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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

El narcotráfico en democracia

Los últimos tres presidentes democráticos del Perú (2001/2015) han tenido que enfrentar el resurgimiento y la transformación del narcotráfico nacional, en medio de dos problemas:

i)               La absoluta debilidad del Estado peruano, sus instituciones y la sociedad en su conjunto, para comprender, abordar y transformar este problema global; y

ii)             Las profundas vulnerabilidad, dependencia y contradicciones que hay en materia de política pública.

Ninguno ha conseguido éxitos visibles. En la primera década del siglo XXI, vimos cómo la cadena de la producción coca/cocaína volvía al Perú, y el surgimiento de una criminalidad peruana, que se apropió de los eslabones que funcionan en territorio peruano: El cultivo, la cosecha de coca, la transformación en pasta, el acopio, el transporte y el almacenamiento previo a la exportación, en la costa o en las fronteras. Hasta aquí, en el Perú, se monetiza entre 1,200 y 1,500 millones de dólares anuales. Es en esta última fase, cuando las organizaciones mexicanas, colombianas, brasileñas, bolivianas y de otras nacionalidades intervienen, generando el segmento internacional que produce la mayor cantidad de dinero proveniente del narcotráfico.

Los tres gobiernos han sido incapaces de zafarse de la profunda dependencia conceptual, económica, política con los EE.UU. Por ejemplo, desde el 2001 hasta el 2004, Toledo amarró el TLC a los logros en materia de interdicción antidrogas, sin entender ni poner sobre la mesa, las profundas relaciones entre términos de intercambio, comercio internacional, el precio de la coca ilegal y los límites del Desarrollo Alternativo. En este sentido, el “Modelo San Martín” es la mezcla de una serie de factores, ninguno de los cuales garantiza el desarrollo sostenible de una zona cocalera, pues esta sigue dependiendo de factores externos, como el precio y la oferta mundial del cacao. Por el contrario, los tres mandatarios han apostado por el monocultivo en la Selva Alta, por la concentración de tierras, por los bio combustibles y los megaproyectos.   

Por su parte, García cometió un conjunto de errores garrafales en la conducción, llevando la política a las peores contradicciones, donde ineficiencia y corrupción se mezclaron. Ninguno de sus dos Planes VRAE (2006 y 2009) fue productivo, sino esencialmente militarista y represivo, llevando al crecimiento geográfico del VRAE al VRAEM. En el camino, los cultivos y la producción se elevaron, llevando al Perú a la situación de primer productor mundial de coca y de PBC, que es como recibió el país, el Humala de la “Gran Transformación”. En el campo de la salud mental, García dejó como regalo, la Ley 29765, que cayó en manos de agentes privados, por fuera del control del Ministerio de Salud, lo que ocasionó el caos actual: De 450 comunidades, solo seis están registradas.

Luego de un corto período de revisión e intentos de reforma (agosto 2011-enero 2012), Humala y la primera dama, Nadine Heredia, mansamente se estacionaron y siguieron haciendo más de lo mismo: Depender de la erradicación de áreas a cargo del CORAH, cuando está demostrado hasta la saciedad que este no es un factor determinante. DEVIDA dice que en el 2014 se erradicaron 31 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, y que en el 2015 se erradicarán otras 35,000 mil. Se trata, en realidad, de un vano ejercicio de influencia sobre una economía que se basa en la ilegalidad, la alta tecnología agrícola y la productividad, por planta y por hectárea. En resumen, una hectárea de coca puede tener una o 25 mil plantas. Por ello no se puede contabilizar las áreas erradicadas. En los últimos Informes de Monitoreo de UNODC (2013) ya no aparecen datos sobre la cocaína que se produce en el Perú, porque así lo exigen las autoridades nacionales. Por otro lado, en ese mismo reporte, se dice que los precios de la hoja de coca, de pasta base (bruta y lavada) y de cocaína han aumentado, ocasionando el efecto adverso de lo que se quiere. 

¿Cuáles son los principales problemas que deberá afrontar el próximo gobierno? Aunque son muchos, solo menciono dos:

Primero: Desmadejar el embrollo del ineficiente monopolio de ENACO, que ningunea a los productores que vienen pidiendo la actualización del registro de 1978, y así llevar el desarrollo sostenible a las zonas cocaleras, potenciando el ingreso a ellas del Estado de Derecho y no solo de programas asistencialistas.

Segundo: Hacer que la ley y los procedimientos se cumplan, priorizando la eficiencia, la oportunidad y la proporcionalidad (dejar de detener, en más del 60% de los casos, a usuarios, mientras se permite la corruptela policial a nivel de las comisarías). Las mismas contradicciones ocurren en el tema del lavado de activos (los informes de la UIF no son vinculantes para el juez y se mantiene una profunda descoordinación entre sectores).