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Una publicación de la asociación SER

Desaparecidos: los retos para encontrar a los más de 20 mil peruanos que nos faltan

Los 20 años de violencia política que vivió nuestro país, entre 1980 y 2000, dejaron más de 20 mil desaparecidos, cuyos familiares hasta ahora demandan al Estado la ubicación y restitución de los restos de sus seres queridos, así como la exhumación de más de 5 mil fosas comunes por razones humanitarias. A finales de mayo del 2016 se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desparecidas que prioriza el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en aquellos años. Para conocer sus avances Noticias SER entrevistó a Mónica Barriga, titular de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

 

¿Hasta la fecha qué trabajos se han ido avanzando en el marco establecido por la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas? 

Se ha avanzado en tres ámbitos. Primero, la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (PNBPD) con la participación activa de la sociedad civil y aprobado mediante una resolución del Ministerio de Justicia en diciembre de 2016, en el marco del cual se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Asimismo se ha avanzado en la elaboración del registro nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro (RENADE), considerando que no existía una cifra oficial que ahora ya existe.

Hasta el momento, ¿cuántas personas desaparecidas se han logrado registrar?

Desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas estamos recogiendo información en campo de casos nuevos que no han sido registrados o denunciados ante ninguna autoridad. Asimismo, existe información del Registro Único de Víctimas que la maneja el Consejo de Reparaciones, así como del Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada de la Defensoría del Pueblo y la información de la Comisión Multisectorial (CMAN) creada para la implementación de las reparaciones propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La Dirección ha hecho un proceso de depuración, centralización y organización de toda esta información, obteniendo como resultado que existen más de 20 mil personas desaparecidas.

¿Cuántos sitios de entierro se han registrado y cómo están haciendo para la protección de los mismos?

El número que señaló la CVR es aproximadamente de 4300 sitios de entierro. Nosotros estamos haciendo el proceso de verificación de dicha cifra. Pero se han reportado nuevos sitios y calculamos que hay 2 mil sitios adicionales a los que reportó la CVR. Para su protección tenemos diferentes estrategias. Dentro del marco de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con enfoque humanitario vemos si el sitio de entierro se encuentra en riesgo de pérdida o de destrucción, en ese caso informamos a las autoridades locales con la finalidad de que se implementen mecanismos de protección. Este trabajo de actualización lo estamos iniciando en Ayacucho, por ser la zona con mayor número de sitios de entierro del país.

¿Cuáles son las etapas de la búsqueda de desaparecidos o exhumación de restos con enfoque humanitario?

Se tiene una directiva que regula la búsqueda de desaparecidos con enfoque humanitario, la cual fue aprobada en diciembre de 2017 estableciendo tres etapas. La primera es la Investigación Humanitaria, en la que se recoge toda la información sobre el contexto, se toma contacto con los familiares, las autoridades locales y la comunidad, se recogen testimonios y se revisan las fuentes documentales. Todo este proceso lo realiza el equipo de la Dirección General de Búsqueda de las Personas Desaparecidas. Una vez que se ha identificado y hay información suficiente sobre el sitio de entierro y quiénes son las posibles personas que están allí enterradas pasamos a la segunda etapa, que es la Intervención Conjunta con el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público. En esta etapa se realiza la exhumación y los análisis a fin de identificar los restos óseos recuperados. En toda esta etapa también participa nuestro equipo pues contamos con expertos antropólogos, arqueólogos e historiadores. La tercera etapa es la restitución de los restos recuperados en una ceremonia de entrega. Es importante tener en cuenta que no en todos los casos existen restos que restituir, sea por las condiciones geográficas o el tiempo transcurrido, pero desde la Dirección se brinda una respuesta a los familiares a fin de garantizar el derecho a la verdad. Además, se realizan ceremonias simbólicas para el cierre del proceso. También existen casos en los que las personas están vivas, pero están en otros lugares. Durante todo el proceso contamos con acompañamiento psicosocial para los familiares, así como el necesario apoyo material y logístico.

¿Se tiene algún cronograma para el desarrollo de los trabajos de exhumación y cómo se priorizará la intervención?

Nosotros, desde noviembre del 2017, ya empezamos a salir a campo y hemos consolidado la información. Estamos en diferentes comunidades de Ayacucho, Huánuco y Junín, donde hemos realizado la investigación humanitaria. El cronograma está centrado en este momento en Ayacucho y Huánuco porque son los dos departamentos con el mayor número de personas desaparecidas y en los que contamos con sedes descentralizadas para avanzar con el trabajo.

Hay restos humanos que se han exhumado y que están en los ambientes del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público. ¿Qué están haciendo para poder identificarlos, porque también demanda la creación de banco del perfil genético para ello?

Este es un tema un poco más complejo porque son restos que ya fueron exhumados y que están pendientes de identificación por parte del Ministerio Público. Tenemos un reporte que señala que existen aproximadamente cerca de 1200 restos almacenados en las instalaciones del Ministerio Público, lo cual es de suma preocupación. Además, los familiares han recurrido a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En este caso, lo que estamos haciendo es un trabajo de coordinación con el Ministerio Público para que se le dé prioridad. Con la información antropológica y de contexto que se tiene sería posible identificarlos sin necesidad de la prueba de ADN, que es lo que está retrasando la entrega a los familiares, prolongando el duelo y la incertidumbre. Nosotros hemos puesto nuestro personal a disposición del Ministerio Público para apoyarlos técnicamente y que permitan el acceso a los informes a fin de realizar un trabajo conjunto para dar una pronta respuesta a las familias.

¿Cuántos restos exhumados e identificados ya se ha  logrado entregar desde la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

La primera entrega se realizó el pasado 14 de agosto en Ayacucho, donde se restituyeron 14 restos humanos en diferentes comunidades de Vinchos, Acocro, San José de Ticllas y Cangallo.

¿Cuáles son las principales dificultades que se han podido encontrar en estos años de trabajo con respecto a la búsqueda de desaparecidos?

Uno de los desafíos de nuestra oficina es poder articular a todas las autoridades involucradas para un trabajo coordinado y así avanzar cada uno desde el ámbito de nuestras competencias. Que el proceso no esté en el marco de una investigación penal hace que para muchas autoridades sea un cambio y eso genera una etapa de transición, porque no estamos en el marco de los plazos judiciales y la finalidad del proceso es totalmente diferente. El proceso penal y la búsqueda humanitaria se complementan, no se contradicen, pero necesitamos que las autoridades competentes se pongan al ritmo de estos nuevos plazos y etapas, porque la finalidad es dar una respuesta pronta a los familiares. Por el contrario, el proceso penal lo que busca es identificar quiénes fueron los responsables de la comisión de un delito.

¿Se tiene el presupuesto suficiente para realizar el trabajo de búsqueda de desaparecidos?

Ese es otro gran desafío porque las entidades muchas veces tienen la mejor voluntad para avanzar en incorporar el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, pero la limitante es el presupuesto asignado para la conformación de equipos, para el material, para casos específicos en los que se requiere una prueba de ADN, que por los costos se ha convertido en un cuello de botella. El otro reto es el tiempo que ha transcurrido, estamos hablando de personas que desaparecieron hace 30 años, entonces los familiares muchas veces han migrado o son personas muy mayores que ya no pueden esperar más, por ello necesitamos agilizar el proceso antes de que sea demasiado tarde.

Ayacucho

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