Jairo Rivas Belloso

I

Con el hallazgo del cadáver en el nevado Bomboya se va cerrando el caso del joven Ciro Castillo Rojo, al menos en su etapa de búsqueda y especulación. La investigación forense y el procedimiento judicial se abrirán paso a partir de ahora para dilucidar las causas de tan sentida muerte.

No es mi intención aquí repasar los tópicos tocados con amplitud – y no pocas veces con exceso – por los medios de comunicación. En estas líneas quiero llamar la atención sobre el despliegue institucional exhibido en la búsqueda de alguna información que permitiera conocer el paradero del joven extraviado. No muy a menudo se observa una actuación tan extensa y rápida como la mostrada por el Ministerio Público. Acompañando su tarea hemos visto a la Policía Nacional, bomberos, rescatistas profesionales y voluntarios, los propios familiares y medios. Pero se han movilizado también recursos del sector Salud, Fuerzas Armadas y hasta la propia Presidencia de la República cedió su helicóptero para apoyar las gestiones en el Colca.

Una vida humana, la de cualquier peruano o peruana, en circunstancias como estas bien merece el despliegue señalado. Es señal inequívoca de cuánto el Estado y la sociedad en su conjunto se preocupan por la suerte de las personas a las que debe proteger. Lo resaltante es que no se observe la misma voluntad, disponibilidad y eficacia en otros casos actuales o pasados.

La desaparición del joven Castillo tuvo mucha visibilidad, y acaso eso movilizó con rapidez los recursos mencionados. En otras situaciones la respuesta demora, a veces años e inclusive décadas, como es en el caso de los miles de personas desaparecidas durante el proceso de violencia. Los únicos actores omnipresentes son los familiares en una búsqueda incesante de conocer la verdad sobre lo ocurrido, pero los otros actores normalmente brillan por su ausencia: los medios, el propio Estado y la sociedad. Por ser una población menos visible o por la menor oportunidad de explotar algún lado sensacionalista, más de 15 mil historias de desapariciones forzadas siguen esperando un final parecido: la preocupación de las instituciones públicas, el hallazgo de los cadáveres y las investigaciones encaminadas.

II

No se ha llegado a establecer un universo claro de la cantidad de personas desaparecidas durante el conflicto interno. En el Registro Único de Víctimas se han identificado, al 31 de julio de 2011, más de 6 mil casos, y el número crece semana a semana. Hace algunos años la Defensoría del Pueblo recopiló alrededor de 10 mil nombres de personas desaparecidas, que fueron incluidos en la publicación “Los peruanos que faltan”. El Equipo Peruano de Antropología Forense tiene 16 mil registros producto de sus propias investigaciones. Se estima que la mayor parte de estas personas deben estar en los más de 4 mil lugares de entierro reportados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Además de la determinación del universo, cabe resaltar la labor del Ministerio Público a través de su Instituto de Medicina Legal, quien viene avanzando, con mayor ritmo en los últimos años, en la tarea de exhumar restos en fosas clandestinas. La labor de esta entidad está guiada por el cumplimiento de su función, que es la investigación de presuntos delitos para interponer las acusaciones que correspondan.

Si bien esta labor debe continuar se requiere pensar en una tarea adicional con un objetivo distinto: la identificación de los restos y la devolución humanitaria de los mismos a sus familiares. Dos razones justifican esta tarea. La primera es el ritmo lento de las investigaciones del Ministerio Público y la segunda es que en muchos casos las pocas evidencias encontradas (en las fosas y en los datos del contexto)  no permitirán iniciar acción penal alguna. La combinación de ambos factores atenta contra la natural demanda de quienes esperan conocer el paradero de sus seres queridos, a veces simplemente para velarlos y darles sepultura.

Se requiere, por tanto, una estrategia especial que, sin perjuicio de la continuidad de las investigaciones fiscales, permita avanzar en este sentido humanitario de la justicia. Voluntad política y concertación de trabajo entre varias instituciones (Ministerio Público, CMAN, Defensoría del Pueblo, organizaciones de familiares, organismos de derechos humanos) permitirá avanzar en ello. Me parece un gesto mínimo para que en estas otras tantas historias se aprecie lo que en el caso de Ciro Castillo: un Estado preocupado por la suerte de sus ciudadanos.