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Una publicación de la asociación SER
Abogada titulada por la PUCP. Fue Coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal – IDL. Actualmente, es Coordinadora del área Estado de Derecho de la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) de México.

Defensoría: ¡No vamos a voltear la página!

Luego de veinte años de labores de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho se ha convertido por obra del fujimorismo, el aprismo, Acción Popular y muchos de PPK, en su nuevo titular. Y lo ha conseguido luego de intentos infructuosos y hasta vergonzosos (no se olvida la trifulca en el Congreso del 2011, presidido por Zumaeta quien tenía como vicepresidente a Aguinaga). La Defensoría, qué duda cabe, pierde con él. Porque no era el mejor candidato (Samuel Abad lo hubiera desplazado con la contundente exposición de conocimiento y planeamiento que tenía sobre la Defensoría). Y esto se dice por varias razones.

No es especialista en la materia requerida, según se conoce nunca estuvo en el sector público al que ahora deberá supervisar, y su trabajo como abogado independiente se inclina a lo civil y a la materia de consumidores (algo que resultaría incompatible con, según se sabe, dos sanciones que su empresa tuvo por parte de Indecopi en los años 2007 y 2011). Su paso por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima dejó más dudas que méritos: en un comunicado de la Junta de Vigilancia del gremio en el 2009 se le reclamaba por presuntamente ser poco transparente en materias relacionadas a la inversión de la institución o la dación de cuentas. Además, se le cuestiona por crear el “Colegio de Abogados del Perú” cuya legalidad es puesta en entredicho.

También se le criticó por no pronunciarse oportunamente, como Decano del CAL, frente al cambio normativo que en los hechos le quitaba el voto a los profesionales no abogados para elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura (un cambio que tuvo de por medio una iniciativa aprista). Luego, tampoco terminó pronunciándose sobre el conflicto de Bagua, porque renunció al encargo encomendado por el gobierno en el que ocurrió la masacre. Dos casos en los que la Defensoría del Pueblo, que ahora representa, ha estado más que activa.

¿Explicó Gutiérrez qué pasó en estos casos, para que se pueda tener confianza en él, para que represente una garantía, y sea elegido razonablemente como Defensor del Pueblo? Su elección, a todas luces inconveniente frente a otras opciones, es producto de la aplastante mayoría fujimorista, su sorpresiva propuesta particular por parte Víctor Andrés García Belaunde (que luego Acción Popular hace suya), los votos del Apra (la evidente alianza), y algunos votos muy cuestionables de la bancada de PPK.

¿Es esta la estrategia de “los naranjas” en el Congreso para hacer lo que deseen, sin transparencia ni debate de por medio, vaciando de contenido la naturaleza del Parlamento? El asunto es grave pero hay que ver lo que se viene: la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional y las reformas constitucionales. La Comisión de Constitución y Reglamento la dirige Miguel Torres, hijo de Carlos Torres y Torres Lara, a donde irá a parar la posible propuesta legislativa (como alerta Rosa María Palacios) para que en una elección presidencial gane en primera vuelta quien saque el 40% de los votos. ¿Alguien pensó en la cercanía del porcentaje que sacó Keiko Fujimori?

Es imposible no recordar que su nombramiento se da de la mano de Luz Salgado, la congresista que escuchó y asintió al plan de Vladimiro Montesinos en el SIN (2001), junto con la bancada fujimorista de entonces. “¿Qué pasa en ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso, qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en contra de esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo?” “– ¡Nos matan!. La idea: quitarle las garras a las instituciones del sistema de justicia para que no actúen. Y eso puede lograrse no solo con un golpe de Estado, sino también, con la elección de autoridades que no hagan bien su trabajo.

A pesar de todo, los funcionarios y los ciudadanos no debemos bajar los brazos.

Hemos de emprender otra estrategia con la Defensoría, una institución que en sus limitaciones (el presupuesto por ejemplo) y con la sana crítica que cabe, ha sido la que le ha hecho “el pare” al Estado muchas veces (congresistas incluidos) en pro de los derechos. Su mejor defensa será hoy más que nunca nuestra fiscalización. Y esto está en manos de los congresistas que no votaron por Gutiérrez y que sin duda lo llamarán cada vez que sea necesario, o cada vez que deba actuar y no lo haga. Y también de las organizaciones de la sociedad civil. Se debe hacer el pedido de información que Gutiérrez está obligado a entregar: a quiénes va a contratar en cada una de las regiones del país, qué trayectoria tienen, con quiénes están relacionados, qué personas serán de su confianza, qué hará en los siguientes 30 días, qué personas salen a cambio de las que entran, el patrimonio con el que entra al cargo, quiénes son los que a lo largo de estos años han trabajado en Gaceta Jurídica, quiénes han sido sus patrocinados. Esto debe saber y ya.

Y sobre todo, qué va a hacer en dos casos clave: la implementación de la Ley de Búsqueda de Desaparecidos de la época de la violencia (¿que impulsará el fujimorismo?), y el proyecto de ley que busca recortar el derecho a la consulta previa que propone, ¡oh sorpresa!, la congresista Letona de la bancada que le acaba de dar 73 votos en una.

Su título de Defensor dependerá de todo eso. Ya una vez la población defendió a la Defensoría de la repartija, y podría hacerlo ante hechos que perjudiquen la forma como ha actuado en estos 20 años. Más aún, luego de esta elección que más ha parecido una imposición.

No vamos a voltear la página.