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Una publicación de la asociación SER
Sociólogo de profesión y actual coordinador de la oficina regional en Cajamarca de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Eduardo Vega: "Antes, la ciudadanía tenía una alta tolerancia frente a la corrupción y eso ha cambiado"

La corrupción en los gobiernos regionales es un asunto que merece especial atención. Basta conocer que un buen número de ex gobernadores están siendo investigados por dicha razón. Sobre el asunto, Noticias SER entrevistó a Eduardo Vega, ex Defensor del Pueblo y actual Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien además opina sobre la aprobación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

¿Qué tan grave es la corrupción en los gobiernos regionales?

Salimos de un periodo grave de corrupción en gobiernos regionales. De los 25 gobernadores regionales salientes, por lo menos 19 estaban con investigaciones o procesos por corrupción. Las cifras que maneja la Procuraduría Anticorrupción son escandalosas, hablamos de más de 34 mil casos que dan cuenta del nivel de gravedad al que se llegó. Analizando los casos de Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Piura y Moquegua y a grandes rasgos vemos que hay un modo de actuar de la corrupción, siendo el elemento central el financiamiento de las campañas electorales. El financiamiento privado compromete al futuro ganador a devolver o darle preferencia al financista y lamentablemente en la última campaña no varió mucho. Ojalá luego del referéndum tengamos mejores elecciones, que no signifiquen una hipoteca.

¿Por qué no funcionan los sistemas de control estatal?

En Lima se cree que cuando una norma se dicta se va aplicar en todo el Perú automáticamente y eso nunca ha sido así. Las dinámicas regionales tienen un propio ritmo bastante independiente. Lo segundo es que si en Lima se ha tenido dificultades para controlar el dinero que ingresa a las campañas, en las regiones, provincias y distritos aún más. Nuestros órganos electorales estaban bastante limitados, su labor era posterior al proceso. Lo tercero es que si se encontraban irregularidades y se sancionaban, las sanciones eran de tipo económico y muy pocos cumplían. De ahí la necesidad de que se mejore el modelo de financiamiento privado; darle más facultades a la ONPE para una supervisión efectiva y se emitan sanciones también de tipo político, con la posibilidad incluso del retiro. Todo eso configura un marco distinto.

Ahora, ¿qué avances se han dado desde la gestión de la Contraloría al mando de Nelson Shack para afrontar el problema?

Las líneas básicas de una nueva forma de control se están bosquejando. Espero que los resultados los podamos ver en este año y los próximos, pero hay tres elementos que marcan un cambio. Primero, la Ley de Fortalecimiento que se dictó a mediados del año pasado y básicamente el elemento central es el cambio de eje hacia una supervisión mucho más concurrente. Eso requiere un cambio sustantivo incluso en el perfil del personal. Queremos una Contraloría que esté acompañando desde el momento de ejecución de los procesos, que señale errores que puedan corregirse en el camino. Finalmente, una mayor presencia nacional. Se ha anunciado que se tiene por lo menos una oficina en cada provincia pero no está en todos los distritos y probablemente sea muy difícil. El propio Contralor señaló que es muy difícil que Contraloría esté en cada obra y aproximadamente en el Perú hay 30 mil obras cada año. Se requiere por tanto que sea el propio ente ejecutor quien tenga que poner sus sistemas de integridad.

¿Qué puede decir del rol de la ciudadanía?

Hay un antes y un después. Antes, la ciudadanía tenía una alta tolerancia frente a la corrupción y eso ha cambiado, la tolerancia se ha ido reduciendo a partir del 2017. Los casos de corrupción han hecho reaccionar a la ciudadanía y las propias elecciones regionales, porque ha habido una mayor reflexión al momento de elegir. Estoy convencido que tenemos que pasar a un tercer momento al que llamaría de actuación o vigilancia activa de la ciudadanía, con el apoyo técnico de profesionales. Precisamente, quienes están en deuda son los colegios profesionales porque se han quedado callados o no han tenido una actitud muy activa para denunciar la corrupción. Una conjunción entre ciudadanía y colegios profesionales puede ayudar mucho a que la vigilancia se potencie.

Como parte de su labor está recorriendo algunas regiones y últimamente estuvo en Cajamarca ¿Percibe que hay voluntad de cambio en los nuevos gobiernos regionales?

En Cajamarca desarrollamos un taller al que hemos llamado “Una nueva oportunidad para los gobiernos regionales en su lucha contra la corrupción”. Estamos al inicio de las gestiones y hay que pedir gestos muy claros de compromiso contra la corrupción, eso lo hemos visto con Mesías Guevara, pero esos gestos y acciones tienen que estar acompañados de planes concretos en 4 áreas sensibles: En el área de abastecimiento y logística. En las grandes obras de infraestructura, para eliminar el famoso “diezmo” y con la mirada en el expediente técnico. En el área de servicios públicos como educación, salud y agua y saneamiento y finalmente en el área de recursos humanos para que se instale una verdadera meritocracia, porque si tenemos preocupantes cifras de anemia no es por falta de recursos, sino por mala gestión de funcionarios.

Se aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ¿Cómo la calificaría?

En medio de toda la tensión que hubo hay que saludar el esfuerzo por aprobar una norma difícil y que tiene que ser sustantivamente distinta a lo que tuvimos con el Consejo Nacional de La Magistratura (CNM). El mensaje es claro, tenemos que pasar de un CNM totalmente corrupto a un nuevo organismo que supere a esos problemas. Debo decir que hubieron varios intentos por tratar de que las cosas no cambiaran, por quitarle la plena autonomía y el nuevo modelo que queríamos instaurar en la JNJ, pero creo que no lo lograron. Haciendo una evaluación final de la norma aprobada, hay aspectos positivos y algunas preocupaciones que han quedado pendientes.

¿Cómo cuáles?

Un aspecto positivo es que se conservó la unidad entre la JNJ y su comisión especial para elegir a esta Junta. Segundo, el asignar que se apruebe una ley que tiene un título preliminar en el que se señalan básicamente las líneas maestras que están detrás de esta nueva institución. Tercero, que es el carácter público de los votos y que junto con los requisitos es un buen elemento para ser miembro de la JNJ.

¿Y las preocupaciones?

Señalaría tres grandes que espero que se traten en algún momento. Primero, el tema de la paridad. Se tiene que entender que hay una desigualdad y quienes ejercen una función pública deben brindar lo que se conoce como acciones afirmativas, promoviendo mayor participación de las mujeres. Segundo, la posibilidad de que miembros de partidos políticos puedan integrar la JNJ con el simple hecho de suspender su militancia, porque lo que queremos es una justicia que resista los embates de la política y eso requiere integridad, pero sobre todo una absoluta independencia de partidos. Lo tercero es que la comisión especial va a tener la secretaría técnica de carácter permanente y la propuesta que hicimos es que sea privada y que una vez terminado el proceso de selección de los integrantes de la JNJ desaparezca hasta 5 años después para llevar adelante el nuevo proceso de selección. En mi opinión es innecesaria tenerla funcionando permanentemente.

Descarga aquí  https://bit.ly/2WOrrPM

El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. Los Casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios  

Foto: Elbuho.pe