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Una publicación de la asociación SER

Escazú: crónica de una infamia al medio ambiente

Luis Hallazi

El pueblo indígena Kakataibo se encuentra ubicado entre las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu entre los departamentos de Huánuco y Ucayali. Parte de este pueblo se encuentra en situación de aislamiento, mientras otro grupo está asentado en comunidades, estimándose el número de hablantes en 1553 personas (Censo 2017). La principal organización es la Fenacoca (Federación Nativa de Comunidades Cacataibo), que agrupa a 30 comunidades, siendo una de ellas la comunidad nativa Unipacuyacu, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, cuyo líder hasta hace tres meses era el Apu Arbildo Meléndez,  asesinado en plena pandemia el 12 de abril. El atentado contra el Apu ocurrió cuando este se encontraba acompañado por otra persona que se había ganado su confianza, con quien se fue a cazar al bosque. En lugar de regresar con el alimento para su comunidad, sólo volvió su cuerpo inerte, con un disparo de bala hecho por su acompañante.

Lo que motivó este asesinato fue un conflicto territorial, como muchos de los que ocurren  en toda la Amazonía, a consecuencia del tráfico de tierras por la realización de actividades ilegales, pero también por proyectos de inversiones legales. En el caso de la comunidad Unipacuyacuy, las investigaciones señalan como móvil el tráfico de tierras para la siembra de coca, y pese a que las autoridades comunales venían reportando diversas amenazas durante muchos años, ninguna autoridad estatal les prestó atención. Finalmente, una red criminal para el tráfico de tierras acabó con el líder, dejando a la deriva y hundiendo en el miedo a la comunidad y a su familia, en especial a sus cuatro hijos.  

Un mes más tarde, en el departamento de Junín, la comunidad Nuevo Amanecer Hawai del pueblo indígena Asháninka, que defendía su territorio comunal mediante un proceso judicial largo y engorroso -un caso emblemático iniciado con una acción de amparo por la omisión de titulación comunal por parte del Estado- sufrió por segunda vez la pérdida de uno de sus líderes al ser  asesinado  Mauro Pío, siete años después que su hijo Gonzalo corriera la misma suerte. El móvil del crimen fueron los conflictos  con taladores ilegales que constantemente amenazan sus territorios. Este es un problema generalizado de los pueblos indígenas que no cuentan con seguridad jurídica ya que incluso si cuenta con títulos de propiedad, sus tierras siguen amenazadas.

Esta realidad compleja es ignorada por la reciente “campaña antiderechos” orquestada contra el Acuerdo de Escazú. Una campaña llena de imprecisiones, falsedades y burdas mentiras a las que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio empresarial más importante, se ha sumado, asumiendo varios de los argumentos falaces.

Pero esto ha llegado más lejos de lo que se preveía, porque el propio gobierno del presidente Vizcarra, a través del Canciller Mario López Chavarri, ha validado dichos argumentos, señalando que “en base a estas discusiones, a este tipo de diversidad de opiniones, es mejor seguir conversando, seguir aclarando y seguir poniendo los pros y contras sobre el Acuerdo”. Si las mentiras son argumentos idóneos para tal decisión, está claro que el gobierno actual ha asumido tales dichos, dando las espaldas al Acuerdo de Escazú, en un giro antiderechos peligroso para el medio ambiente.

Reforzar derechos ambientales y proteger a defensores

¿Pero qué es lo que dice el Acuerdo de Escazú y por qué ha generado una campaña de desinformación y mentiras que lamentablemente el gobierno actual acaba de validar de manera preocupante? Los 26 artículos de este instrumento se encargan de reforzar la protección del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, que está consagrado en la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 22, así como el derecho a la información (art.2 inc. 5), el derecho a la participación (art. 2, inc. 17) y el derecho al acceso a la justicia, los que se complementan con la Ley 28611, Ley General del Ambiente, vigente desde el 2005[1], que amplía el reconocimiento a través del derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a la participación en la gestión ambiental y el derecho al acceso a la justicia ambiental  (artículos II, III y IV respectivamente).

Es decir, el Acuerdo de Escazú refuerza la dimensión jurídica de estos tres derechos, reconocidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, principal antecedente que irradió la construcción del actual ordenamiento jurídico para proteger el derecho al medio ambiente, no solo del Perú sino de todos los países de América Latina.

