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Una publicación de la asociación SER

Javier Documet: “Las autoridades regionales de salud planifican sin incluir todos los recursos con los que cuentan”

Omar Rosel

Desde el mes de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud advertía del peligro y la propagación del coronavirus en el mundo, el gobierno central ha ido adoptando una serie de medidas, especialmente en las últimas tres semanas y muchas de ellas vinculadas al sector salud. Esta emergencia ha puesto en evidencia las precariedades de nuestro sistema de salud y del sistema administrativo gubernamental que hoy busca adecuarse a una situación de emergencia. Para analizar la forma como viene respondiendo las instancias gubernamentales y el sector salud a la coyuntura que vive el país, Noticias SER entrevistó a Javier Documet Pinedo, Adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo

¿Qué acciones viene desplegando la Adjuntía para la Administración Estatal en este contexto de estado de emergencia sanitaria?

Iniciamos con la supervisión de los planes de preparación y respuesta, porque la Resolución del Ministerio de Salud (MINSA) del 31 de enero, disponía que las regiones emitan dichos planes. Eso nos permitió constatar que había un grupo de regiones que a inicios de marzo no lo habían hecho. Dimos cuenta de esta situación al MINSA, precisamente para que brinden asistencia técnica y acompañamiento en el asunto. Luego cuando ocurrió el primer caso de infectado con Covid-19 y el 18 de marzo el MINSA emitió una resolución en donde solicitaba un plan distinto, sobre reforzamiento, también motivo la supervisión de la Defensoría del Pueblo y hemos verificado que hasta el 23 de marzo un buen número de gobiernos regionales todavía no tenían sus planes. Aunque, luego de esas fechas también hemos conocido que los planes han sido entregados.

¿Qué hallazgos se encontraron en la supervisión de los planes regionales de reforzamiento del servicio de salud?

Los planes de reforzamiento están enfocados en saber con la cantidad de los hospitales de referencia que cuenta la región, a los que se derivaran los casos de COVID positivo y también organiza la primera y segunda línea de atención. Pero vemos con mucha preocupación que las autoridades regionales de salud planifican sin incluir todos los recursos con los que cuentan, que deberían incluir los recursos de que disponen el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, Essalud, la Sanidad  de las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas, así como el sistema de salud.

¿Por qué los gobiernos regionales no han incorporado todos los recursos disponibles en sus jurisdicciones?

Como se sabe nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado, esto complica la organización y, la respuesta rápida. Entonces, al amparo de la Ley General de Salud, del articulo 82 y del Decreto Supremo que establece la emergencia, la autoridad sanitaria nacional y regional tiene la potestad de organizar todos los  recursos médicos asistenciales con que se cuenten, incluso los que no sean  del Estado, porque es una potestad para momentos de emergencia. Esta es una observación que hemos hecho y una recomendación a los distintos gobiernos regionales.

Pero ¿los planes de reforzamiento precisan respuestas adecuadas ante posibles casos de coronavirus y para contener el contagio?

Uno de los últimos planes que hemos recibido es de Loreto y una cosa que preocupa es que hay mucha información innecesaria y no existe información suficiente para establecer un juicio correspondiente. Algunas regiones tienen más recursos y otras no, como el caso de Loreto que tiene escenarios de desborde y ellos señalan que habilitarían hasta 205 camas de hospitalización y 26 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que nos parece muy reducido. Ahora también debemos señalar que el personal sanitario y el que trabaja en la administración de las direcciones regionales y las gerencias de salud, en este momento, están con un desborde lógico de labores.

¿Se puede decir que el sistema de salud en el Perú no está la capacidad de responder ante ésta emergencias?

El sector salud tiene una capacidad muy limitada, pero es destacable el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno por adecuarlo a una situación de emergencia. Como sabemos es un sistema de salud que se está viendo desbordado por sus propias carencias e insuficiencias. Nuestro sistema de salud está descentralizado, y son las direcciones de salud las que tienen la responsabilidad en las regiones, pero también hay actores públicos como Essalud, la sanidad policial o militar que también tiene un número importante de recursos médicos en las regiones, y es necesario conducirlos de manera única. Una de las primeras recomendaciones que el Defensor del Pueblo le ha planteado al MINSA es que se haga uso de la prerrogativas de las potestades legales que le asiste al gobierno nacional para asumir un mando único de la emergencia, de modo tal que se pueda centralizar por ejemplo el conocimiento y el uso posterior de los recursos como las camas de hospitalización o camas para UCI en cada región. En una emergencia todos nuestros recursos se ponen a disposición de quien lidera la emergencia, como están haciendo las clínicas privadas, por eso es saludable que se haya establecido un comando unificado como el que anunció el Presidente.

¿Qué se recomienda para que se garantice que el bono 380 y las canastas de víveres lleguen a las personas y familias altamente vulnerables?

La Defensoría del Pueblo le ha dirigido un oficio al Viceministro de Gobernanza, donde hemos recomendado que en la elaboración de las listas de beneficiarios responda a criterios de necesidad, para quienes no hayan sido todavía atendidos con otros bonos del estado, y que la elaboración de las listas y entrega de la canasta sea fiscalizada por comités de vigilancia ciudadana con distintos estamentos de la sociedad civil. Si bien es cierto la información del SISFHO es muy útil, no va a ser necesariamente la información que utilicen las municipalidades. Además hay una obligación de dar a conocer el padrón de beneficiarios y eso es algo que hemos recomendado. La Defensoría del Pueblo estará atenta con las 38 oficinas a nivel nacional, verificando y supervisando que los alcaldes no hagan un uso de las canastas distinto al que se ha previsto.

¿Considera que hay una adecuada administración de los mercados en esta situación de emergencia?

Los mercados continúan con sus operaciones, dentro de los horarios que están establecidos,  que es algo positivo porque permite que fluya el abastecimiento. Lo que ha ocurrido  es que las municipalidades han establecido algunas reglas que tiene que ver con control sanitario. Ahí hay una discrepancia que  la autoridad sanitaria la pueda definir, porque los propios decretos que han establecido la emergencia definen roles y funciones a las municipalidades para que den normas que complementen y ayuden a que se cumplan las normas de la emergencia. Entonces, las reglas que se están estableciendo para el acceso al mercado por ejemplo, con mascarilla o los horarios y demás. Son reglas complementarias, pero lo importante es que los mercados o centros de abasto puedan funcionar de tal modo que el abastecimiento para las familias y lass personas, que estamos cumpliendo  la cuarentena, puedan llevarse a cabo sin mayores contratiempos.