Aldo Santos

Un gobierno regional debilitado es lo que deja el primer año de gestión de Mauricio Rodríguez. Exhibe, por un lado, las denuncias contra el anterior presidente Hernán Fuentes, por presuntas irregularidades; y, por otro lado, la ineficiencia en la ejecución presupuestal que no logra superar el 18%, convirtiéndolo en el gobierno más ineficiente del país; menudo logro para una institución que está camino a ganar la legitimidad y que, en este caso, ha sido golpeada por el discurso legalista del propio presidente, más la impericia y el abandono del terreno político por parte de su agrupación AQUÍ.

Así, la arena política abandonada por quienes participaron en las últimas elecciones regionales y nacionales ha sido ocupada por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y otras agrupaciones que promueven discursos maximalistas y que, en la práctica, se han convertido en los únicos partidos con intensa actividad. La mayoría de líderes políticos puneños parecen creer que la construcción partidaria depende solamente de sus esporádicas apariciones en los medios de comunicación(1).

Conflicto antiminero

En ese marco, en el vacío dejado por los operadores políticos de los partidos y/o movimientos regionales, surgió la figura de Walter Aduviri, quizá el puneño más conocido del momento, que se colocó hábilmente como interlocutor de las demandas de un numeroso grupo de comunidades campesinas de la zona sur de Puno y logró –ante un gobierno saliente y por lo tanto débil- lo que parecía imposible: la cancelación de un proyecto minero.

La alianza con los tenientes gobernadores, la afirmación de una identidad étnica, la poca visión del presidente Rodríguez y su equipo, los movimientos regionales perdedores descolocados, los grupos con discursos confrontacionales que buscaban capitalizar las protestas, la sobre exposición mediática de Aduviri en una región donde la radio lo es casi todo, además de la avasalladora política gubernamental de promoción de industrias extractivas (2) y la ausencia de una política agraria, legitimaron una suerte de movimiento antiminero en el Altiplano, el mismo que terminó por asfixiar la gestión regional que en ese momento parecía defender la posición oficial del gobierno de García.

Las protestas de la zona sur se reeditaron en diferentes provincias de la zona norte, Puno se convertía en una suerte de Estado paralelo gobernado por la Ley de los grupos movilizados: Azángaro se alzaba contra la contaminación de la cuenca del río Ramis, producto de la minería ilegal; Carabaya exigía la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Inambari y las concesiones mineras en el ámbito de su provincia; Melgar pedía la cancelación de concesiones mineras. La política del extractivista gobierno aprista era remecida por una nueva crisis.

El nuevo gobierno y la política

Es en ese contexto que las elecciones nacionales dan como resultado el triunfo de Ollanta Humala en Puno, que se explica, en parte, por el hartazgo de un sector de la ciudadanía con la política del “perro del hortelano”, la exclusión de la pequeña economía campesina (minifundista) de la bonanza económica que vivía el país, pero también porque, aún con muchas limitaciones, el nacionalismo fue el único partido –además del APRA vale decir- que se mantuvo en actividad, luego de las elecciones del 2006. Había ganado alcaldías, tenía congresistas y una consejera regional, a diferencia de Perú Posible, el otro favorito a ganar las elecciones en Puno. En esa coyuntura, pensar en una victoria de Alejandro Toledo en Puno, era sólo ilusión.

Ahora, mientras las imágenes del Humala reformista, antiminero, indigenista, etcétera, se diluyen, seguramente surgirán otros caudillos dispuestos a capitalizar el descontento con las políticas del gobierno nacional(3). No es de extrañar entonces, la aparición de simpatizantes y ex militantes del MRTA y Sendero Luminoso, participando activamente de la política local –la Ley y la democracia lo permiten- en gran medida por la ausencia de otros actores políticos con discursos y proyectos distintos.

Sin movimientos regionales sólidos, con organizaciones desarticuladas y con una crisis de los tradicionales movimientos sociales campesinos del Altiplano se generan condiciones para la irrupción de cualquier caudillo que al estilo de Hernán Fuentes o Walter Aduviri, consiguen cierta legitimidad coyuntural, opacando lo poco que se ha podido construir en términos organizativos y comerciales en Puno. La Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA), los productores y productoras de quinua, trucha, artesanía o promotores de turismo rural comunitario, por citar a algunas experiencias organizativas, no han logrado trasladar su éxito al plano político. Cabe preguntarse, en más de dos décadas de cooperativismo y con la notoriedad que han ganado, ¿cuántos líderes políticos han salido de CECOVASA?, ¿cuántos empresarios y empresarias del gremio turístico participan de la vida política regional, más allá de manifestar su descontento cuando sufren el bloqueo de sus actividades?

El futuro de la región

Por el contrario, parece que los últimos años hubo un enajenamiento de la vida política y las demandas regionales por parte de la elite económica puneña –si es que existe- que parece construir su actividad de espaldas a Puno. Se requiere entonces de una articulación de diversos sectores sobre la base de un proyecto común. Ello requiere del liderazgo del gobierno regional, institución que debe asumir su rol como promotor del desarrollo, así como resolver la dramática situación en la que viven miles de puneños y puneñas, además de complementar el rol del gobierno nacional en la solución de problemas como la minería ilegal, el incremento de cultivo de hoja de coca para el narcotráfico y la creciente ilegalidad -derivada del contrabando- en provincias como San Román, El Collao, Yunguyo o Moho.

Pensar en alternativas como tributación diferenciada para solucionar el problema de la ilegalidad, la puesta en marcha de la Zona Económica Especial, la articulación vial de la provincia de Sandia o el aprovechamiento del gasoducto surandino y la carretera Interoceánica Sur, son algunos de los tantos proyectos pendientes y que la actual gestión regional podría promover.

En suma, ¿cuál es el nuevo derrotero puneño terminada la construcción del proyecto San Gabán o la Interoceánica Sur, que en su momento fueron los grandes proyectos movilizadores? ¿Seguiremos dejando la política en manos de los caudillos? ¿Esperaremos que otro “aymarazo” nos vuelva a la realidad? Queda mucho por hacer.

Notas:

1)    Un estudio más detallado sobre la dinámica política y las elecciones regionales en Puno, lo encontrará en el artículo de Mauricio Zavaleta. “Laberintos de la política: la última elección regional en Puno”. Disponible en: http://www.losandes.com.pe/Politica/20111211/58911.html
2)    Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010, lo que representa casi el 25% del territorio.
3)     El artículo de Manuel Ayulo “La batalla por Cajamarca”, explica dicha hipótesis. http://www.noticiasser.pe/10/11/2011/cajamarca/la-batalla-por-cajamarca