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Una publicación de la asociación SER
Abogado y especialista en gestión municipal

Alcaldes ¿solo para la foto?

Los conflictos -mayormente socio ambientales- que con frecuencia vienen surgiendo en distintos lugares del país tienen como actores a las organizaciones sociales, las empresas, generalmente extractivas, y al Estado. Este último ha tenido una participación con diferentes matices, y, muchas veces, posiciones contrarias. Al nivel nacional, se ha percibido hasta hoy una posición a favor de la gran inversión privada, mientras que en los niveles subnacionales, la tendencia ha estado generalmente orientada hacia un compromiso con la población y las organizaciones que reclaman, frente a algún tipo de abuso que atenta contra sus derechos.

Si la costumbre es fuente del derecho, como que lo es, hoy podríamos decir que la norma para que se produzca un proceso de diálogo, dado un escenario de conflicto, es la siguiente:

1.           Pedidos o demandas no atendidas de la organización social.

2.           Adopción de medidas de fuerza desde la organización: Movilizaciones pacíficas y paros.

3.           Indiferencia, ausencia de respuesta, poca cobertura de los medios de comunicación.

4.           Nuevas medidas de lucha, marchas y enfrentamientos con la Policía; hechos de violencia que dejan como saldo muertos, heridos y detenidos. Cobertura de los medios nacionales.

5.           Inicio de acciones penales contra los líderes de las protestas y las autoridades locales; declaratoria de emergencia.

6.           Instalación de Mesa de Diálogo con dirigentes y autoridades locales y regionales.

En ese contexto, ¿qué rol y qué posibilidades caben a las autoridades locales que intentan representar a la población y contribuir a la solución del conflicto? Como se sabe, en la actualidad existe un marco legal que criminaliza la protesta social, incluyendo distintas sanciones a las autoridades locales y municipalidades.

Así, por ejemplo, el artículo 200º del Código Penal castiga con pena privativa de libertad, de entre cinco y diez años, así como con inhabilitación, al funcionario público con poder de decisión que participe en una huelga, con el objeto de obtener, para sí o para terceros, cualquier beneficio.

Por su parte, el artículo 53° de la Ley 28693 establece que la Dirección Nacional del Tesoro Público puede disponer la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras en las que existan situaciones, de conocimiento público, que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, como, por ejemplo: Participación de las autoridades locales en acciones de protesta de la población.

Puede mencionarse también las leyes de presupuesto que condicionan directamente la entrega de los recursos correspondientes al Plan de Incentivos, los mismos que no son entregados si el municipio o la región ha sido declarada en emergencia, a consecuencia de actos de violencia y/o alteración del orden público, o en aquellos casos en que el Ministerio Público haya formulado denuncia penal contra el titular ( ejemplo , el alcalde), o, finalmente, cuando, a criterio de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, se esté alterando el orden público.

Hace algunos días, estalló un nuevo conflicto en Cotabambas, Apurímac. Se cumplieron los procedimientos que el Estado viene institucionalizando de manera vergonzosa, especialmente por la muerte de personas,  y se convocó a una Mesa de Diálogo cuyos resultados fueron calificados de “exitosos” por los representantes del gobierno. Sin embargo, y por lo que se observa de dicha negociación -suspensión de las medidas de lucha, levantamiento del estado de emergencia, atención a los deudos de los fallecidos y víctimas, y la realización de talleres informativos en las comunidades-, es evidente que no se requería llegar a tales extremos para lograr acuerdos, ya que estos aparecen a simple vista y son bastante sencillos de obtenerse. Este hecho, además de cuestionar la lentitud de reacción del gobierno frente a este tipo de escenarios, pone en duda si, en efecto, los representantes de los demandantes contaban con la legitimidad necesaria para adoptarlos, o si, quizás, amedrentados por las sanciones penales a las que podrían ser sometidos, se vieron obligados a suscribirlos.

Pero, volviendo al tema del margen para la acción de las autoridades subnacionales, su participación en la Mesa de Negociación resulta casi una burla a la misión del gobierno local de representar a la población de su ámbito y a la atribución del alcalde de  defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. Tales obligaciones están establecidas en el inciso 1º del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 27972, y consideran que las competencias municipales, extremadamente escasas para cumplir con dichos roles en escenarios de conflictos como los socio ambientales, y están especialmente agravadas por las amenazas de prisión, inhabilitación, declaratoria de emergencia de sus distritos o provincias y por la suspensión de transferencias. En ese contexto, ¿qué sentido tiene, entonces, convocarlos a las Mesas de Diálogo? ¿para que salgan en la foto?