Hace solo unas semanas el Ministro de Defensa, Daniel Mora,  sorprendió a la opinión pública con unas declaraciones sobre la necesidad de una “solución de punto final” frente a las investigaciones hechas a los militares por supuestas violaciones de derechos humanos, así como otros temas, -que hasta hoy no ha  aclarado- sobre presuntas reparaciones falsas y contradicciones con sentencias firmes del Poder Judicial.
 

La Ley de Punto Final de Argentina fue promulgada en diciembre de 1986 y,  junto a otras leyes e indultos, significó la  impunidad para los violadores de derechos humanos en dicho país. Debido a que esta impunidad  vulneraba el  derecho a la verdad y la justicia de ese país, estas normas fueron anuladas en el 2003 por el Congreso Argentino, siendo ratificada dicha nulidad  por el Poder Judicial en el año 2005.
 

Es decir, nuestro ministro (aunque después dijo que no dijo lo que dijo) propuso o recordó una fórmula que fracasó en otro país de la región.
 

La semana pasada,  el ministro Mora volvió a las andadas declarando que está “convencido de que han habido ONG que quieren desaparecer a las Fuerzas Armadas” (1) y cuestionó incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con lo cual, el ministro y militar en retiro no solo emuló a su antecesor, Rafael Rey, sino que además siguió los pasos del ex dictador Alberto Fujimori, al cuestionar a la Corte Interamericana.
 

Si lo que quieren es copiar soluciones extranjeras, sería bueno que, al menos, busquen las que han funcionado y no los intentos fallidos. Soluciones que se han logrado respetando los tribunales internacionales y los tratados  sobre derechos humanos. 
 

Justicia
 

Sería interesante que el gobierno revise el caso de Automotores Orletti, también de Argentina,  cuyo proceso judicial culminó el año pasado, sancionando por todos los hechos imputados a cuatro de los perpetradores. No se pudo sancionar al quinto, debido a que éste murió antes de dictarse la sentencia.
 

Automotores Orletti fue un centro de detención clandestina en Buenos Aires  que funcionó en el año 1975, durante la dictadura militar y en el cual se perpetraron múltiples violaciones de derechos humanos. Más de 35 años después,  se pudo alcanzar justicia. 
 

Para el proceso judicial fueron necesarios los testimonios de las personas sobrevivientes, además de un decreto presidencial (2) dictado por  Cristina Fernández, mediante el cual se ordenó levantar el secreto  de toda la documentación secreta sobre el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina. La información recolectada y reconstruida gracias a este decreto fue determinante para alcanzar justicia en  los procesos judiciales que se llevan por los crímenes cometidos en la dictadura. 
 

Derecho de acceso a la información
 

En Perú, desde hace décadas, el Ministerio de Defensa ha venido negando sistemáticamente la información solicitada por el Poder Judicial o el Ministerio Público, aduciendo diversas razones, como   la seguridad nacional o la destrucción de los documentos requeridos. 
 

El negar la información sin la debida justificación,  es vulnerar  un derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Es decir, además del crimen en sí, sea un asesinato o una desaparición forzada, el Estado peruano está violando nuevamente los derechos humanos al negar la información que serviría para saber qué pasó en esos casos.
 

El derecho al acceso a la información, está reconocido en el artículo 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y protege  el derecho de las personas a recibir la información solicitada y   establece la obligación del Estado de brindarla. El negar la información, o simplemente el no otorgar respuesta alguna frente a este pedido, es vulnerar la Convención.
 

Si de verdad se busca reconciliación
 

Sería un signo de verdadera intención de alcanzar justicia y cerrar las heridas del pasado (y de la tan mentada gran transformación), que el gobierno actual siga este ejemplo, y que no continúe como los  anteriores vulnerando el derecho al acceso a la información pública, al negar su entrega o su existencia. 
 

El presidente Ollanta Humala podría seguir el ejemplo de la presidenta de Argentina y dictar un decreto supremo refrendado por su ministro Daniel Mora, en el cual se comprometa a entregar toda la información solicitada y negada por décadas. Si de verdad quieren la reconciliación del país, esta pasa necesariamente por obtener justicia. Quien no la debe no la teme. ¿Lo podrán hacer Humala y Mora?

 

Notas:
 

1. http://peru21.pe/noticia/1305818/ong-quieren-desaparecer-ffaa

 

2. http://www.iurislex.com.ar/2010/01/11/decreto-042010.html