Aldo Santos

En octubre de 2008 la relación entre la empresa minera Santa Ana, propiedad de Bear Creek, y un sector importante de la ciudadanía de las comunidades de la provincia de Chucuito – Juli (1) experimentó una primera ruptura evidente, ella concluyó con la quema y saqueo de algunas oficinas de la canadiense, la misma que desde el 2007 se encuentra realizando labores de exploración y que ha sido declarada como proyecto de “necesidad pública” por el Gobierno Nacional, lo que le ha permitido realizar operaciones dentro de los 50 kilómetros de la frontera cercana a la República de Bolivia. (2).

Las denuncias penales en contra de algunos dirigentes y las relaciones establecidas con su entorno más cercano –que respaldan el proyecto-, parecían haber mejorado notablemente, ya que desde entonces, no se habían oído voces discrepantes en contra de la minera. Sin embargo, semanas atrás, el fantasma de los impactos sociales y ambientales negativos producto de la probable explotación minera han resurgido con el lamentable episodio de un paro de 48 horas cuyo saldo fueron heridos y otras pérdidas materiales. (3)

Un escenario complejo al que se suman diversos actores: ex candidatos a cargos de elección popular, autoridades comunales y comunidades del ámbito de influencia del área concesión minera, autoridades locales y regionales, las comunidades que firmaron el acuerdo previo con Santa Ana, la propia empresa, operadores y agitadores políticos; todo ello con la ausencia del Gobierno Nacional, vale decir Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que no ha realizado ninguna acción efectiva desde el inicio del conflicto.

Lo mismo la empresa minera que ha obviado el diálogo y la coordinación con los distritos vecinos (Kelluyo y Desaguadero) que son, en este momento, los lugares desde donde ha surgido el conflicto y la oposición al proyecto Santa Ana (4). Después de todo, los impactos –negativos y positivos- de un proyecto como este no sólo se dan en el área concesionada, sino repercuten en todo el entorno, no se trata sólo de “convencer” a los propietarios de los terrenos, sino de mirar el proyecto como parte integral del desarrollo de una provincia y un departamento. Es, en parte, por esta estrechez de visión, que muchos proyectos mineros enfrentan hoy serios cuestionamientos.

Los traspiés del presidente

¿Pero cómo llegamos al extremo de que se incluya –como plataforma de un paro de 48 horas- el rechazo al presidente regional puneño?, ¿qué papel desempeñaba y desempeña actualmente el Gobierno Regional en este conflicto? Mauricio Rodriguez, otrora periodista, sino opositor, bastante crítico con la presencia de industrias extractivas en el departamento enfrenta a escasos cuatro meses de gestión una de sus primeras crisis que incluyen el pedido de renuncia y la amenaza de vacancia del cargo que desempeña, por un proyecto planificado desde el Ejecutivo Nacional y donde los roles del Gobierno Regional son limitados, por no decir inexistentes.

Es evidente que en Huacullani confluyen intereses de diverso índole, recordemos que uno de los promotores de la oposición a la empresa minera durante el 2008 fue Hugo Llano, quien intentó capitalizar dicha oposición infructuosamente como candidato al Congreso de la República por Perú Posible, en las últimas elecciones. Del mismo modo, Rufino Machaca, uno de los dirigentes más visibles de las últimas movilizaciones, fue candidato a la presidencia del Gobierno Regional puneño, al igual que Abraham Cauna, candidato a la Municipalidad Provincial de Puno y activo promotor del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), vinculado a Sendero Luminoso y que propugna, entre otras cosas, la liberación de Abimael Guzmán Reynoso.

A nivel local la posición de Juan Carlos Aquino, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Desaguadero es de rechazo al proyecto, lo mismo que las comunidades del ámbito de influencia indirecto como Kelluyo; lo contrario ocurre con las comunidades del distrito de Huacullani con las que la empresa logró establecer ciertos acuerdos, entre ellos el acuerdo previo que le permitió asentarse en el distrito. Con un entorno tan complejo y donde la desconfianza respecto de las industrias extractivas es legítimamente creciente en el sur del departamento de Puno, la posición política del Gobierno Regional, más allá de los roles que tenga, se hace sumamente importante.

