Desde Lima el  poder político y mediático mira con alarma la protesta de las y los pobladores de Cajamarca por la defensa de su territorio.  Aún no se reponen del golpe que, sienten, han recibido con la suspensión del proyecto Conga por parte de Yanacocha. Algunos periodistas ya no saben qué adjetivos más usar para mostrar su menosprecio hacia las comunidades que reclaman sus derechos (1), otros reducen la demanda a una posición simplista de: “aquí hay algunos que están en contra de la inversión privada y otros que están a favor de la inversión privada” (2).

Esto sucede cuando el gobierno central no termina de salir de un gran escándalo corrupción: su  vicepresidente  y congresista Chehade sorprendido a posteriori en una cena con altos mandos policiales supuestamente gestionando actividades policiales. Ahora el ex procurador anticorrupción nos dice que fue un “error político”, la pregunta es ¿quién le cree?

Luego,  la renuncia de Carlos Tapia, a pedido de Ollanta Humala. Tapia, uno de los ideólogos del partido de gobierno, muy a su estilo no se quedó callado, lanzó una serie de acusaciones a personajes que rodean al presidente Humala: Luis Favre, el asesor de marketing político argentino-brasilero y  el asesor en temas de defensa, Adrían Villafuerte Macha, coronel de artillería (la misma arma que Ollanta Humala).

Cuando se pensaba que ya nada más podía pasar, el viernes nos enteramos que la  salida de prisión de Rómulo León es cuestión de días,  su salida ni siquiera se debe al pedido de su actual abogada, si no a una diligente sala del Poder Judicial. La opinión pública haría bien en tener presente a Eduardo Roy Gates, abogado hasta hace poco de Rómulo León (también de algún miembro de la familia Sánchez Paredes) y ahora otro de los asesores del presidente.

Cabe recordar que  el ex ministro aprista Rómulo León estuvo envuelto en uno de los más grandes escándalos de corrupción del gobierno pasado, que destapó una inmensa y mafiosa red de espionaje y nos demostró que los tiempos del chuponeo de la época de Montesinos  y Fujimori no  se habían ido del todo.

Por si fuera poco, a todo esto se suma, como telón de fondo, la eterna letanía de las y  los fujimoristas por liberar a su líder. Siguen en dos frentes: en el primero,  solicitando su indulto humanitario; y en el segundo,  su abogado César Nakasaki (quien a la fecha ha perdido todos los procesos penales en contra de su cliente), abusando del derecho y de los procesos constitucionales, sigue interponiendo Habeas Corpus que no tienen ya nada que hacer frente a la sentencia firme que ha declarado a Fujimori culpable de delitos de lesa humanidad.

En una semana el gobierno ha sufrido duros golpes. Y no pocos recuerdan con temor, cómo a principios de la década del 90 Fujimori llegó al poder con aliados de distintos sectores y poco a poco los fue traicionando, para sentar las bases de una dictadura que duró 8 años y costó la vida de muchas peruanas y peruanos.

Este temor es incentivado por muchos. Rospigliosi repite “¿las comparaciones son obvias no?”, como si esperaran  ansiosos que se repita un golpe de Estado. No les importa, todo lo que podemos retroceder si volvemos al autoritarismo. Miran el país como si fuera un juego de play station.

No se puede asegurar que Ollanta Humala trate o no de seguir los pasos de Fujimori. Algunas personas que lo rodean, no dan confianza. No la da un asesor argentino-brasilero que nadie sabe quién le paga ni para quién trabaja  y que ni siquiera figura en la información oficial del Estado. Tampoco la da un abogado de personajes involucrados en escándalos de mega corrupción como Rómulo León y personas acusadas de tráfico ilícito de drogas como Manuel Sánchez Paredes y César Cataño.

Tampoco lo da que, a la fecha, Humala no haya hecho nada por aclarar el caso Madre Mía en el cual está implicado, caso que ha sido cerrado por el Poder Judicial por falta de pruebas, pero nunca se halló a los perpetradores.

Es comprensible el temor de la población, el clima político está muy movido. La seguridad y confianza por ahora no están en la cancha del presidente;  sin embargo, las condiciones no son iguales que en los primeros años del fujimorismo.

Y no son iguales; primero, porque no estamos en medio de una cruenta guerra con senderistas fanáticos, y desde el gobierno central no puedan utilizar el miedo como excusa para sembrar más terror, como sí se hizo en la época de Fujimori. El país ahora está en una situación de conflictos sociales  en las regiones, pero la mayor parte de las veces es por demandas y defensa de sus derechos. Dependerá entonces de los líderes regionales y de su capacidad de negociación y diálogo, que no se llegue a una situación de autoritarismo. La democracia de un país entero está también en sus manos.

Segundo, porque otra de las grandes excusas para imponer la “mano dura” fujimorista fue la lucha contra el narcotráfico (irónico que luego terminara traficándose droga en el avión presidencial). En este tema el gobierno hasta la fecha ha mantenido coherencia, sin ceder a presiones y sin repetir los errores del pasado, sigue firme en una política integral con Soberón a la cabeza.

Por último, aunque a algunos les duela (sobre todo a Aldo Mariategui) los partidos de izquierda ya no son los mismos de antes ni tienen el peso que tuvieron a principios de la década fujimorista. Ahora son movimientos sociales no agrupados en partidos los que han cobrado más fuerza en los últimos años y que pueden servir también como freno al poder.

La tempestad tiene que pasar, veremos cómo se repone el gobierno de este terremoto político. Lo cierto es que las condiciones para volver a una dictadura como la fujimorista no están dadas, pero esta vez depende más de los frenos que pueda poner  la sociedad civil, que de las intenciones de gobierno.

Notas

(1) http://diariocorreo.pe/columna/53593/esto-no-tiene-remedio/

(2) http://play.tuteve.tv/videogaleria/programa/38735/2011-11-29-buenas-noch...