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Una publicación de la asociación SER

Dakar: ¿Interés nacional?

El denominado Rally Dakar puede ser percibido como un deporte, como  recreación de aventura, o como una promoción turística, pero principalmente es una empresa que genera importantes réditos a sus organizadores y promotores, quienes han negociado su realización en diversos países, en 37 ocasiones, 8 de ellas en Sudamérica.

Es evidente que resulta un gran atractivo observar una competencia de vehículos a todo camino, que surca las geografías más complicadas y desafiantes y que comprende desde ecosistemas de desierto hasta montañas cordilleranas, probando las fortalezas, resistencias y destrezas de los conductores y conductoras de diversos medios de transporte, que vienen de muchas partes del mundo. Se trata de un desplazamiento de miles de personas, que supuestamente incrementa el turismo y los beneficios que esa actividad genera, así como un mayor conocimiento de las potenciales riquezas naturales y culturales que puede generar nuevas visitas turísticas. Si eso fuera todo sería suficiente y reconfortante, más aún si proporciona ingresos a los países anfitriones, tema que debiera ser más discutido por los desiguales resultados obtenidos en cuanto a beneficios económicos en cada evento del Dakar realizado (tasa de retorno de la inversión), además de los otros factores de impacto ambiental y cultural que pasamos a considerar.

El primero es el de los riesgos de erosionar paisajes naturales y culturales. En Bolivia, por ejemplo, se destacó los potenciales peligros sobre el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, que constituye un recurso turístico importante para ese país. Riesgos similares pueden darse sobre el patrimonio arqueológico como lo ha advertido la UNESCO, en el caso de Chile en el año 2011, el Senado de ese país, informó sobre los graves daños generados sobre 283 sitios arqueológicos, constituyendo un impacto negativo de 44% del conjunto del patrimonio cultural que fue transitado por los vehículos durante la competencia (y todos ellos protegidos legalmente). En Perú hay que recordar que fueron afectadas las líneas de Nazca, que son patrimonio de la Humanidad. Igual reacción crítica y de rechazo ocurrió en Argentina por parte de estudiosos quienes además señalaron que hay sitios con yacimientos arqueológicos aun no registrados ni protegidos , tal como lo indica Luis Taborda, docente del Instituto de Estudios Superiores de Tinogasta, Catamarca.

Hay que añadir que, en este negocio del Dakar, poco o nada se ha consultado a las comunidades locales sobre los territorios que serán atravesados. Como ocurre normalmente, en el año 2014 más de 30 comunidades de Argentina reclamaron sin ser escuchadas. Otras entidades incluyeron denuncias penales contra la competición. Igual situación ocurrió en Chile.

Un tema crítico a resaltar es el enfoque colonialista que trasluce detrás de un aparente propósito de mostrar las maravillas de los paisajes por donde transcurre el Dakar, como si se estuviera descubriendo nuestros territorios para ponerlos al servicio de los operadores turísticos luego de que el patrimonio cultural y natural sea expuesto al mundo globalizado. ¿Acaso no hay otras formas de dar a conocer nuestras riquezas desde un enfoque diferente de inclusión y de apropiación social y local de los beneficios que ello genera?  La respuesta de los organizadores y dueños del Dakar respecto a paliar y/o compensar por los daños generados[1], así como asumir la reparación de su huella ecológica, no es la solución que se requiere frente a lo que implica esta competencia en términos ambientales, sociales y culturales[2]. Vale añadir otros efectos que son reiterativos en muchos casos: daños a las personas, a los cultivos y animales, a las tierras comunales y al entorno paisajístico (contaminación sonora, atmosférica y por residuos sólidos), además de intervenciones agresivas sobre ecosistemas (como las zonas de vida de animales silvestres como aves, vicuñas, etc,).

Otro aspecto preocupante ha sido la celeridad con la que los gobiernos sudamericanos han otorgado el visto bueno a la competencia sin que medie un estudio de impacto ambiental y social, validado con la población y los especialistas competentes, incluyendo un plan de comunicación masiva, acción que fue determinada por las autoridades judiciales de Córdoba como medida a implementar por las autoridades gubernamentales (FUNAM, 2015).

En este contexto preocupante y cuando otros países van desistiendo de aceptar que el Dakar atraviese sus territorios o se realice bajo mayores condiciones y exigencias, en el caso del Perú, las autoridades declaran de “interés nacional” esta competencia y deciden aportar para su exclusiva realización en Perú en el año 2019, con unos US$ 20 millones, de los cuales se señala que el Ministerio de Educación (Diario Gestión),otorgará la mayor contribución (unos 12 millones de soles del Instituto Peruano del Deporte), además de todas las facilidades aduaneras para el ingreso de vehículos y repuestos. Todo ello, con la anuencia del Ministerio de Cultura, cuyas autoridades más allá de considerar los posibles riesgos e impactos sobre el patrimonio cultural antes señalados avalan el evento y solo les preocupa que se logre el financiamiento necesario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Contrariamente, gremios del sector turismo (Apotur y la Sociedad de Hoteles del Perú, SHP) han señalado que el Dakar no tendrá un impacto significativo para el turismo, favoreciendo solo a un pequeño grupo de operadores. En plena austeridad y cuando el gobierno no ha sido aún capaz de revertir la dramática realidad del fenómeno del Niño Costero en el norte, mostrando incompetencia e insensibilidad con la población afectada.

Por donde se pueda ver, la decisión del Gobierno de apoyar este evento en Perú representa un desacierto, coincidiendo con la mayoría de gremios de operadores turísticos, para quienes no mejora mayormente la imagen del país, además de estar invirtiendo dinero público que debería dedicarse a la mejora y mantenimiento de la precaria infraestructura educativa[3].

 

Dado que el país vive momentos muy críticos, que hacen tambalear nuestra precaria base de democracia y saca a relucir la podredumbre de corrupción que corroe a todas las instituciones representativas de los poderes del Estado, es también menester dar muestras de cambios en situaciones como la que se estamos criticando. El Gobierno debería suspender el rally Dakar 2019 y poner por delante la defensa del patrimonio cultural y natural. La imagen del país no mejora con estos eventos sino por el contario se ve más afectada por los riesgos e impactos que puede generar. Las estrategias de promoción de nuestro patrimonio no deben basarse en enfoques coloniales y con franquicias de negocios ajenas a los intereses del país. El Ministerio de Cultura en lugar de avalar esas acciones ajenas a nuestro desarrollo, junto con el Ministerio del Ambiente, deberían asumir un liderazgo en el diseño e implementación de estrategias que garanticen la protección y el aprovechamiento social del patrimonio cultural y natural con un enfoque de sostenibilidad, equidad e inclusión.

 

[1] Según UNESCO, académicos y ONG, los impactos generados por el Dakar se expresan en erosión, pérdida de suelo, daño a costas y márgenes en los humedales y compactación del suelo. Asimismo, pérdida de fauna silvestre y doméstica por atropellos, pérdida de juveniles en zonas de reproducción y anidamiento y efectos indirectos por disturbios al suelo, agua y vegetación.
[2] En 2015, la asociación Huella Dakar Bolivia calculó en unos 17.500 Ton. de CO2 emitidas a la atmósfera a causa del Dakar.
[3] Según Carlos Canales, de CANATUR, el rally Dakar aportaría con unos 3,000 turistas al país (datos de Mincetur) por lo que el Gobierno con su aporte, estaría desembolsando (subsidiando) más de US$ 6,600 por cada turista que recibe.