Fue precisamente dicha posición la que le valió ser denominado, por aquel sector que se opone a la empresa minera, como el presidente “pro-minero”, por haber señalado que son preferibles las empresas mineras formales y que existen métodos demostrados de explotación sin mayores impactos sociales y ambientales, negarse a firmar una Ordenanza Regional que declaraba la intangibilidad del departamento de Puno frente a las industrias extractivas –aún cuando esta ni siquiera había sido aprobada por el Consejo Regional-, además de no asistir a una reunión convocada por las propias autoridades comunales en la capital de la provincia de Chucuito Juli. Hechos que contravenían a su posición respecto de las industrias extractivas los meses previos durante la campaña y su ejercicio periodístico, lo que fue interpretado como un apoyo abierto a la minería.

Rodriguez cayó preso de sus propias palabras y se hizo parte de un conflicto innecesario, aún cuando su rol era bastante limitado en lo referido al proceso de otorgamiento de concesiones para el desarrollo de industrias extractivas.

Mesa de Diálogo minero

Al parecer una de las vías para salir de la crisis y menguar los ánimos de la ciudadanía que había anunciado una paralización, fue el convocar a una Mesa de Diálogo Minero (MDM). Sin embargo, ésta no contaría con la participación de las empresas mineras y de quienes otorgan las concesiones,  y se mezcla otro problema disímil como el de la minería ilegal que debe tener un tratamiento distinto, además de ser un espacio sin decisiones vinculantes que a lo sumo puede alcanzar propuestas al Ejecutivo Nacional, sin garantía de que estas sean tomadas.

Tampoco queda clara la identidad del espacio, ¿es –como parece- un espacio de oposición a la minería?, ¿sólo sirve como observador de los conflictos generados por la presencia de industrias extractivas?, ¿han quedado claros los objetivos y la composición de la mesa? Entre otros aspectos que deben resolverse de manera que trasciendan el aspecto coyuntural del conflicto como el de promover la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) para lograr el Ordenamiento Territorial (OT) y tener claridad respecto de aquellos lugares donde pueden desarrollarse las actividades extractivas, agrícolas, pecuarias, de conservación y otras.

Ciertamente llevar adelante un proceso de ZEE puede resultar complejo, no obstante es una de las pocas herramientas que puede ayudarnos a generar ciertos consensos políticos que nos permitan usar el territorio de manera ordenada, bajo criterios técnicos y políticos debidamente establecidos, fruto de la discusión y participación de todos los actores involucrados o con intereses sobre el territorio. Al respecto, la iniciativa del Gobierno Regional de solicitar no se sigan otorgando concesiones, mientras el departamento concluye su ZEE, es una alternativa interesante, no obstante, recurrimos nuevamente a la voluntad del Ejecutivo Nacional que ha demostrado con creces ser altamente ignorante y autoritario en lo referido a las industrias extractivas.

Se necesita dejar entonces las subjetividades propias de un conflicto como el de Huacullani y aprovechar la coyuntura para discutir de una vez por todas sobre el uso del territorio en el departamento (5), más allá de la oposición radical y promoción desmedida (muchas veces interesada) de las actividades extractivas. Guste o no, la minería es una realidad en el departamento y el país, es cierto que –en algunos casos- se viene desarrollando de manera desordenada, impositiva y violando derechos fundamentales, pero evitar repetir dichos escenarios, nos obliga a pensar en el futuro, sobre la base de un proceso constructivo con objetivos definidos y no con espacios que pueden parecer paliativos o para esquivar  problemas de fondo.

Notas:

(1) La provincia de Chucuito tiene siete distritos: Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita. El proyecto Santa Ana abarca el distrito de Huacullani.

(2) El artículo N° 71 de la Constitución señala que: “…dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por  título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.”

(3) Aunque versiones previas señalaban de la muerte por asfixia de una mujer de 60 años, a causa de las bombas  lacrimógenas lanzadas por la policía, la necropsia confirmó que se trató de una pulmonía, presumiblemente producto de haber pasado la noche en la intemperie acatando el paro de 48 horas.

(4) Bear Creek argumenta que ha realizado cerca de 154 reuniones entre talleres informativos, talleres participativos, reuniones informativas y monitoreos ambientales entre el 2007 y el 2011 durante el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.

(5) Actualmente cerca del 24.53% del territorio puneño esta otorgado en concesión, lo que no significa necesariamente que todas las empresas mineras estén operando.