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No hay ninguna estrategia para combatir la precariedad laboral

Enviado el 28/06/2017
Por: 
Omar Rosel

La muerte de dos jóvenes en el incendio del edificio Nicolini, en las Malvinas, quienes trabajaban en un conteiner y encerrados, que impidió que escaparan de este siniestro, ha puesto en el tapete la informalidad laboral, así como la precariedad en las que trabajan muchos peruanos y de otro lado un sistema deficiente de regulación del estado que garantice los derechos laborales. Este siniestro también ha puesto en evidencia la informalidad en la que viene funcionando muchos centros comerciales en urbes tan grandes como Lima. Al respecto Noticias SER conversó con la Congresista Indira Huilca Flores.

 

El incendio del edificio Nicolini, en las Malvinas, ha costado la vida de dos jóvenes, quienes trabajaban en un conteiner y encerrados. ¿Qué es lo que evidencia esta situación?

Una primera cosa que hay que señalar es la ausencia de estrategias de política laboral para acabar con estas situaciones extremas en las que se ha normalizado la explotación laboral, porque estos jóvenes no sólo laboraban en la informalidad, sino en condiciones en las que ningún trabajador debería realizar ningún tipo de actividad. Para combatir esta situación de precariedad laboral no hay ninguna estrategia. Siempre se ha pensado que la informalidad se combate con menos trámite o quitando garantías sobre los derechos de los trabajadores.

Ud. ha denunciado que este año, mediante un paquete normativo, se debilitaron las labores de fiscalización que dependen del Ministerio de Trabajo ¿Esto tiene la relación con la tragedia?

Totalmente, porque estamos hablando de un decreto supremo que se dio a fines de mayo, con el cual se modifica las competencias de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en tres aspectos. Uno es que las inspecciones no se podían repetir durante el mismo año a la misma empresa, que es absurdo tomando en cuenta que en nuestro país hay una recurrencia de infracciones de todo tipo en materia laboral, por ello necesitamos una estrategia que permita hacer seguimiento para que las empresas con el tiempo se vayan adecuando a la legislación vigente. Lo otro es que se rebajaron las multas por inspección y también se determinó en caso de que haya más de una multa, solo se sanciona la multa más alta. Ahí está lógica de seguir flexibilizando las competencias de SUNAFIL, que es una institución relativamente nueva y que aún no tiene presencia en todo el territorio del país. Si pensamos en la tarea importante que tiene esta instancia, que es fiscalizar las relaciones laborales, que no estén presente en 14 regiones, es tremendamente grave. Eso ya lo habíamos advertido el año pasado.

¿Qué condiciones adicionales han favorecido que se llegue a este nivel de precariedad laboral en la ciudad capital y nuestro país?

Hay algo de lo que no se suele hablar mucho pero que está afectando. Si lo que se hace es seguir flexibilizando las relaciones laborales, no vas a tener ningún mecanismo para hacer que la tarea de confrontar contra la informalidad no sólo sea tarea de del Estado o del Ejecutivo, porque es obvio que no va a ser posible poner un fiscalizador en cada empresa o en cada microempresa. Lo que tienes que promover también es que sean los mismos trabajadores quienes puedan organizarse para en función de eso, garantizar que haya fiscalización de la relación contractual con su empleador. Pero si tienes un país en el que la tasa de sindicalización es tan baja, es obvio que las situaciones de abuso de laboral se van a repetir una y otra vez y no habrá forma de rastrear todas las situaciones irregulares. Hay que entender que las políticas laborales heredadas de los noventa nos impiden  tener relaciones de trabajo que tengan un mínimo estándar de protección para las y los trabajadores peruanos.

¿Considera que el Ministro de Trabajo y el gobierno ha procedido de la forma adecuada al conocerse de la precariedad laboral e informal de estos jóvenes que murieron en el incendio?