A ello se agrega que el derecho al acceso a la información esta normado por la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el 2003, así como la normativa especial para hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana en diversas actividades. Este se encuentra respaldado por una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional para la protección del derecho al medio ambiente sano y equilibrado.

Por otro lado, el artículo 9 del Acuerdo se refiere a los defensores de derechos en asuntos ambientales, que de haberse implementado anteriormente, tal vez hubieran impedido los asesinatos narrados anteriormente. Sin embargo, esta protección tampoco es nueva ya que el Estado peruano es parte de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, de 1998, y hace más de un año que en cumplimiento de varios compromisos internacionales se emitió la Resolución Ministerial N°0159-2019-JUS y se publicó el “protocolo para garantizar la protección de personas defensores de derechos humanos ,que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya viene aplicando.

Por tanto este Acuerdo también refuerza la responsabilidad que el Estado tiene para proteger a personas vulnerables y no se asesine impunemente a líderes de pueblos indígenas y defensores ambientales. El Acuerdo también busca el fortalecimiento de capacidades (art.10) a través de la capacitación y sensibilización en temas ambientales y promueve la cooperación internacional para educación ambiental de nuestra ciudadanía (art. 11). Los demás artículos señalan cómo hacer efectivo estos compromisos.

No hay ninguna duda sobre la importancia de estos derechos y más aún en el actual contexto de pandemia, cuando sabemos que las causas de degradación y deforestación de espacios naturales generan las enfermedades zoonóticas, y todo ello ocurre en plena crisis climática. Sin embargo, todo indica que los intereses detrás de esta campaña, además de retrógrados, son cortoplacistas al pretender erróneamente proteger las inversiones en detrimento de la protección ambiental.

Un peligroso giro antiderechos

El excanciller Francisco Tudela, fue uno de los primeros en difundir una serie de imprecisiones y mentiras respecto a que el Perú perdería su soberanía con la ratificación del Acuerdo de Escazú, llegando al extremo de dar una cifra del 53% de territorio amazónico. Estas afirmaciones son totalmente falsas porque el Acuerdo ni siquiera menciona a la Amazonía y establece el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales de manera explícita en el artículo 3 literal i).

Por su parte la CONFIEP ha repetido lo mismo pero además ha dicho que el Acuerdo expone al país a la internacionalización de los problemas ambientales en cortes internacionales. Al respecto, lo que se pretender ignorar es que el Perú es parte del Pacto de San José y por tanto está sujeto a los mecanismos de justicia supranacional desde hace mucho tiempo, lo que significa que si se producen violaciones de derechos humanos como el medio ambiente, se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre y cuando se agote la vía nacional.

Está claro que los argumentos de la campaña no tienen ningún asidero, por lo que resulta muy extraño que el gobierno peruano los haya asumido como razones para dilatar la ratificación y “seguir debatiendo los pros y contras”. Dicho sea de paso, esta posición contradice el propio compromiso del Poder Ejecutivo expresado en setiembre del 2018, cuando la entonces Ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, firmó el Acuerdo. ¿A qué se debe entonces este cambio repentino cuando hace menos de un año el gobierno de  Vizcarra puso en consideración del Congreso, el proyecto de Resolución Legislativa para aprobar el Acuerdo?

La respuesta confirmaría de manera objetiva el giro del gobierno del presidente Vizcarra, que se expresa en la conformación del nuevo gabinete Cateriano. Todo indica que estamos asistiendo al preámbulo de lo que significará una reactivación económica a costa de debilitar los estándares mínimos internacionales en materia de derechos sociales, ambientales y territoriales.Por lo que el retroceso frente al Acuerdo de Escazú constituiría el parteaguas de una deriva antiderechos en el último tramo del gobierno actual.

La infamia de este cambio de postura es que se realiza sin ningún tipo de fundamento o lo que es peor, en base a mentiras de una campaña tendenciosa; y si bien es cierto, el Acuerdo de Escazú ya fue firmado por el Poder Ejecutivo, estando pendiente su ratificación por el Congreso de la República (art. 56 de la Constitución), el daño ya está hecho y probablemente no haya suficientes votos para su aprobación en este momento. Sin embargo, tarde o temprano este tratado será ratificado, porque ninguna mentira puede durar para siempre y la protección ambiental es un tema fundamental para garantizar nuestro futuro.

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[1] Añadir que durante la discusión de esta importante Ley General del Ambiente el 2005, la CONFIEP también se oponía a dicha norma con el mismo argumento de ahuyentar inversiones: Archivos periodísticos.