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Una publicación de la asociación SER

Francisco Durand: “La clase empresarial ha perdido control del poder político”

Foto: PuntoEdu

Omar Rosel


Si bien las grandes empresas deudoras tributarias fracasaron en su intento de buscar la prescripción de sus deberes con el Estado vía el Tribunal Constitucional, la controversia ha revelado las argucias y malas prácticas de los empresarios para eludir sus obligaciones frente al Estado. De otro lado, la reciente inscripción en el Partido Aprista del empresario minero Roque Benavides  ha colocado en agenda su posible candidatura presidencial. Para conversar sobre ello, Noticias SER entrevistó a Francisco Durand Arp Nissen, sociólogo e investigador de los grandes grupos económicos en el Perú.

La reciente discusión en el Tribunal Constitucional fue sobre la constitucionalidad del decreto Legislativo 1421. Este decreto busca bloquear una resolución del Tribunal Fiscal que modificó en 2017 el cálculo de plazo para cobrar multas tributarias antes que prescriban. ¿Cómo interpretar estas acciones del Tribunal Fiscal? 

Es un intento de elusión de impuestos, donde varias empresas aprovecharon las contradicciones o vacíos legales existentes. Son empresas que tienen grandes deudas con la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). Si bien no es posible detectar casos directos de influencia, creo que si hay decisiones que favorecen abiertamente a las empresas privadas que no han pagado los impuestos, lo que afecta fuertemente al sector público. Es posible que sea un lobby. Lo más extraño de todo este caso es la decisión del Tribunal Fiscal, que es la que desata este problema de interpretación legal. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas con el DL 1421 es subrayar la autoridad del Estado para cobrar impuestos en los plazos que están señalados en el código tributario, que tiene 4 años para fiscalizar y después 4 años para asegurarse el pago de los impuestos.

El Colegio de Abogados de La Libertad no era directo afectado con el Decreto Legislativo 1421, pero fue la entidad que activó el pedido de inconstitucionalidad ¿Cómo interpretar este gesto?

Imagino que han ido buscando algún Colegio de Abogados que asuma esta demanda de inconstitucionalidad y lo han encontrado en Trujillo. Es raro, porque lo lógico es que si son empresas con sede en Lima y que operan principalmente en Lima, ahí debió haber ido el apoyo de los abogados. Creo que el mundo jurídico está dividido en estos casos. Hay quienes favorecen al sector privado y que hacen planificación tributaria, buscan formas de eludir y ganan muchísimo dinero en este proceso. Pero también hay  quienes dicen no pues, acá hay una contradicción legal y ya no es posible buscar una demanda de inconstitucionalidad que es tan lesiva a los intereses del sector público. Y la opinión pública estuvo alerta, ello explica la decisión del Tribunal Constitucional de no darle la razón a las empresas.

¿A qué se debe que grandes empresas buscan permanentemente eludir sus obligaciones tributarias, a pesar de sus ganancias? 

Bueno, en parte es que a las empresas no les gusta ser multadas luego de una fiscalización, donde se descubre evasión tributaria; entonces, luchan hasta el final para tener una resolución favorable y apelan a todas las  instancias, por lo cual judicializan el caso y demoran el cumplimento del pago. En el caso del decreto legislativo que llegó al Tribunal Constitucional, debió morir en el Tribunal Fiscal. Ahí me parece que está la clave de todo este asunto, hay que responder a preguntas como quiénes son los miembros de ese Tribunal Fiscal, de qué sala son, y por qué han decidido tamaña irregularidad.

El Estado tiene dificultades para cobrar estas deudas tributarias, ¿es por los vacíos en las leyes o hay otros factores? 

Es que tenemos un Estado fácilmente penetrable por los intereses económicos. Es un Estado que pierde el control de la legislación o de la  jurisprudencia, como es el caso del Tribunal Fiscal, que se deja  influir por estos grandes intereses. Hay una maraña legal y los abogados de las grandes corporaciones la aprovechan para que su cliente pague la menor cantidad de impuestos. Descubren que es un Estado influenciable, débil, y en los siguientes casos vuelven a usar el mismo mecanismo hasta que se hace habitual. Es un Estado muy poroso, que se deja influir, permite que haya contracciones legales y eso muchas veces es el resultado de la influencia.

En este contexto, ¿cómo interpretar la inscripción de Roque Benavides en el APRA, para posiblemente candidatear en las elecciones del 2021?

Buenaventura es una empresa favorecida y privilegiada en sus relaciones con el Estado, de diversas maneras. Una de ellas son las concesiones mineras, porque destaca como la empresa con más concesiones mineras y eso llama la atención. Por otro lado, es una empresa que cuando tiene la obligación de pagar impuestos, ve la forma de evadirla, como ha quedado en evidencia en el caso que comentamos. Es posible que Roque Benavides, en parte por ambición personal, en parte también para resolver los negocios de sus empresas o de sus socios como Minera Yanacocha, este buscando tener  presencia política directa en el Estado y desde ahí cambiar la legislación para que sea favorable a las grandes empresas y haya menos regulación ambiental, y para que la SUNAT tenga menos poder. Creo que se ha llegado un punto donde la clase empresarial ha perdido control del poder político, ya no confía en la clase política. Por ello, está buscando una representación directa en el Estado.