Lo que ha dicho el Ministro de Trabajo e incluso lo que ha hecho yendo a la zona, es insuficiente. No cuestiono su solidaridad con las familias o víctimas, pero él tiene una responsabilidad mayor y por ello es que señalamos las acciones que su sector ha emprendido en materia laboral y realmente no hay ningún tipo de cambio que plantee un enfoque diferente para abordar el problema de la informalidad, para generar otro vínculo entre trabajadores y empleadores. La sensibilidad y solidaridad es simplemente declarativa, aunque él como autoridad puede hacer muchísimo más y eso pasa porque el Ministerio de Trabajo tenga una relación diferente con los trabajadores. Es más, lo poco que se ha legislado en materia laboral ha servido para beneficiar a un sector determinado del empresariado. Hemos tenido hace poco un debate sobre la ley laboral juvenil, que si bien no plantea   abiertamente reducir derechos a los trabajadores, sí propone subsidiar a un sector del empresariado, haciendo que el estado sea el que asuma el costo del seguro social, cuando todos sabemos que el Ministerio de Trabajo no tiene suficiente para cubrir sus propias obligaciones y además ahora va a financiar y subsidiar un pago que los empleadores deben cumplir.

Ayer el alcalde Luis Castañeda asistió al Congreso a responder por el incendio, ¿cómo califica las respuestas que dio la autoridad municipal? ¿Hubo algo de autocrítica?

A mí me parece que tuvo una actitud totalmente condenable, porque ante las preguntas, lo único que hizo fue quitarse cualquier responsabilidad, lavarse las manos y, decir que la municipalidad está atada de manos para ejercer un rol de fiscalización real. No se trata de decir cuántos operativos de fiscalización han hecho, sino de ir a la raíz del problema, identificar que la Municipalidad de Lima como gobierno de la ciudad tiene la potestad de reconocer un conjunto de zonas comerciales que tienen problemas, no sólo de informalidad sino de dificultades en términos de infraestructura mínima para que pueda funcionar. Algo que se le preguntó de manera muy concreta es por qué no hicieron nada para impedir, clausurar o desinstalar estas construcciones ilegales, estos depósitos donde funcionaban los talleres clandestinos. Lo único que dice es que no podían entrar a una propiedad privada y que la municipalidad no tenía competencia para hacerlo. Así ha querido eludir su responsabilidad. A estas alturas, es una barbaridad, porque no estamos hablando de algo que ocurre de un día para otro, sino que estos containers y estos espacios funcionan de manera ilegal por años y en ese tiempo no hubo acción de la Municipalidad de Lima.
 

¿Consideras que las acciones inmediatas que ha tomado la municipalidad contra los responsables de este incendio han sido las más adecuadas?

Una denuncia penal era ya algo que se caía de maduro. Hay una responsabilidad de la municipalidad por las acciones que debió tomar para evitar este tipo de situaciones y porque estos hechos sucedieron producto de una serie de infracciones frente  a las que ninguna autoridad responsable intervino. 

¿Qué se pretende con la creación de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar el siniestro en la zona de Las Malvinas?

Lo primero es determinar los hechos, lo que realmente sucedió en el incendio en sí mismo, pero también lo que permitió el funcionamiento  ilegal e irregular de los talleres en los que perdieron la vida los trabajadores y sobre lo cual, el Congreso debería emitir un conjunto de recomendaciones sobre lo que hace falta ajustar en términos de política pública o legislación para prevenir que estas situaciones. También queremos plantear cómo generamos que haya un enlace efectivo entre la actuación de entes competentes como SUNAFIL en zonas que concentran tantas unidades económicas y tantos trabajadores, y también de comercio a nivel micro y cómo ello se enlaza con la acción municipal, en modelos que deberían replicarse en otras ciudades. Se requiere acciones porque  se puede repetir en otros espacios y necesitamos actuar para prevenir un problema similar explicando a fondo lo que realmente ocurrió.
 

¿Cree que hay voluntad política para ir modificando normas para reducir la precariedad laboral, así como la situación del ordenamiento de comercios en ciudades grandes?

Yo veo un escenario muy complicado, considerando la situación actual. Sin embargo, hay que empezar a hablar de los temas de fondo. Nos preocupa muchísimo la política laboral, porque se repite la misma lógica de que el mínimo de garantías sobre los derechos de los trabajadores es la vía para abaratar costos y por ello hay que seguir restringiendo derechos. Eso no nos parece correcto. Es momento de abrir la discusión, porque lamentablemente esas ideas han sido parte de un sentido común que nadie se ha atrevido cuestionar. A nosotros nos corresponde hacerlo en este momento, antes que sigan muriendo más peruanos.

 

 

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