María Luisa Burneo
Asociación SER/CEPES

El pasado 1ero de noviembre, el campamento de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (ex minera Majaz) del consorcio de capitales chinos Zijin, fue atacado por un grupo de personas armadas no identificadas, siendo asesinados tres empleados de la empresa. Este hecho ha suscitado el rechazo a la violencia desde todos los sectores involucrados o interesados en el conflicto sobre el proyecto minero: las organizaciones de la zona, el Frente de Defensa por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), la empresa minera, ONG locales y nacionales, la Sociedad Nacional de Minería Energía y Petróleo (SNMEP), el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, entre otros. No hay aún evidencias, ni conclusiones, que se desprendan de una investigación seria. Sin embargo, ya se han sugerido posibles responsables; algunos incluso han afirmado que los autores del ataque son, definitivamente, “gente que está en contra del proyecto”.

Las interpretaciones y posturas surgidas frente al ataque al campamento minero, parecieran decir que la evidencia empírica no importa mucho en realidad, porque todos ya “saben” lo que pasó. Si apostamos por un diálogo que busque alternativas y salidas a una situación de violencia que todos condenamos, empezar por sugerir culpables no contribuye ni al debate ni a que los distintos actores involucrados estén dispuestos a discutir con transparencia. A continuación presentaremos algunas de estas interpretaciones y daremos cuenta de elementos que consideramos importantes para ubicarnos en el contexto local.

Una de las interpretaciones surgidas frente al ataque a Río Blanco sostiene que podría tratarse de un nuevo grupo armado en la zona. Algunos sugieren que éste es un grupo que se habría desprendido de una facción de las rondas locales; otros, que este grupo no tendría que ver con la población local, sino que tendría vínculos con el narcotráfico o con la minería informal. En un diario piurano se señalaba que las responsables intelectuales de ataque eran “las ONG”, sin mayor especificación. Otra de las interpretaciones –aunque no se ha hecho explícita- sugiere que la empresa misma estaría intentando presentar como un ataque externo, una situación generada al interior de ésta, tal vez entre trabajadores y trabajadores despedidos. Desde Piura y Lima, la lectura que se tiene de estas interpretaciones, se hace desde distintos imaginarios de la realidad local. En Lima, hay quienes imaginan a la comunidad como un pueblo cercano al campamento de la minera; y a las rondas, como una organización comunal, cuando ésta es una organización con bases a nivel de los anexos comunales, directivas a nivel distrital y una representación provincial. Se tiende así a simplificar una realidad que es, más bien, diversa y compleja.
 
La situación de Minera Río Blanco Cooper S.A. (Ex minera Majaz)

1) Hace unos meses la Alta Corte del Reino Unido ha congelado activos de la matriz Monterrico Metals para garantizar las indemnizaciones por la muerte de un comunero y la tortura de 28 campesinos en manos de efectivos de la policía y de  la empresa de seguridad contratada por la minera, lo cual ha mellado su imagen internacional; 2) Desde hace dos años, la empresa se encuentra en la zona sin contar con los permisos de exploración del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que vencieron en el 2006; 3) el año pasado, la empresa no pudo responder a las observaciones hechas a su Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado, ante lo cual el MEM le negó el permiso de ampliación para exploración; 4) La empresa tiene una sanción de OSINERGMIN por contaminación de aguas; 5) El informe de la Defensoría del Pueblo concluye que la empresa minera no cuenta con el Acuerdo Previo de las comunidades que exige la ley para operar en sus territorios, al no contar con el acuerdo previo aprobado por los dos tercios de los comuneros; 6) los comités locales de desarrollo que formó la empresa en sus inicios no están activos; 7) el Frente de Unidad de Segunda y Cajas –con una postura favorable a la empresa y que, según el FDSFN y la comunidad campesina, había sido promovido por ésta- se ha disuelto; 6) la ONG Integrando que sería promovida por el grupo Romero –y que, según las organizaciones locales defiende los intereses de la empresa- (2), tuvo malos resultados en sus estrategias y actualmente tiene problemas para operar en la zona debido a que ha generado el rechazo de sectores significativos de la población comunera. (3) Lo anterior enmarca la situación del proyecto minero Río Blanco, que tiene detrás grandes intereses nacionales y globales. (4)

Contexto de la comunidad campesina y las organizaciones locales

El campamento de Río Blanco se encuentra a 18 horas de camino a pie desde Sapalache, capital del distrito El Carmen de la Frontera, en Huancabamba. Para quienes no conocen la zona, hay que aclarar que la comunidad no es un centro poblado que está cerca al campamento minero. Los anexos que conforman la comunidad se extienden a lo largo de un enorme territorio, de manera dispersa. Desde Sapalache, demora 4 horas en auto llegar hasta donde termina la trocha carrozable; desde ese punto, hay que caminar no menos de 8 horas para llegar al campamento de la empresa. El caserío de la comunidad más cercano al campamento está a 4 horas a pie. Los dirigentes de la comunidad, de las rondas campesinas y del Frente de Huancabamba, afirman que se enteraron del ataque antes que por los rumores en la zona, por la noticia periodística limeña.

