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Una publicación de la asociación SER

Entendiendo y Previniendo la Violencia en Conflictos Mineros I

¿A qué se deben los estallidos de violencia en contextos de industrias extractivas? Las investigaciones empíricas indican que al menos tres factores principales aumentan la conflictividad social en torno proyectos mineros (que son la mayoría en el caso peruano). Estos factores son los efectos adversos de la extracción, la mala redistribución y el uso corrupto de sus beneficios, y la falta de consulta democrática y participación local, incluso cuando la población de la zona no sea reconocida como un pueblo indígena.

Además, mi investigación doctoral - una comparación etnográfica de conflictos sobre la minería en el Perú - encontró también un cuarto factor que contribuye directamente a la escalada del conflicto y la probabilidad de un brote violento: el nivel de importancia que las empresas extractivas asignan a los derechos humanos en su gestión de las relaciones sociales cotidianas.[i]

El siguiente informe presenta dos componentes: el primero detalla los factores que mejor ayudan a entender y explicar la violencia en contextos de minería, y el segundo concluye con sugerencias prácticas que pueden responder directamente a cada uno de estos cuatro temas (por ejemplo, establecer requisitos de capacitación en materia de derechos humanos para todos los empleados de los proyectos extractivos).

A través del diseño de instituciones sólidas que pueden canalizar conflictos de manera no violenta, imparcial y efectiva, los gobiernos pueden garantizar que el desarrollo sea democrático, sostenible y pacífico.

¿A  qué se debe la violencia en los conflictos mineros?

Marta Conde, Jonathan Gamu, y Philippe Le Billon han revisado la literatura sobre los conflictos socio-ambientales, y su análisis provee el resumen más exhaustivo de sus causas.[ii] Aseveran que estas causas pueden ser categorizadas como estructurales (por ejemplo, causas económicas, culturales, e históricas), contextuales (instituciones y políticas, falta de participación, corrupción), y próximas (percepciones, calidad de vida, redistribución de recursos, desconfianza, y mala comunicación). Entrelazados en cada uno de estos grupos están la contaminación ambiental y el agotamiento de recursos naturales.

Efectos Ambientales

Aún la minería más tecnológicamente avanzada y sofisticada genera múltiples impactos negativos al medio ambiente, y estos efectos inevitablemente se transmiten al ámbito social. Por ejemplo, a pesar de la implementación de mejores prácticas y estándares de cuidado ambiental, la presencia de metales pesados en las fuentes de agua de poblaciones cercanas a minas de tajo abierto es tan probable que los estudiosos lo tratan como un problema mitigable – no evitable. Se sabe también que concentraciones microscópicas de plomo, mercurio, y cianuro en la sangre tienen efectos adversos y perversos sobre la salud de los humanos o los animales que son su alimento. En los seres humanos genera enfermedades crónicas, anormalidades, deformidades y subdesarrollo de capacidades, especialmente entre infantes.

Una estudiante rural con cantidades mínimas de metales pesados en la sangre no solo padece de desnutrición, sino también sufre una perdida medible de atención, capacidad mental y escolar, y desarrollo como ser humano. Estos efectos se acumulan a través de la vida y tienen impactos sociales: mientras que pudo haber sido emprendedor, doctora, inventor, abogada, atleta o más, la más alta probabilidad es que, en vez de ello, estará enferma comúnmente, padecerá de discapacidades, vivirá en la pobreza y no desarrollará su máximo potencial, o fallecerá mucho antes que lo que señalan las expectativas de vida promedio. No solamente resulta afectada una persona de esta manera, sino que muchas en la misma localidad y en cada sitio. Además, este conjunto de impactos son transmitidos a través de generaciones, se acumulan y se convierten en un círculo vicioso de subdesarrollo humano, social, económico y político, a nivel estructural.

En otras palabras, estos impactos negativos pueden generar problemas mayores a la pequeña riqueza e inversión que atraen los proyectos mineros. Este ejemplo es solo una ilustración de cómo el impacto negativo de la contaminación generada por la industria minera tiende a escalar y acumularse. Queda sin mencionar el daño que sufren las economías locales y alternativas a la industria minera cuando el agua, el pasto, el ganado, y otros recursos son dañados a raíz de la contaminación, y la manera en que estos impactos también se acumulan y generan problemas estructurales.

También queda fuera el daño ambiental a nivel global causado por la eliminación de los hábitats en la superficie de la tierra en búsqueda de minerales en el subsuelo, así como sucede en ecosistemas vulnerables como bosques, cabeceras de cuenca y otros. Más aún, una pequeña mina de tajo abierto puede utilizar millones de litros de agua al día, la mayoría de la cual es irrecuperable, por más que se legisle sobre la el tratamiento y el desecho de todos los residuos (un tema importante en la ley minera de muchos países latinoamericanos).

