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Una publicación de la asociación SER

Presentan demanda de amparo por ejecución de proyecto Chadín 2

Este miércoles, abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de EarthRights International (ERI), junto al secretario de la Plataforma Institucional Celendina (PIC), Milton Sánchez Cubas y el dirigente Ula Zelada de la comunidad campesina Unión Marañón, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que presentaron una Demanda de Amparo ante el Juzgado Mixto de Celendín, buscando garantizar los derechos de las comunidades y la protección del río Marañón ante la intención de que se ejecute el proyecto hidroenergético Chadín 2.

La abogada y directora de ERI, Juliana Bravo, indicó que también han solicitado que se declare la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Chadín 2, aprobado en el 2014 por presentar una serie de observaciones que no han sido atendidas: “Es una demanda legítima en defensa del territorio, de la vida y del medio ambiente de las comunidades afectadas por este tipo de proyectos por parte del Estado y empresas”, señaló.

El dirigente Milton Sánchez Cubas, dijo que la PIC es una de las organizaciones que ha firmado la demanda por la preocupación sobre las afectaciones que generará el proyecto en las comunidades y sus recursos. Informó que serían más de mil las personas que podrían ser desplazadas para tal fin: “Es un proyecto que pretende inundar más de 3 mil hectáreas de valles productivos y desplazar a comunidades para generar energía y nos dicen que es energía para Perú y Cajamarca, cuando tenemos que en el país el 50% de la energía es sobrante. Más de mil personas serían desplazadas y se inundarían valles productivos que son importantes”, señaló. 

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL, calificó al EIA de Chadín 2 como deficiente porque no se ha cumplido con los términos de referencia y no se brinda información detallada sobre los impactos. En este sentido, dijo que si bien el proyecto Chadín 2 es importante para la política energética del país, tal como se viene planteando constituye una amenaza al derecho fundamental constitucional de disfrutar un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida: “Cuando se mira el EIA de este proyecto no hay una línea de base sobre el impacto de la represa en los sedimentos que son la vida de los ríos. Consideramos que al haberse realizado un EIA sumamente deficiente no tenemos certeza sobre los impactos y mientras no haya certeza científica estamos ante un proyecto que puede generar graves afectaciones”, señaló.

Ruiz resaltó que con la presentación de la demanda también se busca generar deliberaciones públicas sobre los impactos del proyecto, porque de acuerdo al EIA, no se garantiza una adecuada protección del río Marañón: “Una decisión tan importante no puede ser tomada por 3 o 4 funcionarios en un ministerio”, añadió.