Alfredo Quintanilla

En las últimas semanas, la compra de numerosos kits para iniciar el proceso de recojo de firmas que apoyen la revocatoria de determinadas autoridades municipales, ha motivado más pasión y amarillismo periodístico que debate razonado. Y también, ha sido ocasión de ver cuán precarias son las convicciones democráticas de algunos, pues, si antes estaban de acuerdo con el derecho ciudadano, ahora que éste podría apuntar a una autoridad amiga, salen a predicar en contra de una supuesta afectación de la gobernabilidad (1) que dicho proceso implicaría.

Ya en el 2008, el presidente de turno propuso postergar la Consulta porque supuestamente alteraría la paz social de pueblos tranquilos al enfrentar a los grupos de revocadores y al de apoyo a las autoridades elegidas. Nada más equivocado. El juego democrático no consiste en postergar u olvidar los conflictos, que, más bien, pueden crecer. La democracia consiste en afrontarlos y resolverlos sin recurrir a la violencia. Una manera de resolver los conflictos es, justamente, que todos los ciudadanos y ciudadanas resuelvan mediante el voto cuál de los grupos tiene el respaldo mayoritario.

Por su parte, Fernando Tuesta ha llamado a hacer un balance de lo que los seis procesos de Consulta Popular de Revocatoria-CPR han significado en nuestra histórica política reciente y pregunta si han traído mayor calidad a nuestra democracia. Las siguientes líneas tratan de aportar a responder esa interrogante.

En primer lugar, hay que recordar las características centrales de nuestro sistema político: extrema debilidad de los partidos; lo mismo en las instituciones, de manera que los gobernantes de todos los niveles muchas veces usan el poder para beneficios particulares. Esto genera en los electores una profunda desconfianza en los políticos, en las instituciones políticas y en la administración estatal, particularmente en las Municipalidades. Según una investigación de la Universidad Vanderbilt, sólo los haitianos son más desconfiados que los peruanos en toda América Latina. A nivel local en el Perú, sobretodo en el mundo rural, no existe vida pública, ni se debaten los problemas de la comunidad, excepto - de manera muy superficial- en los procesos electorales.

Es bueno reiterar, en segundo lugar, que el pedido de revocatoria es un derecho ciudadano basado en el principio de que la soberanía reside en el pueblo que entrega un mandato a los elegidos y que, por tanto, puede retirarlo. Es más, en una nación como la nuestra, donde campea la sumisión y el borreguismo frente a los poderosos, pedir la revocatoria es una muestra de madurez ciudadana. La alternativa puede ser –y lamentablemente se recurre a ella con frecuencia- usar la fuerza para tratar de resolver las controversias. No nos olvidemos de los trágicos sucesos de Ilave.

La experiencia indica que los comités de ciudadanos promotores de las revocatorias al momento de presentar sus firmas de respaldo señalaron con más frecuencia los siguientes motivos para solicitar el cese de sus autoridades: las promesas incumplidas; la sospecha de robo de fondos públicos; la crítica a la inoperancia o mala administración en general; la crítica a la frecuente ausencia del alcalde en los pueblos rurales; el nepotismo; la falta de rendición de cuentas; y el maltrato a los dirigentes o a la población en general. Estos motivos pueden basarse o no en hechos objetivos y comprobables, pero sirven de sustento a la voluntad revocatoria de un sector de la población. Que muchos de ellos sólo sean pretextos que enmascaran la ambición por el poder, es un asunto que puede aclararse en los meses de la campaña, de manera que los electores puedan tomar una decisión informada.

No debe descartarse tampoco que “las municipalidades —en muchos casos— se transformen en los centros de disputas donde predominan los intereses privados en lugar de los vinculados al bien público”.(2) Habría que establecer si hay una relación  entre el monto de las transferencias financieras del gobierno central (que en el caso de las municipalidades rurales constituyen el 95% de su presupuesto) y el cuestionamiento de autoridades municipales, pues parece no ser casual que los departamentos con mayor monto de canon minero tuvieran el mayor número de kits adquiridos.

