Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Cajamarca herida

Ayer 3 de julio murieron tres personas en Celendín. Una de las provincias cajamarquinas en las que el rechazo al proyecto Conga se ha mostrado de manera más masiva y contundente. Celendín Cajamarca y Hualgayoc son las tres provincias en las que el paro en contra de ese proyecto minero dura ya más de un mes, y es en ellas que el gobierno ha declarado el Estado de Emergencia.  

La estrategia gubernamental dirigida a aislar a los líderes de la protesta y vencerlos por agotamiento no ha conseguido los resultados que esperaba el Ejecutivo, sin embargo produjo que un sector de los manifestantes atacara el local de la municipalidad provincial de Celendín, creando las condiciones para que el gobierno tuviera justificación para declarar el estado de excepción.

Ya en las semanas anteriores en la ciudad de Cajamarca la policía realizó acciones focalizadas bastante violentas, con el afán de provocar respuestas más agresivas de parte de la población movilizada y así tener argumentos para acciones represivas de mayor envergadura. Hasta ayer la población no había caído en ese juego.

Se pretende atribuir la responsabilidad de las muertes a los dirigentes de la protesta y así continuar en la estrategia de aislamiento, sin embargo, el gobierno no percibe que así tenga éxito en este objetivo la manera como viene tratando el conflicto está creando o ahondando fracturas y desconfianzas de la población  no sólo con la actividad minera, con Minera Yanacocha, sino con el gobierno mismo, que hacen más difícil aún la viabilidad del proyecto motivo de esta disputa.   

Las situaciones que refuerzan la creación de un escenario de inviabilidad social del proyecto:   

La mala relación que Minera Yanacocha ha tenido con la población de Cajamarca a lo largo de la docena de años que viene trabajando en esa región no ha sido resuelta. Las últimas declaraciones de Roque Benavides en las que en la práctica ningunea la preocupación por la preservación de las cuatro lagunas, y la denuncia que la policía involucrada en los últimos sucesos en Celendín se trasladaba en vehículos de la empresa no hacen sino empeorar esa relación.    

A eso se suma que  en el último tiempo la división entre quienes apoyan a Yanacocha y quienes la cuestionan, se ha acentuado, situación que ha sido fomentada también desde el gobierno con la intención de derrotar al sector opositor a Conga. De ese modo, cualquiera que sea el desenlace, la sociedad cajamarquina habrá quedado seriamente afectada, en la medida que se han ido gestando nuevo conflictos que enfrentan a grupos sociales que forman parte de ella.

 Un segundo asunto, es la poca atención que empresa y gobierno le han dado al gran valor cultural -además del económico- que especialmente la población rural le brinda a su vínculo con la naturaleza, en especial a la tierra y el agua. En cambio, para la empresa minera la relación con la naturaleza es fundamentalmente económica. Esta es valorada según su rentabilidad  y es mirada como un cúmulo de recursos a ser explotados.  Ambas visiones son importantes y necesarias, pero en vez de buscar un adecuado tratamiento a la tensión entre ambas, se busca imponer a cualquier costo la mirada economicista.

Peor aún, tanto el gobierno como la empresa, piensan que en el fondo las poblaciones que se oponen en realidad usan el tema ambiental como excusa para obtener más dinero, más apoyo económico gubernamental. Siguiendo esa lógica ofrecen más proyectos y más presupuesto a ser invertido en la región, a fin de alcanzar la licencia social.  En esa lógica se ubica las reuniones promovidas por Humala con los alcaldes cajamarquinos a quienes ofrece proyectos, repitiendo la estrategia utilizada por Fujimori, para obtener adhesiones.

Un tercer asunto que alienta el conflicto es el radical cambio de opinión del presidente Humala respecto al proyecto Conga. Como ya se sabe, cuando era candidato alentó la protesta y ofreció su activo respaldo a las posibles medidas de lucha de los cajamarquinos. Cuando presidente no sólo toma distancia de la protesta, sino que tilda de radicales a quienes la promueven y declara el Estado de Emergencia. La indignación de los cajamarquinos críticos a Conga se debe a que para ellos Ollanta Humala no puede decir que no conoce las razones sociales de la protesta por lo que su cambio de posición se atribuye a oscuras razones.

Un cuarto asunto es la parcialización del Estado a favor de la empresa. Si bien, luego de conocerse las recomendaciones planteadas en el peritaje realizado al Estudio de Impacto Ambiental, el Presidente Humala declaró que el Proyecto Conga podría ir adelante si cumplía con determinadas condiciones, la empresa  ha aceptado solo una de las solicitudes presidenciales y, al parecer, el gobierno no insistiría en las demás modificaciones solicitadas. De ese modo queda la  duda entre la población de quién manda a quién.

La situación futura en Cajamarca es incierta, el futuro del proyecto Conga es más insegura aún. Cometerían un error quienes creen que este proyecto puede realizarse sin mayores contratiempos. Las razones del conflicto no han sido atendidas y van a permanecer aunque la actual protesta amaine. Más bien, es muy probable que la población encuentre nuevas maneras de demostrar su oposición.

En este momento, con la información que tenemos la imagen que nos queda es que el gobierno ha perdido una enorme oportunidad para demostrar con Conga lo que Humala denomina “nueva minería”. Más bien, el presidente hoy está más más cerca del Alan García del Baguazo.