Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Conflictos sociales y planes de gobierno

Según la Defensoría del Pueblo los conflictos sociales no han cesado en el país; no solo se han mantenido sino que se han incrementado y tienden a agudizarse. Diciembre del 2015 cerró con un reporte de 211 conflictos, con saldos importantes de muertos y heridos. Solo en este gobierno se registran 51 personas muertas en conflicto, la mayoría por el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado, casos que además no tienen sentencia alguna contra los responsables, es decir existe un serio pronóstico de impunidad.

El Reporte 141 de la Defensoría determina que los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos (69.3%) y dentro de ellos los vinculados a la minería son los que generan más situaciones de tensión (63.1%).  Este dato pone en evidencia que la política económica extractivista que promueve el desarrollo de mega proyectos sobre territorios de comunidades y poblaciones, es un factor determinante para la conflictividad en el país.  Los cinco candidatos con más posibilidades de gobernar en el próximo periodo no proponen ningún cambio de modelo, es decir siguen pensando en el extractivismo y han ofrecido de manera firme reactivar la economía “destrabando” mega proyectos de inversión, o sea los que están frenados por la oposición social. ¿Cómo piensan hacer esto? ¿Cómo piensan manejar los conflictos que subsisten y los que se generarán en torno al modelo económico que proponen profundizar? Son preguntas sin respuestas. 

Estas preguntas respecto a las cuales estamos interesados sobre todo quienes vivimos en zonas en conflicto nos llevan a revisar los planes de gobierno de los candidatos, ya que suponíamos que en ellos, debería haberse priorizado este aspecto, dado a que normalmente es lo más frecuente con lo que se enfrentarán.

La primera impresión es de desazón, dos de los partidos con más posibilidad de llegar al sillón presidencial creen que solucionar los conflictos pasa por crear más burocracia, ya que proponen crear un Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (Keiko y PPK), con arquitectura institucional multisectorial descentralizada, adscrita a la PCM, es decir, lo que ya tenemos desde el 2012, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, pero suponemos que con más personal.  Se habla también de adelantar inversión social e infraestructura para prevenir conflictos o incluso de mecanismos para distribuir más ganancias para las comunidades afectadas (APRA-PPC/Perú Posible), lo que muestra un enfoque estrecho de que los conflictos se dan solo porque la gente quiere plata y obras. 

Un tema preocupante es ver como los partidos con mayor popularidad hablan de manera decidida de la participación de las fuerzas armadas en el control del orden social, militarizar los conflictos, y además de ello, inciden en proteger a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales involucrados en procesos judiciales “por su participación en el restablecimiento del orden” (o sea denunciados por violación de Derechos Humanos), proponiendo incluso destinar fondos públicos para la defensa y patrocinio legal de los mismos (APP y ORDEN). ¿Desconocen que la mayoría de muertos en conflicto es por el uso abusivo de la fuerza por parte de policías y militares? Complementan su estrategia ofreciendo “actuación firme” del Estado para investigar y sancionar a los responsables de desórdenes públicos y hechos de violencia, lo que podría significar la profundización de la criminalización de la protesta social.

Al parecer la mayoría de partidos con posibilidad proponen continuar el manejo de los conflictos desde un enfoque represivo, ignorando totalmente el enfoque de Derechos Humanos y el centrar los esfuerzos en los actores más vulnerables en estos escenarios, que no son las empresas como cree PPK.  La prevención y el manejo del conflicto pasa temas más profundos, evaluar los efectos del modelo extractivo en las comunidades, proponer alternativas, fortalecer sistemas de control y fiscalización a las empresas, aprobar planes de Ordenamiento Territorial, evitar la represión y la persecución, entre otros aspectos medulares. 

Pero todos estos temas evidentemente serán ignorados si es que el próximo gobierno lo que busca es mantener el modelo económico en el marco del sistema neoliberal.