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Una publicación de la asociación SER

Caso Llusita: una sentencia por ejecuciones extrajudiciales que llega 37 años después

Foto: Comisedh

Harold Moreno Luna

La justicia es, a veces, un brazo muy lento. En especial en casos de violaciones de los derechos humanos. En abril de 1983 fueron ejecutadas 17 personas tras una detención arbitraria  en la localidad de Llusita, distrito de Huancaraylla, en la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo.

Treinta y siete años después, tras un proceso largo y doloroso, fue sentenciado por el caso el capitán en retiro del Ejército Peruano Edgar Acevedo López. La jueza Miluska Cano lo sentenció a 20 años de prisión.

El caso Llusita

El principal testigo del caso es quien fuera entonces alcalde de Huancaraylla, Onofrio Oré Janampa. Él observó la ejecución y el entierro clandestino de las víctimas por orden de Acevedo, a quien dijo conocer bien por reuniones anteriores.

Otros testigos no presenciales fueron también parte importante del caso, explicando el contexto de violencia que se vivió en la localidad en la época en que ocurrió el crimen.

Así se estableció que el 14 y 15 de abril de 1983, miembros del Ejército ingresaron a la comunidad y detuvieron a varios pobladores, a los que ejecutaron diez días después y enterraron luego en una zona conocida como Chulkupampa.

Los restos permanecieron ahí más de veinte años: fueron exhumados para su análisis forense en 2005. El proceso posterior fue largo. En 2017, los testigos del caso declararon ante el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, que se trasladó de Lima a Ayacucho para escucharlos.

Intento de frenar la investigación

Mientras avanzaba el caso, Acevedo trató de detener la denuncia fiscal en 2009 a través de una demanda de habeas corpus. En esta, su defensa adujo que la investigación era indebida pues el delito habría ocurrido más de veinte años antes, y habría prescrito. Además, señaló que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se estableció en nuestra legislación después de ocurridos los hechos.

Ese mismo año la demanda fue declarada infundada, al considerar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El caso llegó al Tribunal Constitucional que, finalmente, en 2015, resolvió en el mismo sentido, y declaró improcedente la demanda de Acevedo.

Justicia pendiente

Los más pobres son, siempre, quienes llevan la peor parte de cualquier conflicto. Otro testimonio del caso, el de Feliciana Quispe Mamani, es prueba clara.

Ella narró su experiencia no solo ante la Sala Penal Nacional sino antes, en 2002, en una audiencia pública de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Su historia permite comprender mejor el terror que se vivió entonces. Según narró, el año anterior a los hechos del caso Llusita, en agosto de 1982, comenzó la pesadilla con la llegada de miembros de Sendero Luminoso.

Los terroristas, para infundir temor, reunieron al pueblo en la plaza y asesinaron a un hombre. Luego, en diciembre, una tarde tras llegar del colegio, la hermana de Feliciana fue raptada por senderistas.

El Estado debió ser una fuente de apoyo y protección, pero fue todo lo contrario. En abril de 1983, un grupo de soldados quemó seis casas con todas las pertenencias dentro, incluyendo la suya. En abril se llevaron a un gran grupo de vecinos, de los cuales algunos serían liberados y otros no. Entretanto, ella fue llevada presa al cuartel de Cangallo. En la primera sufrió acoso sexual. En la segunda, relata que “veinticinco sinchis y soldados me violaron llevándome al baño”. Después fue abandonada en la calle y peregrinó por diferentes pueblos buscando ayuda sin éxito.

Ella fue uno de los testigos que señaló a Acevedo como responsable de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en Huancaraylla. Sin embargo Feliciana, así como muchas víctimas de violaciones sexuales durante el conflicto armado aún no obtienen justicia, y otros casos de torturas y desapariciones forzadas siguen sin cerrarse. Los años pasan mientras víctimas y familiares siguen esperando y muriendo en la espera. Y como tantas veces se ha dicho: justicia que tarda no es justicia.