo una comunera de Curahuasi: “No queremos solo pastillas para curarnos [aludiendo a las reparaciones y a la justicia], queremos una operación para sanarnos [aludiendo a las necesarias pero postergadas  transformaciones que nuestro país requiere]”.