Jo-Marie Burt

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Por Jo-Marie Burt

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Hace mes y medio, el movimiento de derechos humanos celebró un importante triunfo. Frente al Decreto Ley 1097 impuesto por el gobierno de Alan García, que no fue otra cosa que una ley de amnistía encubierta para consagrar—nuevamente—la impunidad en el Perú, la sociedad civil, así como la comunidad internacional, se movilizó en rechazo de dicha medida. Su movilización y la razonada denuncia del Decreto Ley que levantó la sociedad civil captó la atención de Mario Vargas Llosa. En una carta al Presidente García, en la cual anunció su resignación como presidente de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, hizo eco a esas denuncias: el Decreto Ley constituía “una triquiñuela jurídica”, decía, cuya propósito era abrir “la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos,  cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana”. Pocas horas después de la publicación de la carta del novelista, García revocó el Decreto Ley 1097.

Por Jo-Marie Burt

La sentencia condentoria por los casos Barrios Altos-Santa-Pedro Yauri emitida el viernes pasado es —que duda cabe— un golpe contundente contra la impunidad. Con esa sentencia, ahora todos los principales líderes del Grupo Colina están condenados y purgarán largas y merecidas penas en prisión. Su líder máximo, el ex presidente Alberto Fujimori, ya fue sentenciado el año pasado por ser el autor mediato de la masacre de Barrios Altos y otros crímenes, entre ellos la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.

Jo-Marie Burt

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Pensé escribir esta columna sobre los terribles reveses que ha sufrido el proceso pos-CVR. Pensé escribir sobre la rearticulación de un sector muy conservador, quasi fascista, que rehúsa reconocer el rol de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos, que insiste en repetir el discurso oficial asentado en la época de Alberto Fujimori de que Sendero Luminoso y el MRTA son responsables de todos los muertos durante la época de la violencia política. Pensé escribir sobre cómo el proceso de judicialización sigue estancado y que las exhumaciones no avanzan, que el Concejo de Reparaciones, a pesar de haber registrado a casi 77,000 víctimas, no ha entregado hasta el momento ninguna reparación individual.

Jo-Marie Burt

En Argentina, periodistas y estudiantes han venido siguiendo de cerca los juicios contra ex militares y policías acusados de haber cometido u ordenado graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura argentina (1976-83). En un artículo periodístico, Página 12 reporta sobre los efectos de seguir de cerca los juicios: escuchar a diario los testimonios de horror de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, donde se practicaba diversas formas de tortura de manera usual y siniestro, y que muchas veces terminaba con la desaparición forzada del detenido o la detenida, y de los mismos perpetradores acusados de ordenar o llevar acabo los crímenes. (1)