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Una publicación de la asociación SER

Cascarones de la memoria

¿Tienen algún futuro los lugares o museos de la Memoria en el Perú? Vista a 35 años de iniciado el conflicto armado interno, pareciera que la batalla por el olvido sigue ganando la partida en el Perú, ya que no solo los grandes medios de comunicación siguen tratando el tema de manera marginal o de forma utilitaria, como lo vienen haciendo con el caso Bustíos. Es decir, en general, no importa y solo cuando algún caso es funcional a los intereses del poder real en el Perú, el tema vuelve a las primeras planas.

Así, no solo el proyecto oficial del Estado peruano, llamado Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión no es parte de la agenda de ningún actor relevante de la política peruana –como lo reconocen los propios encargados de liderar el proyecto- sino que a otros espacios –ya inaugurados y en funcionamiento-, como el Lugar de la Memoria de Junín, llamado “Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa”, se le ha retirado la categoría de Patrimonio Cultural de la Región, lo cual solo augura su pronto desmontaje. En Ayacucho, los terrenos de La Hoyada, donados para hacer un Santuario de la Memoria, siguen siendo utilizados para otros fines. A esto se puede agregar el abandono del memorial “El Ojo que Llora”, de parte de la municipalidad de Jesús María y el mal estado en que se encuentra la muestra Yuyanapaq, en el ya inexistente Museo de la Nación.

Es por ello que, visto en el corto plazo, la pregunta planteada al inicio no solo es pertinente, sino de fácil respuesta. Las razones han sido expuestas y debatidas en más de un seminario sobre el tema, desde el 2004, año en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó su informe final. Y más allá de los matices, es claro que la opción por el olvido es la que la gran mayoría de la sociedad peruana respalda. Un olvido que, además, está cargado de impunidad, que se pone de manifiesto en largos procesos judiciales que se quiebran o se dilatan interminablemente, y donde el Estado no colabora en nada para agilizarlos.

Vista la situación y leído el proceso a la distancia de los años, uno comienza a sospechar que el problema central no tuvo que ver con las características de las víctimas, tal como las definió la CVR: campesinos indígenas pobres, excluidos, sin agencia propia ni respaldo político, sino más bien porque la agenda post CVR planteaba retos que debían ser asumidos por un Estado ideal, que solo existía en la mente de los comisionados, y que para buscar la justicia, tenía que auto reformarse previamente, aunque no existían las condiciones políticas para ello, ya que en el año 2004, el proceso de transición había sido cancelado.

Justamente los resultados electorales del 2006 y del 2011confirmaron que la enorme mayoría del país no quería revisar el pasado, ni mucho menos recordar lo ocurrido en el país durante los años 80 e inicios de los 90, ya que, mal que bien, la pacificación autoritaria liderada por Alberto Fujimori había instalado un nuevo orden, que, a pesar de los esfuerzos del régimen de transición de Paniagua, siguió vigente –más allá de la desarticulación de la mafia de turno y sus servicios de inteligencia-, y terminó siendo funcional a los intereses de los sucesivos gobiernos de Toledo, García y Humala.

Pensar que los procesos de memoria pueden desarrollarse al margen de la dinámica con la que funciona la sociedad peruana, ha terminado siendo una forma de voluntarismo, que no ha logrado calar en la ciudadanía, porque no ha sido capaz de poner en cuestión la forma en la que la pacificación, de la mano de las reformas neoliberales, concentró el poder en el Perú, ni mucho menos la relación de subordinación/negación del ciudadano –pobre o emprendedor- con el Estado. Sin un contenido que cuestione este orden –y no solo se limite a poner en valor el dolor de las víctimas- los lugares de memoria terminan convirtiéndose en cascarones vacios, que cualquiera que asuma el poder puede mandar cerrar, sin que a nadie –salvo a una minoría de activistas bienintencionados- le importe mucho.