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Una publicación de la asociación SER

Diversas personalidades se oponen a las acciones de erradicación de la coca adoptadas por el gobierno en el VRAEM

El 1 de noviembre, en cumplimiento de la decisión del gobierno de iniciar acciones de erradicación de la coca en el VRAEM, el CORAH intervino en el distrito de Coviriali, provincia de Satipo, Región Junín, cuya acción ocasionó 3 campesinos heridos de bala, así como el rechazo de la población afectada, bloqueo de carretera Satipo-Mazamari y el llamado a un paro indefinido en Selva Central.

Frente a ello, profesionales, académicos, intelectuales y diversas personalidades le exigen al Presidente Martín Vizcarra que ordene el cese inmediato de esas acciones por considerarlas inefectivas, ilegítimas, inoportunas y en extremo peligrosas para la efectiva pacificación de esta región. Así también exigen que ordene una profunda investigación sobre los resultados obtenidos en la aplicación de tales políticas, el funcionamiento y uso de los fondos del CORAH y de DEVIDA en esa región.

Aquí el pronunciamiento completo

PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACCIONES DE ERRADICACIÓN DE COCA EN EL VRAEM.

Los abajo firmantes, profesionales, académicos, intelectuales y personalidades diversas del Perú y el exterior, frente a la decisión del Gobierno del Presidente Vizcarra anunciada el 28 de julio e iniciada este 1 de noviembre, de iniciar -por primera vez en los últimos 30 años- acciones de erradicación forzosa de cultivos de coca en el ámbito del Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (VRAEM), deseamos manifestar a la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:

1.  La erradicación forzosa de cultivos de coca es planteada por las Convenciones Internacionales de la ONU (1961, 1988) y las políticas antidrogas de ciertos países y organismos internacionales (EEUU, ONU, OEA), para supuestamente terminar con los cultivos de amapola, coca y cannabis, de los cuales se abastece el narcotráfico internacional.

2.  Desde hace tres décadas, se ha aplicado sistemáticamente a nivel mundial y especialmente en los tres países de la Región Andina donde se produce los cultivos de coca y las drogas resultantes de su proceso de transformación (Bolivia, Colombia y Perú). Por lo general, sin criterios ciertos, uso de violencia indiscriminada, garantías suficientes de duración y sostenibilidad y la afectación de derechos y propiedad de los productores;

3.  Pese a ciertos resultados coyunturales obtenidos en algunos países en determinados momentos (i.e. Plan Colombia, Milagro San Martín), y que han permitido cumplir parcialmente con las cuotas de área erradicada de coca comprometidas, esta política pública ha sido un fracaso rotundo en obtener dos resultados:

● En reducir de forma duradera y sostenible, la dependencia económica a los cultivos ilícitos y la economía ilícita, por parte de miles de campesinos empobrecidos de las Selvas de nuestros países, particularmente en Putumayo, Nariño, Alto Huallaga, VRAEM, Chapare y Yungas, entre las más resaltantes;

● En eliminar de forma definitiva los circuitos de oferta y demanda alrededor del comercio de 800 toneladas de cocaína anuales  a nivel mundial, para satisfacer la demanda de 22 millones de usuarios que hay en el mundo, con un régimen de precios absolutamente desproporcionado y asimétrico en relación a lo poco que reciben los campesinos cocaleros y en relación a los bajísimos precios de otros productos agrícolas transables en el mercado internacional (café, cacao, palma, etc). 

4.  El 1 de noviembre el CORAH inicio acciones de erradicación en el sector Florida, Distrito de Coviriali, provincia de Satipo, Región Junín, en cumplimiento de la decisión del Gobierno, que ha ocasionado 3 campesinos heridos de bala, así como el rechazo de la población afectada, bloqueo de carretera Satipo-Mazamari y llamado a un paro indefinido en Selva Central.

5.  Lamentablemente, esta política errática ha sido el resultado de un conjunto de problemas no resueltos, por los diversos gobiernos peruanos desde la transición democrática del 2001. La falta de comprensión política gubernamental de los problemas de fondo alrededor del VRAEM y la dinámica del narcotráfico en ella, han llevado al sistemático fracaso de los Planes VRAEM, las Estrategias Nacionales, los CODEVRAEM y los PROVRAEM, respectivamente. Pero sobretodo, este fracaso es consecuencia de la pésima costumbre de Presidentes, parlamentarios, analistas y funcionarios de diversa categoría de utilizar la lucha antidrogas y el tema de los remanentes de Sendero Luminoso, con fines e intereses políticos determinados y otros, de peor naturaleza, como son la corrupción en sus distintas manifestaciones (tráfico de combustible, droga, insumos, pertrechos, pago ilegal de recompensas).

6.  Debemos denunciar la práctica institucional de DEVIDA como unidad ejecutora  y ente rector en la materia, que insiste en impulsar Programas de Desarrollo Alternativo ficticios y artificiales, que están sujetos a criterios externos de donde provienen dichos fondos, donde no participan las organizaciones sociales supuestamente beneficiarias de tales programas, y donde existen serios problemas de  falta de eficacia y eficiencia en su uso.

7.  Más grave aún, la administración de DEVIDA insiste descalificar la coca, en promover el divisionismo y el paralelismo entre las organizaciones de productores cocaleros del VRAEM y de estas con los Pueblos Indígenas de la región, a partir de supuestas autorizaciones de los Pueblos ashaninkas afectados a las medidas de erradicación iniciadas, que no solamente son inefectivas, riesgosas, sino que atentan contra la autonomía, la tierra y el territorio colectivo.    

8.  Por todas estas consideraciones, exigimos al Presidente Martín Vizcarra que ordene el cese inmediato de estas acciones inefectivas, ilegítimas, inoportunas y en extremo peligrosas para la efectiva pacificación de esta región. Adicionalmente, que ordene una profunda investigación sobre los resultados obtenidos en la aplicación de tales políticas, el funcionamiento y uso de los fondos del CORAH y de DEVIDA en esta región.

Lima,  06 de Noviembre 2019

 

Hugo Cabieses Cubas, ex Vice Ministro de Ambiente, economista peruano, DNI 10585951

Roger Rumrrill, periodista y escritor amazónico, DNI 06762849

Ricardo Soberón Garrido, abogado, Director Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, DNI 06625316

Ricardo Giesecke, ex Ministro de Ambiente, DNI 09431194

Javier Gonzales Skaric, pasaporte 780210, Bolivia. Co-director  Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI)

Gloria Rose Achà, abogada, Acción Andina Bolivia

Diego Giacoman Aramayo, consultor, Bolivia.

Pedro Arenas, cofundador de Corporación Viso Mutop, Colombia

Clara Lucia Delgado, Colombia. Consultor independiente, Cédula 51992990

Fabiola Piñacue, COCA NASA, empresa colombiana de la coca, Cédula 52095753

David Curtidor, COCA NASA. Cédula 79052477

Felipe Tascòn Recio, Cédula 16821264, consultor colombiano

 

Para más adhesiones: rasg642000@yahoo.com