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Una publicación de la asociación SER

El ministro Adrianzén y las reparaciones

Un evento y un desencuentro

El pasado 25 de junio, el Congreso volvió a ser escenario para escuchar a las víctimas de la violencia política demandando un mayor avance en el otorgamiento de las reparaciones. La reunión fue convocada por la congresista Marisol Pérez Tello, el Movimiento Ciudadano “Para que no se repita” y varias organizaciones de afectados.

Destacó la presencia de Gustavo Adrianzén, ministro de Justicia y Derechos Humanos, hecho inusual en reuniones con víctimas. En esta oportunidad, fue eficaz la labor previa de convencimiento de la congresista. En su intervención, el ministro formuló cuatro compromisos. Tres de ellos fueron anuncios sobre modificaciones normativas para permitir: (i) la posibilidad de ceder el derecho a la reparación en educación a un familiar, (ii) el pago de una indemnización por cada afectación, y (iii) abrir el plazo para la identificación de beneficiarios de reparaciones económicas. El cuarto anuncio fue que se impulsará una política de búsqueda de personas desaparecidas. Adrianzén, además de solidarizarse con las víctimas, les pidió “paciencia y tolerancia” y que le ayudaran a hacer su trabajo de la mejor forma posible.

Terminada su presentación, el ministro se despidió. Mientras salía del recinto, las víctimas mostraron carteles demandando la aprobación del programa de búsqueda de desaparecidos. Al mismo tiempo, Felimón Salvatierra, joven dirigente ayacuchano, encaró en el pasillo al titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, señalándole que no había expresado nada concreto y que las víctimas pedían definiciones. Adrianzén, visiblemente contrariado y con voz destemplada, salió reiterando su pedido de que lo ayuden a trabajar. En intervenciones posteriores, diversos representantes de organizaciones de víctimas reiteraron que, una vez más, las autoridades habían llegado con ofrecimientos, no con resultados.

Razones del desencuentro

Si la presencia y los anuncios del ministro Adrianzén en este foro pueden valorarse positivamente, ¿por qué esta fricción con las víctimas? Desde una perspectiva más amplia, si algunos avances en reparaciones pueden considerarse positivos (reparaciones económicas pagadas, cobertura del Seguro Integral de Salud, beneficios otorgados por Beca 18 o lo que se ha podido concretar en reparaciones colectivas), ¿por qué las víctimas siguen demandando un mayor compromiso estatal con las reparaciones? Es claro que algo no fluye en la relación del Estado con las personas afectada, quienes ven estos esfuerzos como insuficientes. ¿Cómo explicar este desencuentro?

Lo primero por decir es que el ministro no se inventó nada nuevo. Sus ofrecimientos copian exactamente algunas demandas (no todas) que las víctimas vienen formulando desde hace varios años. Pese al tiempo transcurrido, el funcionario solo llegó a informar de proyectos en curso o estudios encargados, pero sin ninguna definición. La congresista Pérez Tello se comprometió a hacer seguimiento a estos ofrecimientos. Mientras tanto, las víctimas tendrán que esperar – una vez más – una respuesta del Estado que parece no llegar nunca.

Es esa falta de concreción la que transmite un mensaje distinto al que se enuncia. Allí donde el ministro afirma compromiso con hechos que están por venir, las víctimas entienden que se trata de nuevas promesas, sin garantía alguna de cumplimiento. Y, por eso, el pedido de paciencia del Adrianzén no es sino el eco de promesas similares escuchadas en el pasado. ¿Por qué confiar que esta vez sí se cumplirá con lo ofrecido?

Las autoridades parecen olvidar que en los procesos de reparación no solo importa qué brinda el Estado (indemnizaciones, servicios de salud o becas), sino que es igualmente importante cómo se entregan estos beneficios (1). Esta afirmación se basa en dos constataciones.

Primero: La resistencia a modelar las reparaciones dialogando con las expectativas y propuestas de las víctimas. Sucesivos gobiernos se han mostrado renuentes a incorporar las modificaciones a los programas de reparación solicitadas por ellas, asumiendo, de este modo, una concepción según la cual las víctimas son receptoras pasivas de las medidas definidas por el Estado. Nada más ajeno a un proceso de reparación que cobra pleno sentido cuando las víctimas intervienen en la definición de la reparación que recibirán. Por eso, cuando el ministro Adrianzén formula los compromisos antes reseñados está aceptando – con mucha tardanza – que los afectados, como ya lo venían exigiendo, pueden ser parte activa del proceso.

Segundo: el tiempo transcurrido sin respuesta. No solo hay victimización cuando ocurren los hechos, sino también cuando la institucionalidad no reconoce el sufrimiento ni atiende las vulneraciones. Ambos tiempos son distintos y ambos causan daño (1). Por eso, al seguir escuchando solo ofrecimientos, se mantiene el perjuicio ocasionado a las víctimas.

Ambas razones explican por qué los avances y las acciones realizadas por el Estado no calan en las víctimas. A ello puede añadirse una tercera razón: Funcionarios que se distancian de las víctimas. En el evento mencionado, luego de la partida del ministro, los funcionarios de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) presentes se retiraron sin escuchar los planteamientos de los dirigentes, sin tomar nota de sus demandas, sin acercarse a dialogar. Parecía que les bastaba haber sido vistos por el ministro y que no consideraban necesario ponerse al servicio de las víctimas. Con actitudes así, los ofrecimientos no ayudarán a cerrar este desencuentro entre ellas y el Estado.

 

(1)  Rebolledo, Olga y Rondón, Lina. “Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación”. Revista de Estudios Sociales, No. 36, pp. 40-50. Agosto 2010.