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Una publicación de la asociación SER

Entendiendo y Previniendo la Violencia en Conflictos Mineros II

En la primera parte de este informe identificamos los cuatro factores que explican los estallidos de violencia en contextos de proyectos mineros. Esta segunda parte responde a cada uno de estos ejes de manera práctica y directa para construir hábitos, políticas e instituciones más justas y sostenibles.

Propuestas

Por los motivos mencionados en las secciones anteriores de este reporte, existen más de 15,000 conflictos sociales relacionados a la actividad minera en México, de acuerdo a la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y existieron más de 200 en Perú en general entre el 2006 y 2017.i Lo que es peor es que tales conflictos tienden a escalar en actos de violencia, generando violaciones de derechos humanos, decenas de muertes, abusos policiales y empresariales, entre otros daños.

Estas consideraciones deben ser tratadas con delicadeza en la toma de decisiones sobre dónde, cómo, y cuándo se deberían aprobar proyectos mineros, especialmente a tajo abierto. Cabe mencionar que reflexiones de ésta índole ya son parte de las propuestas políticas en América Latina.

Tres ejes principales deben tener prioridad en cualquier toma de decisiones sobre concesiones mineras – en casos de propuestas de proyectos nuevos, permisos de expansión o renovación a operaciones existentes, y en acuerdos para el cierre de minas. Esos ejes son la democracia, sostenibilidad, y la paz, como son detallados a continuación.

  1. Desarrollo Democrático

En respuesta a la falta de rendición de cuentas, concentración de ganancias, y el uso corrupto de los recursos generados por la minería de parte de los gobernantes en cada nivel del gobierno, debe darse hincapié e impulso a la consulta popular. Esta debe expandirse como requisito para cualquier tipo de proyecto extractivo, como son las presas hidroeléctricas, las minas, y los pozos petroleros. Y a la vez se debe exigir el consentimiento informado, previo, y libre de la población local como requisito básico para cualquier proyecto.

De esta maneras nos podemos asegurar que la población local se beneficiará concretamente, y no solamente será perjudicada por estos proyectos. Hay maneras de definir, medir, y monitorear el impacto de la minería sobre las poblaciones del entorno; por ejemplo, por medio de los índices de educación y salud. Un requisito potencial que se puede incluir en la legislación es que, si estos indicadores han disminuido después de diez años de actividad minera, exista algún tipo de rendición de cuentas por estos fracasos (que podría llevar incluso al retiro de la concesión).

En México, Costa Rica, El Salvador, y otros países, diferentes bancadas parlamentarias han propuesto políticas que incluyen obligaciones de montos monetarios destinados al desarrollo humano y sostenible. Por otro lado, el ejemplo de Perú nos muestra que sin la participación democrática en la asignación de estos montos, se puede caer en la corrupción política, la desconfianza, y el resentimiento causado por la inversión en proyectos ostentosos pero inservibles, como miradores o estadios (o en las palabras de pobladores en zonas mineras, “elefantes blancos”). Las leyes deben exigir que esta inversión sea decidida de manera participativa; por ejemplo, incluso haciendo uso del voto para que la población pueda eligir sus propias prioridades entre diferentes opciones propuestas.

La transparencia es un requisito fundamental, así como lo son la participación democrática de la población rural en la toma de decisiones, y la fiscalización, para contrarrestar la corrupción y evitar el mal uso de ingresos. También es de gran importancia observar todas las leyes y normas internacionales que apliquen en estos contextos (como el Convenio 169 de la OIT, entre otras), no solo para proteger el desarrollo democrático, sostenible, y pacífico, sino también para proteger la reputación de cada país en el escenario internacional. Pasos como estos son los mínimos que se deben considerar, y siempre buscando otras maneras de respetar los derechos de pueblos indígenas, sus usos y costumbres, y su soberanía territorial.

 

  1. Desarrollo Sostenible

Los estudios de impacto social y ambiental deben ser realizados por agentes independientes y en base en la revisión de pares no elegidos por las propias empresas en agencias privadas de baja credibilidad, como se acostumbra en países como Perú, Colombia, Chile, y México. Se deben incorporar voces locales, de la sociedad civil, académicas, estatales, e independientes en estos procesos de revisión.

Otra consideración de importancia fundamental es el ordenamiento territorial sistemático para establecer zonas donde la explotación minera sea considerada inviable y no esté permitida. Este ordenamiento también debe funcionar de manera retroactiva, como lo propone actualmente la bancada mayoritaria en la legislatura del gobierno federal en México.

