Jorge Vélez Quevedo

Para entender la problemática de la educación en la Amazonía hay que conocer cómo se  encuentran las comunidades. Son pequeños o medianos asentamientos humanos donde viven de 30 a 60 familias, unidos en su mayoría por parentesco  y cercados por  los ríos, las quebradas  y en muchos casos separados por conflictos entre clanes familiares.

En cada comunidad  las poblaciones van creando sus escuelas. Hace unos años esto era muestra de identidad y reconocimiento como comunidad, muchas veces se conformaban con tener el local escolar y contar con un profesor aunque este asistiera o no a dar clases.

Sin embargo, la lucha de los pueblos, el ir tomando conciencia de sus derechos, hace que reconozcan la importancia de la educación y empiecen a reclamar por una escuela, porque ésta les brinde una mejor calidad educativa, se vaya incluyendo dentro de sus demanda la necesidad de tener hijos que puedan sacar adelante a su comunidad, que puedan seguir la secundaria y en menos casos, pero ya se considera la posibilidad de que sus hijos sean profesionales.

Esto puede considerarse un avance importante para el desarrollo, sin embargo el Estado y sus instancias ejecutivas se mantienen a espaldas frente a esta demanda y sigue considerando a las comunidades rurales indígenas o ribereñas, como ciudadanos que no tienen ninguna categoría. Durante años  no ha buscado dar solución a la gran cantidad de comunidades que no tienen  maestro. Por su parte, los niños  no pueden acudir a las escuelas ya existentes, muchas veces por las distancias y también porque el acceso es casi imposible, tienen que cruzar ríos, caminar horas, poniendo en riesgo su vida.

La Unidad de Gestión Educativa de Alto Amazonas (UGELAA), considerada la institución “ciega y sorda”, crea escuelas, emite resoluciones y no pone profesor. Señala que es por falta de presupuesto y en muchos casos porque teniendo profesor, este no asiste, por enfermedad o porque  se lleva mal con la comunidad. Esto ha resultado ser una estrategia muy útil para poder salir de las comunidades. Generar conflicto con la población resulta ser una buena forma de  trasladarse a la ciudad, quedando la escuela sin profesor  y con la esperanza casi  imposible de que les pongan un nuevo maestro. Este año de las 80 comunidades del distrito de Balsapuerto  por lo menos hay 35 escuelas que no tienen profesor, igualmente hay otras que desde hace 6 años están sin profesores. Esto resulta risible cuando se escucha sin ninguna vergüenza que se quiere erradicar el analfabetismo, pero las escuelas aquí, son fabricantes de analfabetos.

Las comunidades  van y vienen a Yurimaguas para  gestionar profesor, pero eso resulta una tarea  difícil y sólo son ofrecimientos,  mientras pasan los años  sin maestro, así sucede en las comunidades de Oculiza, de Sabaloyacu, de San Pedro, de Centro América, etc. que se han vuelto asiduas visitantes de la UGELAA  para reclamar la presencia de un maestro. Es muy preocupante escuchar con resignación  la conclusión a la que van llegando: “Es el Gobierno que nos quiere dejar analfabetos  para poder explotarnos, para quitarnos nuestras tierras, y que seamos peones de las empresas”. Luego, se dirá que estos indígenas son subversivos y quizás aseverarán que son manipulados. Sin embargo, ellos sólo ven con indignación que  dejan a sus niños  sin el derecho a la educación.

Qué lejos estamos de hacer ejercicio el Convenio 169  que suscriben los países, entre los cuales se encuentra nuestro país, que reconoce la naturaleza de los pueblos indígenas, sus aspiraciones y la garantía de que dichos pueblos tienen los mismos derechos fundamentales al igual que la población.

En este mismo Convenio se señala en el artículo 7 el derecho a que puedan decidir sobre sus propias prioridades para su desarrollo. Estos pueblos están señalando con fuerza que desean que se les respete el derecho a la educación, y lo ven  como  fundamental para su desarrollo. En este mismo Convenio señalan también la obligación que tienen los gobiernos de velar por la protección de estos derechos. Se pide entonces que se realicen los estudios de cooperación para poder ofrecer alternativas que puedan  responder a la realidad social cultural y económica de los pueblos indígenas, de manera especial que se busquen propuestas para la educación de sus niños.