Un tercio de los pedidos de revocatorias se explica por el empate de fuerzas electorales locales en las Elecciones Municipales. Examinando los antecedentes, en los 239 distritos en que se cuestionó el mandato del alcalde en la CPR del 2008, se constata que en las Elecciones del  2006, los resultados habían dado un empate absoluto de votos en cinco de ellos, mientras que en otros 76 la distancia entre las dos primeras listas de candidatos había sido menor al 2.5% de los votos válidos. Por tanto, resultaba casi natural que en dichos distritos, las fuerzas que quedaron en segundo lugar presentaran sus solicitudes de revocatoria, buscando el desempate en una especie de “segunda vuelta” electoral

Hay que desmentir la especie lanzada con recurrencia por el periodismo que señala que los alcaldes elegidos con menos del 25% son los cuestionados(3). Los datos reales señalan más bien que los alcaldes revocados en diciembre del 2008 fueron elegidos en promedio con el 32.2% de los votos válidos de sus electores. En otras palabras, en la disputa con sus detractores de los comités de revocatoria partieron con una ventaja de más de 7 puntos porcentuales de apoyo, puesto que los “revocadores” presentaron el 25% de firmas de los electores. Más aún, se cuentan 16 alcaldes revocados que habían sido elegidos con más del 40% de los votos válidos, lo que parecía ser una clarísima ventaja y un amplio respaldo, por lo que es, justamente, en los errores de gestión donde hay que buscar la clave por la que perdieron esa amplia ventaja en casi dos años de ejercer gobierno

Desde que se instauró la CPR en 1997, un total de 742 alcaldes fueron cuestionados, de los cuales 216 fueron revocados –es decir el 29%-, aunque los requisitos para ello han variado. Cuando ello ocurrió, el alcalde fue reemplazado por un regidor de su misma lista o grupo político.

En cuanto a la participación, se ha pasado de convocar a 120 mil electores, como lo fueron en la primera CPR de 1997, a llamar a más de 720 mil en el bienio 2008-2009, mientras que acudió a votar el 58.3% en 1997 y el 72.8% en ese bienio, con un pico de asistencia del 80.6% en el bienio 2004-2005.

Ahora bien, existe también un mecanismo expeditivo para reemplazar a las autoridades municipales y es el de la declaratoria de la vacancia del cargo que debe ser declarado por el Concejo Municipal y confirmado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, las causas señaladas por la ley para hacer la declaratoria no permiten que se sancione pronto a la autoridad que estuviera haciendo una mala gestión(4). La Consulta Popular, que sí puede enfrentar los casos de mala gestión toma mucho tiempo, para algunos demasiado, y la vuelve ineficaz como canalizadora y resolutora de conflictos.

Mal que bien, la Consulta Popular permite la movilización de personas y el aprendizaje  de cómo debe debatirse sobre asuntos públicos en pueblos donde no hay vida política, para tomar posición frente a la circunstancia de ratificar en el mandato o no a las autoridades elegidas, lo que obliga a efectuar al menos un mínimo balance de su actuación. En ese sentido tiene una enorme potencialidad como escuela de civismo y ciudadanía.

Tal como queda demostrado desde hace 15 años por los resultados de las CPR, la intervención institucional de la ONPE puede coadyuvar a acrecentar el ejercicio de la ciudadanía política. De paso, si la capacitación electoral empieza por la difusión de lo que son los derechos ciudadanos entre personas carentes de información y de educación formal, por falta de medios económicos, estará contribuyendo a combatir la pobreza en el Perú. Si informa a los pobres y excluidos del mercado y de los servicios estatales, cuáles son los mecanismos que la ley les reconoce para exigir el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes a autoridades y funcionarios estatales, la ONPE estará ayudando a que hayan menos pobres en el Perú y más ciudadanos, pues como ha señalado Amartya Sen, el celebrado Nobel de Economía, la pobreza deriva de la carencia de capacidades.

Notas:

1)    Como dice David Altman, la gobernabilidad democrática es “la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas sin violentar el marco del derecho” aún con vientos de fronda y un clima adverso, y no exigir que los electores contemplen pasivamente las decisiones y actos de los gobernantes.

2) BALBUENA, Patricia “Sistema electoral local en escenarios de conflicto: el caso de Tilali en Puno”, Lima, ONPE, 2006, p. 13

3)  De los 101 alcaldes distritales revocados, sólo 19 fueron elegidos con menos del 25% de los votos válidos.

4)  En el período 2003-2006 el JNE confirmó la declaratoria de vacancia de 87 alcaldías mientras que en el mismo período fueron revocados los mandatos de 39 alcaldes, todos distritales. En el bienio 2007–2008, los cargos de 35 alcaldes fueron declarados vacantes. Del total de las autoridades alejadas del cargo por estas resoluciones, los principales motivos fueron: la inconcurrencia injustificada a las sesiones del Concejo (37% de los casos); el fallecimiento de la autoridad (30%); por haber incurrido en nepotismo (9%); por haber sido sentenciadas judicialmente por dolo en el ejercicio del cargo o antes (7%); y por reiterada ausencia en la jurisdicción (5%), entre otros.