El uso de agua depende de la calidad de la concentración de minerales en el subsuelo, la cual varía inmensamente, y depende también de los procesos utilizados por cada empresa. Adicionalmente, los métodos de observación y medición también son diversos. Por estas razones, es útil estudiar las estimaciones y mediciones de varios estudios académicos. Una de estas comparaciones enfocada en la minería de oro encontró que las minas más eficientes utilizan 260 toneladas de agua y 200 gigajoules de energía para producir cada 32 onzas de oro. Para producir esas mismas 32 onzas, también se genera un promedio de 18 toneladas métricas de gases de invernadero como dióxido de carbono, y 1,270 toneladas de desechos sólidos.[iii]

Para poner estas cifras en perspectiva, producir un solo anillo de oro de media onza y 18 quilates requiere la extracción de cinco toneladas de tierra, la quema de más de 833,333 vatios-hora de electricidad, y el daño permanentemente de más de 1,000 galones de agua dulce, el recurso más importante del planeta. De acuerdo con datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, casi 80% de todos los materiales utilizados en el proceso de extracción y refinamiento dentro de una mina de tajo abierto se vuelven permanentemente tóxicos y son irrecuperables.[iv]

Al fin de cuentas, la contaminación está garantizada en la industria minera, y sus efectos son incalculables. A largo plazo, los estudios de caso son casi unánimes en señalar y afirmar la tesis de “la maldición de los recursos,” la cual argumenta que, en contextos de baja capacidad institucional (así como se encuentra en todo el Sur global y los países en desarrollo), la extracción de recursos naturales no solo falla en sus metas de impulsar el desarrollo, sino que además incrementa los niveles de subdesarrollo en el entorno, que se puede medir en indicadores como la tasa de pobreza infantil, de educación primaria, la tasa de acceso a agua potable, la tasa de movilidad económica y social, y las percepciones publicas de corrupción política.[v]

Ganancias y Distribución

Además de las quejas ambientales que tienen las poblaciones rurales en sitios de extracción minera, la segunda causa más sobresaliente de la conflictividad que analizamos está enfocada en la mala distribución de ganancias y beneficios producidos por los proyectos mineros. Las investigaciones empíricas indican que los conflictos sociales relacionados a la minería tienden a escalar cuando las poblaciones rurales perciben que los beneficios de los proyectos no se comparan con los daños ambientales, sociales, y económicos causados directamente por los proyectos en sus localidades.

La degradación ambiental, incluso el agotamiento de los recursos y la contaminación, se acompaña de efectos sociales negativos.[vi] Estos comúnmente incluyen la dislocación de las economías locales; el desplazamiento y aculturación de los pueblos indígenas, la cual a su vez amenaza la extinción de las lenguas, tradiciones y culturas enteras; la integración de las personas en los estilos de vida urbanos y en la economía monetaria global, donde es posible que no tengan éxito, lo cual provoca que acaben sin trabajo (especialmente si vendieron sus tierras a cambio de lo que, como suele darse cuenta la gente más tarde, era un precio demasiado bajo); la ruptura de vínculos sociales locales, lealtades y esquemas de patrocinio; la decadencia de las normas y estructuras tradicionales; el aumento de la corrupción local, el alcoholismo, el crimen, el tráfico sexual y el tráfico de drogas; indicadores de salud negativos, como son las tasas de mortalidad infantil más altas, desnutrición y logros educativos más bajos; cargas pesadas sobre la infraestructura local; y más efectos idiosincrásicos, como por ejemplo la manera en que las explosiones controladas en los sitios mineros a veces dañan las casas y otros edificios cercanos.[vii] Sin ser reportado o atendido por otros actores, no cabe duda de que la mayoría de las poblaciones locales impactadas por la minería sí perciben estos cambios.

La redistribución de los ingresos (no de las ganancias) de cualquier proyecto a las poblaciones cercanas es de mayor importancia para mitigar estos problemas. Sin embargo, se debate cómo lograr esto sin impulsar las percepciones, y las oportunidades, de corrupción por parte de cuerpos administrativos en los diferentes niveles de gobierno involucrados, desde las comunidades y municipios hasta el gobierno nacional. Un antídoto contra estos problemas es la participación directa de la población. Es decir, la consulta popular no debe terminar en la aprobación de los proyectos. Los procesos participativos deben mantenerse activos y empoderados legalmente durante toda la vida de un proyecto minero, desde su propuesta hasta el cierre de cada mina.

Corrupción, Democracia, y Desarrollo

Los impactos negativos de la minería también son políticos y económicos, ya que tiende a aumentar el riesgo de corrupción política de funcionarios públicos, la disminución de la confianza democrática, la disminución de puntajes en los indicadores de desarrollo humano, y la generación de un estado anémico.[viii] Por tanto, la institucionalidad, la fiscalización, y la participación democrática son aspectos imprescindibles del desarrollo sostenible y pacífico.

Una de las raíces más importantes que genera conflictividad en los contextos de minería es la desconfianza que se genera entre las instituciones del estado, las empresas, y las comunidades del entorno. Cualquier reforma a la ley minera debe atender a la creación de espacios de autogestión, monitoreo participativo, y la incorporación creativa y exhaustiva de las poblaciones en la toma de decisiones. Más allá, hay que cuidar las relaciones cotidianas entre las empresas y las comunidades. Una forma eficaz de asegurarlo es por medio del requerimiento de entrenamiento formal de todo personal sobre el tema de derechos humanos. Sobre este tema continuaremos en la segunda parte de este informe.