En el ámbito local, los comuneros y comuneras de Segunda y Cajas expresan su preocupación por la situación que atraviesan. En reiterados intentos, comuneros y comuneras se han acercado a la policía para denunciar hechos de agresión cometidos, según sus manifestaciones, por personas vinculadas a la empresa o que defienden el proyecto minero. Sin embargo, como manifiestan pobladores y dirigentes (5), ésta se niega e recibir y registrar las denuncias. Mujeres familiares de dirigentes de la comunidad campesina, manifiestan que son acosadas por personas que identifican como “allegadas a la empresa”. Frente a ello, el gobernador de Huancabamba alude que ellas no necesitan garantías, pero sí se las otorga a personas vinculadas a la empresa por haber sido “capturadas” por la ronda campesina en territorio comunal para ser conducidas a la policía. (6) El 5 de julio de este año, de acuerdo a versiones de los presentes en una reunión comunal, un grupo de personas vinculadas a la empresa -luego de un evento deportivo y aún vistiendo los polos que los identificaban-, habría atacado al grupo de comuneros hombres y mujeres en el local comunal, resultado algunos heridos de gravedad. En la escena local, esta violencia que no llega a los medios de prensa nacionales, existe. El Estado debiera garantizar también los derechos de los comuneros y comuneras de la zona, que rechazan la violencia en su territorio, tanto como los de los trabajadores de la empresa.

Las organizaciones de la zona han declarado su interés en retomar el diálogo en reiteradas ocasiones, y han declarado su rechazo a las acciones violentas. En agosto de este año, se realizó una marcha en Huancabamba donde hubo al menos tres mil comuneros movilizados protestando contra la ONG Integrando y ni un solo acto violento. Sin embargo, del lado de las comunidades locales y las rondas campesinas, existe una debilidad para lograr una propuesta clara de diálogo.

Sobre el debate

La consulta vecinal de setiembre de 2006 -donde votaron alrededor de 18 mil personas, más del 60% de la población electoral de los distritos de El Carmen de la Frontera, Pacaipampa y Ayabaca- dio como resultado el NO al proyecto minero, que se impuso con un promedio de 96% de los votos en los tres distritos. Si tomamos ello en cuenta, hablar de “opositores” al proyecto, presentándolos como si estos fuesen un pequeño grupo, no contribuye a comprender la realidad local, menos aún cuando se deja entrever que este supuesto “pequeño grupo” sería el responsable de la violencia cometida. Si ponemos el caso en perspectiva, veremos que no es tan evidente que a las organizaciones locales -como las rondas campesinas, la comunidad o el Frente de Defensa- les convenga un acto de este tipo. Como señalan dirigentes de estas organizaciones, existen 100 denuncias a dirigentes y comuneros hechas por la empresa y organizaciones vinculadas a ella, como el disuelto Frente de Unidad. Señalan, también, que a raíz del ataque al campamento, la policía destacada a la zona ha cometido abusos al detener, sin prueba alguna, a pobladores de la comunidad, entrando a sus domicilios sin ninguna orden y sin la presencia de representantes del ministerio público, para efectuar interrogatorios forzados sobre el ataque.

Luego del ataque al campamento, miembros del ejecutivo nacional, la SNMEP y otros, se han pronunciado para exigir que el Estado garantice el orden público para proteger la inversión privada. El Estado debe garantizar el orden público, respetando los derechos y la vida de ciudadanas y ciudadanos, sin importar cual sea su postura frente a un proyecto minero.

El caso de Majaz requiere de un análisis más riguroso y, sobre todo, no caer en afirmaciones generalizadoras como sugerir que -porque existe la posibilidad de que el ataque haya sido perpetrado por un grupo de 15 personas opuestas al proyecto (esta es solo una de las interpretaciones hechas)-, los miles de comuneros y comuneras que se oponen al proyecto avalen o les convenga este tipo de actos, bajo el argumento de que son “igualmente opositores”. El problema no es que existan posturas distintas, sino la tendencia a identificar toda crítica u oposición a las actividades mineras con la violencia. De esta forma se cierran las puertas a un debate donde se pueda tener estas posturas dialogando, y sin que por ello se corra el riesgo de ser acusado de subversivo. Lamentablemente, una vez más, parece que no aprendemos de nuestro pasado reciente.

Notas

(1) Este artículo de opinión utiliza información de campo recogida en el marco del programa de investigación Territories, conflicts and development in the Andes: http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes

(2) Integrando opera en la zona desde mediados del 2008, y no está inscrita en APCI –dado que no recibe apoyo financiero de la Cooperación Internacional. Propuso formar la cadena de trigo duro para venderle a Alicorp, del grupo Romero. Este grupo había declarado meses atrás su opción de compra del 20% de las acciones del proyecto minero.

(3) Entrevistas a comuneros de Segunda y Cajas.

(4) Ver: La Economía China y las Industrias Extractivas; Desafíos para el Perú, Sanborn Cynthia y Víctor Torres. Lima, Universidad del Pacífico, 2009.

(5) Entrevistas a directivos de la comunidad campesina Segunda y Cajas y de las Rondas Provinciales de Huancabamba. 

(6) No solo hay denuncias de pobladores y dirigentes. Una profesional de la ONG CooperAción intentó poner una denuncia ante la amenaza que sufriera el chofer de su camioneta, al que se apuntó con un arma acusándolo de estar contra la mina. Su denuncia fue rechazada con una serie de excusas por el comandante de la policía a cargo de la zona.