El último fin de semana los vecinos de la Asociación Basilio Auqui y los comerciantes de frutas de este lugar se enfrentaron con palos y piedras dejando como saldo varios heridos, así como puestos de venta del mercado incendiados. La confrontación surgió porque los vecinos de esta zona de la ciudad buscan desalojar a los comerciantes quienes se resisten a dejar el terreno que está destinado a la construcción de infraestructura de recreación.

Los dirigentes y pobladores de la comunidad campesina de Chanquil, que se ubica en el distrito de Los Morochucos (Cangallo), se oponen a la construcción de la represa en sus territorios argumentando que afectará a 64 hectáreas de terrenos. Más aún, se precisó que el proyecto de inversión fue declarado viable, por ello el gobierno central y el Programa de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) se habrían comprometido a financiar los 18 millones de nuevos soles que demanda el proyecto que es impulsado por la municipalidad provincial de Cangallo.

Un grupo de comuneros de los diversos poblados de la zona de influencia del gasoducto de Camisea, se movilizaron el pasado 3 de diciembre hasta las puertas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) de la ciudad de Ayacucho, donde protestaron y reclamaron que se instale una mesa de diálogo para tratar sus demandas de  resarcimiento a las comunidades que fueron afectadas con la construcción del gasoducto y la renegociación del contrato de servidumbre.

Desde el pasado 4 de noviembre -fecha en que fue declarado reo contumaz por el Primer Juzgado Penal de Huamanga-, el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima,  habría dejado la ciudad encargando la presidencia del gobierno regional al vicepresidente Efraín Pillaca, decisión que adoptó al enterarse de la orden de ubicación y captura a nivel nacional ordenada por la instancia judicial. Oscorima fue declarado reo contumaz por no asistir a la lectura de su sentencia en el proceso judicial que se le sigue por el nombramiento ilegal de un trabajador.

La zona denominada La Hoyada, nombre con el que se conoce al lugar donde se exhumaron más de 100 cuerpos de personas torturadas y asesinadas al interior del Cuartel Los Cabitos entre los años 1983 y 1985, fue declarada como Zona de Protección y Conservación mediante ordenanza aprobada por el Consejo Regional de Ayacucho en la sesión del 20 de noviembre último.

A poco más de un mes para culminar el año fiscal 2013, un total de 60 municipalidades -de las 112 existentes en Ayacucho- no han logrado superar por lo menos el 50% de la ejecución presupuestal de los fondos destinados a  inversiones en este año, según indica la página del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, sólo son cinco las municipalidades que han logrado superar el 80% de ejecución presupuestal hasta el 20 de noviembre de este año.

El escenario preelectoral  ayacuchano va mostrando un mayor dinamismo conforme se van definiendo  algunas candidaturas y alianzas  para tentar el sillón regional en las elecciones del próximo año. Pero lo que llama la atención  es que no se escucha aún propuesta alguna de parte de los candidatos. La interrogante a responder es, entonces, a dónde girarán las preferencias del electorado en esta oportunidad, recordando que en el 2002 eligió a un político como Omar Quesada, el 2006  a un tecnócrata como Ernesto Molina y en el  proceso del 2010 optó por el  empresario Wilfredo Oscorima.

La intensa precipitación pluvial que se registró el pasado 18 de noviembre inundó gran parte del centro de la ciudad de Ayacucho y provocó el reclamo de los vecinos de las calles donde se viene construyendo el drenaje pluvial, porque el desmonte acumulado en calles aledañas permitió la acumulación de las aguas de la lluvia que se filtraron y remojaron los cimientos de sus viviendas. Muchas de estas son casonas coloniales por lo que solicitaron una respuesta inmediata de la municipalidad de Huamanga para prevenir algún problema mayor.

Los testimonios de sobrevivientes de la masacre del 14 de agosto de 1985 ante la Sala Penal Nacional en Ayacucho

Un escenario de tensión se vive en la localidad de Sancos (Lucanas) tras registrarse un enfrentamiento, el pasado 4 de noviembre, entre los mineros artesanales -que explotan la concesión Victoria 100- y un grupo de personas de la empresa propietaria de la concesión Santa Filomena, quienes se disputan la titularidad de un territorio de más de 100 hectáreas y en donde están superpuestas sus concesiones mineras y se ubican vetas de oro.