 

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[i]Mi tesis doctoral se enfoca en cómo y por qué crece la conflictividad social en torno a las industrias extractivas, y como los diversos actores involucrados (estatales, empresariales, comunitarios, e internacionales) pueden lograr tres metas: (1) promover la intermediación, transformación, resolución, y prevención sostenible de conflictos; (2) construir las políticas, instituciones, y relaciones que puedan canalizar y resolver las quejas o tensiones que son inevitables en contextos de extractivismo; y (3) de esta manera asegurar que el desarrollo sea democrático, pacífico, y duradero. Esta tesis requirió seis años de trabajo, que incluyen más de 14 meses de trabajo de campo en zonas mineras de Perú, y la capital, Lima; el análisis comparativo de cuatro estudios de casos; revisión sistemática de más de 900 archivos y documentos; y más de 230 entrevistas con expertos, agentes estatales, personas dentro de la industria minera, cabildos, organizaciones sin fin de lucro, residentes de zonas mineras, activistas, y agentes de organizaciones internacionales y multilaterales (como la USAID y el Banco Mundial).

[ii]Marta Conde, Jonathan Gamu, and Philippe Le Billon, “The Rise in Conflicts Associated with Extractive Sector Projects – What Lies Beneath?” Canadian International Resources and Development Institute, 2017.

[iii]Gavin Mudd, “Resource Consumption Intensity and the Sustainability of Gold Mining” (presentación, 2nd International Conference on Sustainability Engineering & Science, Auckland, NZ, Febrero 20-23, 2007); Terry Norgate and Nawshad Haque, “Using Life Cycle Assessment to Evaluate Some Environmental Impacts of Gold Production,” Journal of Cleaner Production 29, vol. 30 (2012): 53-63. Ver también Benedicte Bull and Mariel Aguilar-Støen, Environmental Politics in Latin America: Elite Dynamics, the Left Tide, and Sustainable Development (New York: Routledge, 2015). Nuevamente, esto se refiere a las operaciones más grandes y eficientes, propiedad de empresas que utilizan las técnicas más comunes disponibles para la explotación de oro. Los sitios, las fuentes de mineral, y los procesos menos eficientes requieren sustancialmente más recursos y producen aún más desechos. También algunas minas formales, propiedad de corporaciones, consumen mucha más agua. Por ejemplo, la mina Argyle Diamond de Rio Tinto en Australia consumió 3,500 mega-litros de agua en el 2005; ver Perrine Toledano y Clara Roorda, “Leveraging Mining Investments in Water Infrastructure for Broad Economic Development: Models, Opportunities and Challenges,” Policy Paper, Columbia Center on Sustainable Investment, Marzo 2014.

[iv]Ben Hallman and Roxana Olivera, “How the World Bank is Financing Environmental Destruction,” The Huffington Post, Abril 15, 2015.

[v]Javier Arellano-Yanguas, “A Thoroughly Modern Resource Curse? The New Natural Resource Policy Agenda and the Mining Revival in Peru.” The Institute of Development Studies 300 (2008): 5-51; Bannon and Collier, Natural Resources and Violent Conflict; Philippe Le Billon, “The Geopolitical Economy or ‘Resource Wars’,” Geopolitics 9, no. 1 (2004): 1-28; Ross, “Review: The Political Economy of the Resource Curse”; Sachs and Warner, “Natural Resource Abundance and Economic Growth”; Karl, The Paradox of Plenty; Fiorella Triscritti, “Mining, Development, and Corporate-Community Relations in Peru,” Community Development Journal 48, no. 3 (2013): 437-450.

[vi]Piers M. Blaikie, The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries (New York: Longman, 1985); Piers Blaikie and Harold Brookfield, Land Degradation and Society (London: Routledge, 1987).

[vii]Javier Auyero and Debora Alejandra Swistun, Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown (Oxford: Oxford University Press, 2009); Victoria Sweet, “Extracting More than Natural Resources: Human Security and Arctic Indigenous Women,” Seattle University Law Review 37, no. 4 (2014): 1157-1178; Heather Turcotte, “Petro-Sexual Politics: Petroleum, Gender Violence, and Transnational Justice” (presentation, Annual Meeting of the American Political Science Association, 2011); Shelly Whitman, “Sexual Violence, Coltan, and the Democratic Republic of Congo,” en Natural Resources and Social Conflict: Towards Critical Environmental Security, eds. Matthew A. Schnurr and Larry A. Swatuk (New York: Palgrave McMillan, 2012).

[viii]Javier Arellano-Yanguas, “A Thoroughly Modern Resource Curse? The New Natural Resource Policy Agenda and the Mining Revival in Peru,” The Institute of Development Studies 300 (2008): 5-51; Terry L. Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro States (Berkeley: University of California Press, 1997); Michael Ross, “Review: The Political Economy of the Resource Curse,” World Politics 51, no. 2 (1999): 297-332.