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Una publicación de la asociación SER

Ana Leyva: "No más fuerza, es institucionalidad lo que se necesita para resolver los conflictos"

Foto: Facebook CooperAcción

Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion.

 

¿Qué opina de las expresiones de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, quien ha exigido más fuerza del gobierno para resolver los conflictos?

Yo creo que no se trata de fuerza, no más fuerza, es institucionalidad lo que se necesita para resolver los conflictos. Los conflictos que existen son por problemas de institucionalidad y falta de diálogo. El problema de las Bambas viene desde hace mucho tiempo, cuando se amplía la carretera y toman parte de las tierras de las comunidades a lo largo de la carretera. El tema de sus tierras no se ha resuelto porque el Estado las ha tomado para ampliar la carretera que hace viable el transporte del mineral y no resuelve ese problema. Por ello es que la gente tiene ese malestar.  

¿Considera que el conflicto en las Bambas se agravará más, porque el diálogo entre la comunidad de Fuerabamba y MMG no está avanzando? 

No es la primera vez que se construye una vía o carretera, el asunto es que hay un procedimiento que se tiene que cumplir, se tiene que respetar y debe ser válido para todos. Se trata de prevenir haciendo las cosas bien, aquí la propia legalidad no ha sido respetada. En el conflicto de las Bambas hay una responsabilidad compartida entre el estado y la empresa minera. 

Pasando a un conflicto que nunca se resolvió ¿Qué opina de la presión de la minera Southern para sacar adelante el proyecto minero Tía María?

Lo que se sabe es que el proyecto tenía aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA), pero que vence en el mes de agosto de este año. Ello explica la presión, porque si Southern no obtiene la licencia de construcción antes de ese plazo tendrá que elaborar un nuevo EIA. Ahora bien, el proyecto minero Tía María es socialmente inviable, porque la gente no quiere, entonces ahí hay un problema de tensión fuerte.

¿Cómo evalúa el accionar del gobierno en La Pampa? ¿Cree que finalmente el Estado se ha tomado en serio el problema de Madre de Dios?

Creo que el problema tiene varias aristas y lo que se debería hacer es abordar la integralidad del problema, porque hay que considerar que miles de personas viven de dicha actividad, pero también hay una fuerte destrucción de la amazonia, lo que hace que la actividad minera en esa zona sea insostenible. Por ello, no solo se trata del uso de la fuerza policial, porque ese tipo de intervención es temporal, no se puede mantener por siempre. Si no se trabaja la otra dimensión del problema, buscando actividades de reemplazo, cuando la policía se retire de La Pampa seguramente volverá la minería informal e ilegal.

Cuando Salvador del Solar fue Ministro de Cultura afirmó que la consulta previa creaba falsas expectativas ¿Su nombramiento en la Presidencia de Consejo de Ministros es una señal que la Consulta Previa seguirá neutralizada?

Lo cierto es que la consulta previa no está sirviendo para defender derechos, lo haría si este proceso ayudara a poner condiciones para la inversión y realmente no está permitiendo hacerlo para inversiones extractivas. El momento y la forma en que se realiza no permite eso y se requiere un cambio para que garantice derechos. La consulta previa es un derecho que debe facilitar o permitir ejercer otros derechos, es un medio para y, en eso no está resultando la consulta. No sé si realmente haya la voluntad política para estos cambios que se requieren, para poner condiciones a las inversiones, porque en el Perú se considera que toda inversión es buena y no necesariamente es así. Todo lo ambiental implica costos, poner condiciones ambientales implica costos, pero tienen que ser asumidos, porque a la larga resulta ser beneficioso, porque ya no tendrías conflictos y los conflictos también le cuestan a la empresa, hay que tener una mirada de largo plazo y a veces nos quedamos solo en el corto plazo.

¿Qué opina sobre las acusaciones al premier Del Solar de hacer presuntamente lobbies ante el Tribunal Constitucional cuando era Ministro de Cultura para abogar por una empresa minera en desmedro de los derechos de una comunidad de Tiquilla de Puno?

Si lo hizo está mal, porque el Poder Judicial así como el Tribunal Constitucional deben ser independientes, en especial este último que es el último nivel del Estado al que podemos recurrir ante la vulneración de derechos y de la última palabra. Cuando alguien tiene poder de influencia no debería intervenir de esa manera.

¿Cuál es su parecer sobre la situación de los pasivos ambientales en Hualgayoc?

Creo que el Estado debe garantizar la inversión, pero también la recuperación de los pasivos para que no contaminen.  Tenemos que tomar conciencia de los costos de ciertas actividades y asumirlos. Para ello se debe garantizar los montos de inversión necesaria, ya que los pasivos son enormes, y están repartidos por todo el país y es costosísimo asumir, pero hay que hacerlo, porque finalmente la población local es la que asume los costos y sufre las consecuencias.