Gino Huerta

La mejor manera de analizar los problemas o desafíos actuales de las reparaciones y el trabajo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) es revisando cuál es el avance de los distintos programas de reparación y qué expectativas existen en un momento en que se está cerrando un período.

Las reparaciones están estrechamente vinculadas al Registro Único de Victimas (RUV). En este último tiempo se han superado los desencuentros que hubo hasta el año pasado con  el Consejo de Reparaciones (CR) dando lugar a una mejor coordinación y complementariedad   donde cada uno reconoce su función especificada. Este hecho -quizá motivado por la coyuntura electoral-, puede ayudar a avanzar en el proceso de reparaciones a las víctimas. “Este año hay una coordinación bastante estrecha con el CR. Se tiene como meta el poder culminar con el levantamiento de información para el RUV, sobre todo a nivel rural”, indicó en una entrevista el secretario ejecutivo de la CMAN.

De los programas de reparación realizados, el avance de la acción de la CMAN se encuentra en las reparaciones colectivas. A la fecha -con el último  listado de comunidades priorizadas- se  debe llegar a la ejecución y programación con recursos de la PCM a los 2000 centros poblados.

Sobre  la aplicación del PRC podemos señalar que los contenidos  del programa fueron  motivo  de diversas críticas, pero también es cierto que  se han dado varias mejoras en aspectos del protocolo de implementación  (cuota género, vigilancia, priorización)   y también en la gestión del programa, sobre todo  en la elaboración y gestión de proyectos.  Incluso en el último tiempo se añadió un componente de memoria.

Respecto a la gestión -si bien hay observaciones y denuncias de obras no concluidas o mal ejecutadas-, es cierto que dada la cantidad de obras y centros poblados involucrados  el peso porcentual de los casos observados  son relativamente pequeños, comparándolos con indicadores similares para otras instancias del gobierno central e incluso de los gobiernos subnacionales. En resumen salvando algunos casos críticos que deben ser  motivo de vigilancia, fiscalización y denuncia  en el promedio los indicadores son aceptables.

Una tarea pendiente es hacer un balance del efecto reparador del programa, al respecto hay percepciones diversas, y el carácter colectivo  hace más complejo medirlas en las comunidades o centros poblados.

Una novedad de este tiempo es el diseño de un Plan de Reparaciones para Desplazados (PRCD). Se ha desarrollado la propuesta como una extensión del PRC para centros poblados, en este caso dirigido a  grupos colectivos de desplazados. Una diferencia es que en este caso  no se trata de montos únicos (como los 100,000 soles del PRC -C) sino de  montos  proporcionales al número de beneficiarios del proyecto. Ciertamente  hay voces que cuestionan este tipo de asignación, ya que le quita el sentido de lo colectivo  individualizando la reparación, y de otro lado hay quienes cuestionan que en este caso los  proyectos sean sólo  productivos  (en una suerte de  planes de negocios para desplazados).

En los otros programas de reparación son más claras las indefiniciones: Las reparaciones en salud y educación no cuentan aún con políticas definidas como programas. Es cierto que el Programa de Reparaciones en salud está a la espera de su validación final y en el caso de las reparaciones en educación  aun no se aprueban las modificaciones que la CMAN propuso en las secciones del reglamento de la Ley 28592 referidos a los beneficiarios del programa de reparaciones en educación y las modalidades de la misma.

En los temas de restitución de derechos ciudadanos el mayor avance se da en los aspectos referidos a indocumentación, principalmente debido a la acción de la RENIEC en las zonas afectadas por la violencia política. Otros programas como el de reparaciones en vivienda no muestran mayor desarrollo y en el nivel local el mayor esfuerzo se ha concentrado en las reparaciones simbólicas.

El programa de las reparaciones económicas individuales ha sido motivo de una larga insistencia para su implementación, y el inicio de su diseño se dilató innecesariamente. Sin embargo existe una oportunidad política para que este gobierno pueda ofrecer una alternativa de reparación individual a las víctimas. En este tiempo se podrán mejorar las condiciones para llegar a consensos, ya que existen muchas coincidencias en torno a los  criterios para desarrollarlo a diferencia del año anterior en que  la discusión se había concentrado sólo en los montos a asignar como reparación. Por lo tanto es  una oportunidad para que  el gobierno haga coherente su política de reparaciones con las medidas de  política que el gobierno dio en cuanto a las reparaciones financieras para los integrantes de los CAD, donde  el  Estado ha fijado su compromiso por otorgar reparaciones financieras y definido un estándar sobre la modalidad y monto de ellas y debería evitar discriminar respecto de otras víctimas.

Algunos temas pendientes:

En cuanto al PRC  la pregunta es  la programación del conjunto de beneficiarios colectivos del libro 2  del RUV.  La  CMAN anunció que su meta para ejecutar PRC con fondos de la PCM era de 2000 PC, y dado que los gobiernos subnacionales tienen responsabilidad  funcional y presupuestal en las reparaciones, la propuesta de la CMAN es que los gobiernos regionales y locales asuman los 3000 centros poblados restantes lo que demandará una  inversión de aproximadamente 300 millones de soles.

En relación al compromiso de gobiernos regionales, una recomendación  de siempre fue que si el gobierno central esperaba  mayor compromiso financiero de los gobiernos locales, debió  incluirlo de mejor manera en los diseños e implementación. Por ejemplo a través de los programas de educación y salud  entre otros. Establecer esta colaboración y compromiso de gobiernos regionales y locales  es una de las tareas más importantes a realizar por la CMAN en los meses siguientes.

Ahora  en el último tramo del actual gobierno, corresponde a la CMAN  hacer un  esfuerzo para  articularse mejor al conjunto de instituciones  involucradas  en las reparaciones y tratar de dar un mensaje claro y concluir una agenda mínima para que las siguientes gestiones puedan trabajar  y continuar lo hecho, intentando reducir la brecha respecto a las expectativas que abrió el proceso de registro y reparación  en los afectados.