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Una publicación de la asociación SER

Municipalidad de Piura reprime a vendedores ambulantes

Foto: Municipalidad de Piura

Ricardo Parra

Como en buena parte del país, y en medio de diversos protocolos sanitarios, Piura reinició gradualmente su comercio. Las principales tiendas y centros comerciales de la ciudad hicieron posible su reapertura dentro de las actividades correspondientes a la fase 3 de la reactivación económica del país, tema que fue abordado por el presidente de la república Martín Vizcarra, durante la reunión que sostuvo el 16 de junio con representantes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Sin embargo, no solamente los grandes establecimientos comerciales o tiendas retail retornaron a trabajar, sino también aquellos comerciantes ambulantes que desde que inició el estado de emergencia nacional, tuvieron que dejar su habitual mercadería para vender mascarillas, guantes y protectores faciales, y así poder resistir al embate de la crisis que los estaba asfixiando económicamente. Vale precisar que muchos de ellos no recibieron ningún bono familiar, ni canasta de víveres, ni ninguna asistencia por parte de las autoridades.

Requisa municipal

El 1 de julio, tras la culminación del aislamiento social obligatorio para Piura, muchos ambulantes retornaron con su mercadería a los alrededores del mercado modelo, pero apenas se instalaron, apareció un “rochabús” de la Municipalidad de Piura y empezó a lanzarles agua, mientras paralelamente los fiscalizadores municipales procedían con violencia a incautarles sus productos.

Analí Chira, de 32 años, es una comerciante ambulante que vende medias y ropa interior; durante los días de cuarentena no recibió ningún bono familiar, por lo cual tuvo que verse forzada a ofrecer mascarillas por las diversas farmacias de la Av. Grau. Con la poca ganancia que consiguió de éstas, pudo sostenerse y llevarle alimentos a sus tres niños.

Analí, enterada del levantamiento del aislamiento social obligatorio, decidió regresar con su mercadería tradicional – que ahora incluye buzos de invierno - a la Av. Sánchez Cerro, pero una parte de ésta, ha sido decomisada por los fiscalizadores municipales y ahora se encuentra en el depósito del serenazgo de Piura. “El alcalde es un abusivo que nos trata como si fuéramos delincuentes. No entiende que tenemos que trabajar y que no recibimos un sueldo fijo como él…Las mujeres de fiscalización nos arañan, nos jalan el pelo y hasta nos muerden para llevarse nuestra mercadería. Ayer me acerqué al depósito del SECOM y he visto cómo se reparten los productos decomisados; cuando quise tomar una foto, me intentaron quitar el celular. Hasta cuándo vamos a tener que soportar estas injusticias. La municipalidad no entiende que también estamos en crisis y que tenemos que comer”, se lamenta.

Shirley Raimundo, de 33 años, es otra ambulante que decidió regresar a la Av. Sánchez Cerro el 1 de julio, para vender ropa interior y chompas, sin embargo, a las 6:30 am de ese día, luego de que el “rochabús” le lanzara agua sucia, los inspectores municipales la cercaron y le confiscaron gran parte de su mercadería. “Los fiscalizadores han llegado como pandilleros, se han tirado de las camionetas a quitarnos nuestros productos; algunos de mis compañeros han logrado correr hasta atrás del BCP, pero yo no he podido. Han cogido mi carrito y se lo han llevado con todos mis productos. Esa mercadería prácticamente ya está perdida porque no me la van a devolver”, comenta entre lágrimas.

A media cuadra más delante, se encuentra Román López de 50 años. El vende ropa para niños y tiene que pagarle al banco tres letras que se han acumulado durante el tiempo de cuarentena que no pudo vender. “Estamos siendo maltratados con los atropellos del alcalde. Él ordena desde su camioneta que nos echen agua, pero no baja a dialogar. No sabe que entre nosotros hay ancianos que también necesitan comer y que por necesidad tienen que venir a trabajar, exponiéndose a esta pandemia”, manifiesta.

Al ser consultado sobre alguna propuesta que hayan recibido por parte del municipio, Román López comenta que, durante la campaña electoral el alcalde Juan Díaz Dios les hizo muchas promesas, entre ellas una reubicación estratégica, sin embargo, indica que, por el contrario, éste procedió a sacarlos del mercado y quiso enviarlos a lugares desolados.

Solución sin represión

Noticias Ser, conversó con el economista Miguel Zapata, quien tiene una respetable experiencia en la administración pública de esta ciudad. Él nos dio algunos alcances al consultarle sobre la actual situación que se vive con los ambulantes del mercado de Piura.

El economista señala que hay un gran desconocimiento de cómo llega y se explica la informalidad en la ciudad. Subraya que es importante entender que el 80% de la actividad económica en Piura, es agrícola; de la cual el 60% corresponde a agricultura familiar. En ese punto afirma que los fenómenos del Niño de 1983, 1998 y 2017 cambiaron dramáticamente la demografía de esta región.

“Cuando los pobladores del campo ven que sus cultivos no producen, tienen que migrar forzosamente a las ciudades y empezar con actividades independientes, que por lo general son comerciales. Eso explica por qué vemos gente vendiendo productos en los principales centros de comercio, especialmente en los alrededores del mercado”, comenta.

Para Miguel Zapata, el que la Sunat y la municipalidad miren a los ambulantes como sujetos de recaudación de impuestos y no como empresarios a los que hay que desarrollar con espacios y créditos, es un grave obstáculo. Advierte que el tema de los ambulantes no se soluciona con represiones o requisas de mercadería, sino con un programa de reubicación comercial que articule a toda esta fuerza laboral que viene con conocimientos adquiridos del día a día.

 “Hay que tomar los modelos de Polvos Azules, el Parque Industrial en Villa El Salvador, etc. Gamarra, por ejemplo, no se hizo de la noche a la mañana con comerciantes formales ni con la Sociedad Nacional de Industrias. Todos esos comerciantes nacieron informales.  Aquí es importante no confundir la informalidad comercial con ilegalidad de productos. Estas personas no están vendiendo drogas o armas o cualquier otra cosa que la ley prohíba”.

Finalmente reflexiona y se pregunta: “Si el Gobierno Regional y las municipalidades andan en una capacidad que no llega al 60% de su presupuesto de inversión, por qué entonces no se aprueba un fondo para un PROCOMPITE regional y local, que pueda formar parte de la contrapartida del emprendedor que recurre a Reactiva Perú por préstamos que le son negados al no calificar como sujetos de crédito” y añade “muchas veces el informal está donde no llega el gobierno”.

La represión a los vendedores ambulantes, como está largamente demostrado, no soluciona nada. Las autoridades regionales y el alcalde de Piura tienen la palabra.

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