Gabriel Salazar (*)

Creemos en la necesidad de que haya un Archivo Nacional de la Memoria en vista que, a nivel nacional, existe una vasta documentación producida a raíz del conflicto armado interno que vivió nuestro país.(1) Desde esos años, y aún luego del conflicto, se ha venido produciendo y acumulando una creciente documentación al respecto, proveniente de las páginas de los diarios, libros y revistas; de los legajos y audios de los juzgados; de los documentos y otros soportes de las comisiones investigadoras que el Congreso de la República conformó; de los informes de las visitas pastorales; de los archivos y registro sonoro de los organismos de Derechos Humanos; de las cintas de audio en las radios; de los videos de las televisoras; de los legajos y soportes de las fiscalías de Derechos Humanos o de la Defensoría del Pueblo; de las municipalidades; de los partes policiales y militares; entre otros tantos espacios que ahora conforman los documentos y archivos sensibles que existen a lo largo y ancho del Perú.

Sin embargo, hoy en día, a pesar de toda la documentación descrita en el párrafo anterior –aunque de forma incompleta-, no existe ninguna iniciativa que permita investigar, rescatar, acopiar, organizar, archivar, conservar y poner todo este registro al servicio de la sociedad peruana que aún procesa el trauma de la violencia política. Esta realidad y problema es también una de las tantas razones por las que -y de allí su vinculación con el mundo académico- lamentablemente no contemos con posibilidades de conocer muchos recodos de nuestra historia reciente. Sin mencionar la documentación ya perdida o la que ha sido destruida por la obsesión de eliminar todo vestigio de memoria no oficial, sea de parte de Sendero Luminoso como de la dictadura fujimorista. O, inclusive, en el contexto post-conflicto, de la documentación silenciada y ocultada por los actuales destructores de la memoria.(2) Ante ello, considero que es importante comenzar a pensar en la idea de un Archivo Nacional de la Memoria, así como pensar en políticas que puedan estructurar y diseñar el accionar y proceder tanto de este archivo nacional como de otros a nivel local.(3)

Uno de los ejemplos más claros y concretos que demuestran que sí se puede construir una propuesta e iniciativa archivística de ese tipo, es decir, con documentación referente al conflicto armado interno, es el archivo mismo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) -ahora custodiado por la Defensoría del Pueblo-,  que fue producto de un esforzado trabajo (4), además de las investigaciones y aportes de algunos  organismos defensores de los Derechos Humanos. Por ello, resulta necesario mencionar el listado de los archivos trabajados por la CVR.(5) Entre ellos los de las Vicarías de Juli, Ayaviri, Sicuani, Jaén, Celendín, Pucallpa, APORVIDA, MCPDHQ, CJS-Chimbote, Diaconía-Piura, CEAS, FEDEPAZ, CEAPAZ, APRODEH, Paz y Esperanza, PASDHI-Huancayo, y los Comités de Derechos Humanos de  Huacho, Aucayacu, Sánchez Carrión, Espinar, Pasco y Villa El Salvador.

Los archivos listados líneas arriba esperan aún un serio trabajo archivístico. Lamentablemente muchos de ellos se encuentran en mal estado. Si bien los ocultadores y silenciadores de algunas de estas memorias del conflicto armado interno (precisamente de aquellas que demuestran que sí existieron en algunos lugares y momentos violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, como lo indica el Informe Final de la CVR) tienen ahora, con el archivo de la CVR, un acervo que los increpa y los empuja a, finalmente, posicionarse en el extremo de negar que esto sucedió, de no recordar, es decir de adoptar la postura del negacionismo, aún falta mucho por avanzar en cuanto a la documentación producida a raíz de la violencia política. No basta con el archivo de la CVR o del Registro Único de Víctimas.(6) La memoria como deber -memoria deber-, que está vinculada a la frase “Nunca Más”, y que es utilizada tanto por víctimas como por activistas defensores de los derechos humanos, también, creo, debería tener otro objetivo claro, así como los tiene en términos de lucha política y judicial, que debería ser la incidencia a favor de una política nacional de archivos de memoria.

Ya en el plano comparativo, a nivel latinoamericano, al menos la existencia de archivos nacionales de memoria tanto en Argentina como en Chile pueden ser hechos fácticos que nos llevan a tener como referente a países que han transitado por procesos de violencia política similares al Perú. Es más, estos países nos pueden servir no sólo como ejemplo de sociedades que han desarrollado políticas públicas para generar un Archivo Nacional de Memoria en cada caso, sino que también pueden servir como referente respecto a la generación de políticas archivísticas locales.

Ante este panorama, el problema principal parece ser el poco interés que las diversas organizaciones estatales y  privadas tienen para plantear políticas que resuelvan esta latente necesidad. Por ello, creemos que sería importante pensar, discutir y plantear la propuesta de construir este Archivo como políticas a su implementación y funcionamiento. Las propuestas podrán recoger la mencionada documentación, así como la que de seguro vendrá rescatándose y produciéndose en adelante.

(*) Este artículo permite explorar sobre algunos puntos que se desprenden, a manera de reflexiones sueltas, de un artículo por publicarse, titulado “Entre la Memoria Deber y la Demanda Estudiantil. Los estudios sobre memorias de la violencia política en el Perú (1998 – 2010)” por el Instituto de Estudios Peruanos, y gracias al proyecto “Batallas por la Memoria”, auspiciado por la Fundación Ford.

Notas:

1) Canon aportado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

2) Por ejemplo el ex Ministro de Defensa Rafael Rey, a propósito del caso de Putis y la información que nunca dieron desde su ministerio, dijo: “En innumerables ocasiones se ha buscado la información correspondiente y ésta no existe. Tendrán el derecho a creernos o no, pero así es. Punto”. Ver: Diario La Primera, 17 Diciembre 2009.
Ver: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/se-raya-ante-pregunta....

3)  Debo esta idea-solución a este problema y demanda archivística a las tantas conversaciones que he tenido con la historiadora y archivera Ruth Borja Santa Cruz, responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, área que custodia el acervo producido por la CVR. A su vez, el antropólogo  Jairo Rivas ha planteado la misma idea, en el  artículo  “Hacia un Archivo Nacional de la Memoria”, publicado en Noticias SER el 12/10/2011. Ver: http://www.noticiasser.pe/12/10/2011/cruce-de-caminos/hacia-un-archivo-n...

4) Para ver una muy buena descripción de la creación del archivo de la CVR consultar el artículo de Ruth Borja Santa Cruz, “Archivos, centros de memoria y patrimonio de los derechos humanos en Perú”. En: José Babiano (ed), Represión, derechos humanos, memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana. Madrid, Fundación 1ro de Mayo: 2010.
  Esta información la hemos obtenido del Documento 031001, custodiado por el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.

5) Esta información la hemos obtenido del Documento 031001, custodiado por el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos.

6) Jairo Rivas, ha mencionado en el antes citado artículo, una serie de organismos que merecerían también entrar en la idea de pensar un Archivo Nacional de Memoria. Ellos son, el Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas, el Registro Nacional de Personas Desplazadas, el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada, los expedientes de las ex Fiscalías de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Calificación de Víctimas del Terrorismo.
 

Artículo publicado en la revista de análisis político RETABLO. Nro 44. Noviembre-Diciembre 2011. Ayacucho. Asociación SER.