La redistribución económica de las rentas y ganancias acumuladas por los proyectos debe estar orientada jurídicamente hacia el impulso de iniciativas económicas alternativas (ganadería, agricultura, turismo, eco-turismo, artesanía, y más) para mantener la estabilidad económica e impulsar la prosperidad de la zona más allá del cierre de cualquier proyecto minero. Así mismo, es sumamente importante asegurar el uso participativo y democrático del agua en acuerdo con la población rural del entorno.

En cuanto a la contaminación y los daños ambientales, se deben exigir prácticas de prevención y de gestión de desechos del más alto nivel. Las empresas mineras no dejan de invertir en reservorios adecuados en Europa o EEUU porque deben tomar precauciones adicionales que no les exigen en los países del Sur global. La demanda del material es suficiente para que la inversión sea atractiva aún cuando se exija que los proyectos cumplan con los estándares de protección ambiental y social más altos del mundo. El riesgo de pérdida de inversión es verdaderamente nulo, ya que si una empresa es irresponsable y no quiere seguir estos estándares, hay muchas otras empresas dispuestas a hacerlo. Más bien, lo que es altísimo es el riesgo del empeoramiento a la calidad de vida, y las violaciones a los derechos humanos, que son causados comúnmente por la minería desregulada.

Del lado preventivo, se debe exigir que la planificación, la construcción de infraestructura dentro de los proyectos (diques de relaves, pozos, etc.), los materiales y técnicas utilizadas, y todos los procesos (de refinación, por ejemplo) sean de la más alta calidad. Así se prevendrán fallas como las que han ocurrido en México, como en Pasta de Conchos o en el Río Bacanuchi, que han indignado a la población frente al beneficio de solamente un grupo minúsculo de inversionistas. De la misma forma, la gestión de desechos y residuos (incluyendo el reutilización, tratamiento, y manejo responsable de desechos) también debe ser conforme a los estándares más altos a nivel mundial.

Se debe exigir el monitoreo regular, contabilizado, y participativo de la calidad de la construcción, infraestructura, procesos, y desechos en la mina, y del agua de la zona circundante. Esto debe ir acompañando de multas sustanciales, y hasta revocación a concesiones, cuando se encuentren niveles más allá de los límites permisibles de cianuro, mercurio, arsénico, y otros metales pesados altamente tóxicos causados por la actividad minera.

El plan de cierre de cada empresa debe incluir pasos concretos para asegurar el impacto neutro de la actividad, por ejemplo con medidas que verifiquen que cualquier desecho tóxico sea eliminado (y no sea simplemente enterrado o vertido al agua de la zona, como se practica comúnmente en todo el Sur global, con impunidad total o sabiendo que las multas son mínimas e irrelevantes), y que sean reconstruidos los hábitats ambientales.

 

  1. Desarrollo Pacífico

No se debe ignorar la importancia de establecer mecanismos de resolución institucional, proactiva, efectiva y no-violenta de conflictos. Debe exigirse la capacitación del personal de empresas en los fundamentos de los derechos humanos para construir confianza, evitar resentimientos, e impulsar la paz.

Se requieren medios claros y eficaces para la atención a quejas y propuestas locales, la resolución de disputas, y la prevención de violencia. La violencia crece cuando no se resuelven las quejas por medio de canales institucionales. La prevención de conflictos debe ser organizada en base en las relaciones institucionalizadas, que asegurará que también se llegue a resoluciones no-violentas.

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Aunque no son exhaustivas, estas tres líneas de prioridad se combinan para asegurar el desarrollo integral. La máxima prioridad la deben tener el respeto a los derechos y las aspiraciones de las poblaciones locales, su sustento cotidiano económico y social, y sus usos y costumbres, tanto materiales como simbólicas, y reducir el grado de afectación de cualquier propuesta.

Si se atienden bien estos ejes, se maximiza el prospecto económico de cualquier operación, ya que de no hacerlo, los proyectos extractivos frecuentemente desembocan en niveles cada vez más graves de conflictividad, los cuales terminan resultando mucho más costosos para las empresas que la prevención proactiva de estos problemas.

 

iRed Mexicana de Afectados por la Minería, “La Minería Causa Más de 15,000 Conflictos Sociales en México,” 27 de Febrero del 2018.