Dieciséis días después del inicio de movilizaciones y bloqueo de carreteras en Puno contra las concesiones mineras, la Comisión de Alto Nivel nombrada por el gobierno nacional busca dar una salida al grave conflicto socio ambiental.

Como en muchos otros casos ocurridos a lo largo de estos últimos años, se ha dejado pasar el tiempo sin atender las demandas ni reclamos de la población, lo que provoca una mayor polarización con el mayor riesgo de conflicto que ello implica. 

En la capital, los medios de comunicación han ignorado el tema hasta que miles de  manifestantes se han visto obligados a llegar a la ciudad de Puno exigiendo una respuesta estatal. Y aun así, la información presentada habla de intervención de agentes extranjeros, presencia de grupos radicales y conspiraciones electorales, olvidando que la principal responsabilidad en la solución del conflicto corresponde al Gobierno Nacional, que ha otorgado las concesiones mineras sin realizar ningún nivel de coordinación con las autoridades regionales ni locales, ni brindar  información suficiente  a las poblaciones en cuyas tierras se encuentran éstas.

Es importante señalar que como en otros conflictos ocurridos a lo largo del gobierno del Presidente García, la actuación del Estado se asemeja a una “comedia de equivocaciones” donde las distintas instituciones involucradas han  actuado con negligencia, así como con poca capacidad y falta de decisión, lo que ha llevado a que un conflicto focalizado se haya expandido y convertido en un conflicto de escala regional, en la que la  demanda es la cancelación de la minería en Puno, que es a todas luces innegociable para el gobierno nacional.

En Noticias SER consideramos  que es imprescindible que los representantes del gobierno nacional hagan todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las autoridades locales y regionales así como con las organizaciones sociales que vienen participando del diálogo iniciado en la ciudad de Juliaca. Asimismo hacemos un llamado a quienes han liderado la movilización dejen de lado posturas maximalistas y que contribuyan así a la generación del consenso necesario para la solución del conflicto.

Sin embargo queda como tarea para el próximo gobierno la imprescindible reforma de los mecanismos de otorgamiento de concesiones mineras, de los procesos de elaboración de estudios de impacto ambiental y el reconocimiento de que los gobiernos regionales tienen el mandato de ley para ordenar el territorio, y que la ciudadanía -sea parte de los pueblos indígenas o no- tiene el derecho a ser informada y consultada sobre los grandes proyectos de inversión que transforman su entorno y su vida.  

Ver:
Pronunciamiento de la Asociación SER

http://www.noticiasser.pe/24/05/2011/puno/puno-exige-respuesta-sus-demandas