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Una publicación de la asociación SER

Cuninico y San Pedro: Cuando el Estado no escucha

El agua, la alimentación y la salud son derechos vetados para los pueblos indígenas. El pasado martes 12 representantes de las comunidades indígenas kukama de Cuninico y San Pedro viajaron hasta Bolivia para exigirle al Estado Peruano –una vez más- que cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2017.

Estas medidas cautelares le decían al Estado peruano que informe – en 15 días- sobre las acciones adoptadas para asegurar el derecho al agua, la alimentación y la salud  en las dos comunidades mencionadas. Pasaron 9 meses y el Estado no informó nada a las comunidades ni dio respuesta alguna a las dos comunicaciones enviadas por las comunidades. El discurso AG “estas personas no son ciudadanos de primera clase” parece estar más vivo que nunca.

Es recién en octubre de 2018 cuando las comunidades logran una reunión de trabajo -gracias a la CIDH- para encontrarse con el Estado. El detalle: la reunión fue en Boulder – Colorado. Los apus de Cuninico y San Pedro tuvieron que viajar 10 horas en bote a Nauta, luego dos horas por tierra a Iquitos, luego una hora en avión a Lima. En Lima tuvieron que hacer los trámites y sacar visa a Estados Unidos, para embarcarse y en un viaje con escala llegar a Boulder. Un periplo casi infinito, pero el esfuerzo valía la pena, ya que las comunidades querían conversar con el Estado y buscar soluciones urgentes para asegurar su agua, su alimentación y su salud, en pocas palabras para sobrevivir.

La reunión se realizó el 3 de octubre. Los apus informaron sobre la situación de Cuninico y San Pedro, ambas a orillas del Marañón, donde el petróleo aún está presente, los peces malolientes lo confirman, la yuca es cada vez más pequeña y de mal sabor, y sus hijas e hijos pequeños ahora se alimentan con atún enlatado y con comida que nunca fue tradicional en su pueblo. Y hasta ahora no tienen ni siquiera postas médicas en sus comunidades y el módulo  de atención que existe a las justas tiene paracetamol. Sin embargo, el Estado llegó a hablar de una serie de acciones hechas en toda la Amazonía, que nada tenían que ver con las medidas cautelares otorgadas. La relatora especial para los derechos sociales, culturales y ambientales de la CIDH les insistió, que acá no se hablaba de cosas generales o de normas que solo quedan en el papel, sino de la política pública para las comunidades de San Pedro y Cuninico que debía asegurar que el agua llegue limpia a cada una de sus casas, que la alimentación fuera la de su cultura y que vivan sin metales tóxicos en la sangre. El Estado solo respondió que eso debería verse una reunión en Lima. ¡Viajar tan lejos para conseguir otra reunión! Como si el premio de la carrera fuera otra carrera, perversa adaptación de un poema de Blanca Varela.

Al regresar al Perú las comunidades mandaron una carta al Estado y pidieron toda la documentación de la que hablaron los abogados del Estado en la reunión en Estados Unidos. El Estado llamó a una reunión el 29 de noviembre. Nuevamente vino un apu desde su comunidad, más de 15 horas de viaje, buscando avances concretos, no solo palabras y normas. Porque comer comida con petróleo, tener metales pesado en la sangre no te mata en el acto, es un asesinato insano en cámara lenta, es degradar el futuro de los niños y niñas de las comunidades, es arrancharles la esperanza y la vida. Y llegaron a esta reunión con una lista de indicadores concretos para poder cumplir con estas medidas. Estos fueron leídos junto con el abogado del Estado. Al finalizar la reunión el abogado señaló que quería ir a las comunidades, el apu de Cuninico le dijo que sí, que por favor vaya, para que vea el petróleo con sus propios ojos.

Un pequeño detalle: Cuando el apu quiso entregar oficialmente la lista de indicadores, en la oficina de la Procuraduría les dijeron que no recibían nada, no quedo otra que ir al mismo Ministerio de Justicia para dejarla en Mesa de Partes. Una muestra más de como la ciudadanía, y más aún las y los indígenas, tienen que esforzarse el doble o triple para poder hablar con un Estado que en teoría debiera defenderles. Luego vino el silencio, el Estado no les dijo nada más sobre las medidas cautelares.

Tuvo que darse otra reunión de trabajo este 12 de febrero en Bolivia, para que el Estado dé cuenta de los avances de las medidas cautelares ante los representantes de la CIDH. Pero sobre los indicadores propuestos por las comunidades de San Pedro y Cuninico el Estado no respondió, por más que el apu y la madre indígena insistieron. Era un diálogo de sordos. Los indígenas insistiendo en que se protejan sus derechos al agua, la alimentación y la salud mediante los pasos que ellos habían propuesto en noviembre de 2018; el Estado respondiendo que ya habían firmado un convenio con Petroperú para asegurar proyectos productivos sobre peces. De nada valió que se le recordara que el cumplimiento debe ser concertado con las comunidades, que no necesitan campañas itinerantes de salud que solo sirven para agrandar cifras grandilocuentes sobre atenciones odontológicas o de oculistas, sino que necesitan atención especializada y un seguimiento adecuado para eliminar los metales tóxicos de sus cuerpos. Y se les insistió en que mientras no vayan y les aseguren que el agua de los caños temporales que hay a cien metros de sus casas se encuentra en buen estado, y les aseguren que no va a salir agua marrón y que no es perjudicial para su salud, ellos y sus familias van a seguir viviendo con miedo y sin entender porque el Estado los maltrata, y no hace nada para que no vivan contaminados.

Pero lo más doloroso vino al final. Porque son años que las comunidades de Cuninico y San Pedro vienen dialogando con el Estado, insistiéndole en que mientras el petróleo siga drenando, su vida se sigue quebrando. Y frente a este diálogo y al pedido expreso de la CIDH para que el Estado peruano les invite a ver en el terreno la situación de las comunidades afectadas, el abogado respondió que si se desea ir será “bajo cuenta y riesgo” de la misma Comisión Interamericana, porque los indígenas podrían retenerlos. Eufemismo para el delito de secuestro, golpe duro para comunidades que siempre han insistido en el diálogo, estigmatización de todo un pueblo que lleva casi 50 años soportando derrames de ductos de petróleo que no reciben mantenimiento adecuado alguno.

Pese a estos golpes bajos del Estado, los pueblos indígenas seguirán insistiendo en el diálogo, demostrándoles a los funcionarios que nunca han pisado una comunidad infestada por el petróleo, que los que no escuchan y que no responden a demandas tan básicas como asegurar el agua, la salud y la alimentación, que los salvajes son quienes no saben dialogar ni cumplir con sus obligaciones.