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Una publicación de la asociación SER

María Ysabel Cedano: "El Estado es feminicida cuando libera a violadores"

A propósito del Día Internacional de la Mujer, Noticias SER conversó con la directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS, Maria Ysabel Cedano, quien hace un balance de las políticas estatales en relación a las mujeres y los desafíos que se tienen que atender para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

¿Cuál es el balance de las políticas del gobierno de PPK en relación a las mujeres?

Somos un país de leyes y políticas públicas que no se respetan, que son amenazadas por fuerzas políticas como el fujimorismo y sus aliados conservadores en diferentes bancadas del Congreso. Queremos expresar que lamentablemente somos un país de violadores, y que el Estado es feminicida cuando libera a violadores, agresores o asesinos y que rechazamos el indulto a Fujimori por los graves crímenes cometidos. En este escenario de crisis del gobierno, el balance no es positivo porque no podemos hablar de garantía de derechos en un contexto de tales características.

¿Qué ha hecho el Congreso en materia legislativa?

En lo que va del actual periodo solo se han aprobado 2 leyes a favor de derechos de mujeres en el ámbito penal, una de las cuales elimina los beneficios penitenciarios a violadores de niños y niñas. Por el contrario, hay una agenda legislativa anti derechos de las mujeres, pues por ejemplo, hoy mismo está en agenda de la Comisión de la Mujer el proyecto de Ley “Cunas Salvadoras” del congresista Lescano de Acción Popular, que busca cerrar las puertas al proyecto de Ley 387 propuesto desde la sociedad civil feminista para despenalizar el aborto por violación sexual y otras tres causales. Esta agenda anti derechos también comprende proyectos de Ley de Fuerza Popular y Acción Popular para eliminar el Enfoque de Género en la educación sexual integral y sacar de la currícula educativa los términos de “orientación sexual” e “identidad de género”; asimismo, están pendientes de dictámen por ejemplo, la modificatoria de la ley de las trabajadoras del hogar para garantizarles iguales derechos y el proyecto de Ley de servicio de cuidado diurno infantil. Igualmente, que se dictamine una agenda que busque reformas penales urgentes para mejorar el acceso a la justicia a víctimas de delitos sexuales.

¿Entonces hay más amenazas que avances?

Cuando se trata de que sesionen para ver las reformas penales urgentes como la reforma penal para que los delitos sexuales no prescriban, no lo hacen. Ni que decir de la derogatoria que hicieron del Decreto Legislativo 1323, que felizmente el gobierno observó pero que la insistencia de la derogatoria está permanente en la agenda legislativa del Pleno. La frase “ElKongresoNosMata”, se acuña a raíz de lo adverso que significa para las mujeres o personas de la diversidad sexual, la correlación actual del poder en manos del fujimorismo y sus aliados conservadores de las diversas bancadas, salvo excepciones como la bancada oficialita o de Nuevo Perú.  

¿Cómo ve la implementación de políticas de género en el sector educación?

Es lamentable que el fujimorismo y sectores conservadores hayan interpelado a ministros de Educación que le daban continuidad a la política educativa de Educación Sexual Integral y que por fin había logrado colocar en la curricula educativa la obligación de prestar educación sexual integral con enfoque de género, para que luego, en el denominado “Gabinete del Indulto” se coloque a un ministro que desde el primer momento mostró su talante machista y no tengamos mayor rendición de cuentas sobre cómo se viene implementando esta política. El actual ministro ha dado declaraciones ambiguas, insistiendo que el Enfoque de Género es hablar solamente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y no de sujetos de derechos que son diversos. Hemos escuchado los resultados de los estudios hechos por el Instituto de Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Cayetano Heredia y vemos que los argumentos que se dan para no continuar con la política son falaces, porque se dice que no hay una demanda de garantías de ese derecho por padres y madres de familia y no es así. Hay una necesidad planteada desde madres, padres y magisterio de que se reciba esa educación sexual integral.

En relación a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género - PNCVG ¿Se tienen algunos avances?

En sí mismo es un gran avance, es el correlato de la aprobación de Ley 30364. Lamentablemente el problema es la falta de voluntad política del gobierno, de la Premier y de la ministra del sector. Estamos demandado que la Comisión Multisectorial sesione, se apruebe el Plan Bianual y que en esta sesión tengan roles fundamentales el Ministerio de Educación y de Economía y Finanzas. Hay una buena base con la Ley y el Plan pero el problema es la implementación por falta de voluntad política y de enfrentarse con los sectores conservadores y además, arrancarle al poder económico la inversión que se necesita a través del sistema tributario y fiscal para que se pueda tener el presupuesto público necesario.

En ese contexto ¿qué opina del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2017 - 2021?

DEMUS ha pedido la renuncia del ministro de Justicia porque la aprobación del Plan es una burla al proceso de consulta con la sociedad civil. El Plan viene a ser una suerte de gesto que el gobierno ha querido dar a la comunidad internacional, sin embargo, no se reconoce en este Plan sus compromisos para hacer justicia y reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas, no las reconoce como titulares de derechos. Solo se encuentra la aprobación de una mesa de trabajo para evaluar la problemática, cuando el compromiso del Estado ante la CIDH es de tener un grupo de trabajo para evaluar una política de reparaciones integrales con participación de las víctimas. Es un Plan que omite absolutamente a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Si bien, es importante señalar que asume el deber de prestar defensa jurídica para que las personas trans puedan llevar procesos judiciales de cambio de sexo o de nombre como titulares de derecho, no hay el mismo reconocimiento a personas lesbianas o bisexuales. Entonces, el Plan no hace eco de todas las propuestas formuladas en el proceso de consulta y no es fuerte en materia de protección integral a defensoras y defensores de territorio que se enfrentan a empresas extractivistas.

¿Cómo es que se pueden revertir el retroceso señalado que viene siendo impulsado por los sectores conservadores?

Es muy importante que forjemos una cultura de prevención, basada en derechos humanos. Una cultura feminista para que podamos interpelar esta cultura paternal, machista, heteronormativa y trabajemos en un sentido común de igualdad radical y real, a través del ejercicio de nuestros derechos a participar, a la libre expresión, al debate público, a la verdad, a la información. Tenemos que poder formar a las nuevas generaciones en el modo de una ciudadanía activa y comprometida con los derechos de las mujeres pero de una manera permanente para resistir y pasar a la ofensiva.