Ana María Vidal Carrasco

“No fue contra su voluntad, sino sin su voluntad”, dijo Rafael Rey, candidato a Vicepresidente de la República, refiriéndose a las denuncias sobre esterilizaciones forzadas realizadas en el gobierno de Fujimori (31 de mayo de 2011). Posteriormente, Ollanta Humala Tasso, candidato a la Presidencia de la República, dijo: “… se ha hecho un daño irreparable con más de 300 mil mujeres que hoy día no pueden ejercer su derecho sobre su cuerpo de ser madres o volver a ser madres y eso fue sin su consentimiento y eso es una vergüenza, es un daño irreparable… vamos a hacer que se respeten a las mujeres empezando por su propio cuerpo”. (1 de junio de 2011)

Desde las elecciones del 5 de junio de 2011 hasta la fecha no se ha dicho nada frente a los casos de esterilizaciones. Hoy, la gran mayoría en el Perú recuerda la frase de Rafael Rey, pero ¿quién recuerda a las mujeres que sufrieron estos atentados contra su cuerpo?

Según la Defensoría del Pueblo, se realizaron más de 200,000 operaciones de ligadura de trompas entre los años 1996-1999. Muchas mujeres presentaron denuncias al respecto porque las llevaron a la fuerza, con engaños o a cambio de una bolsa de arroz, sin tener toda la información de lo que les iban a hacer. Pero el dolor -al saber que manipularon sus cuerpos- sigue latente. Si una intervención quirúrgica no se hace con las debidas condiciones, genera complicaciones post operatorias. Estos casos fueron innumerables, algunos incluso terminaron en muertes.

Uno de estos casos fue el de Mamérita Mestanza Chávez, quien en 1998, luego del insistente acoso del personal de salud de Cajamarca, se sometió a una esterilización quirúrgica y murió producto de las complicaciones operatorias. En el año 2003, el Estado peruano reconoció que violó una obligación internacional y generó una pérdida irreparable: la vida de una persona.

El Estado peruano se comprometió a reparar a la familia. Un componente de estas reparaciones es la justicia y sanción a los responsables directos y a quienes dirigieron y dieron las órdenes. Han pasado nueve años desde este acuerdo de solución amistosa, que es de obligatorio cumplimiento para el Perú; a la fecha, no se ha hecho justicia.

Ahora Ollanta Humala, ya como Presidente de la República, en cualquier entrevista (de las pocas que ha dado) o discurso señala que su prioridad es la vigencia del Estado de derecho y que su gobierno no hará nada que lo altere. En esa parte estamos de acuerdo con él, el Estado de derecho con su consecuente separación (o división) de poderes y el respeto a las instituciones es importante. En nuestro país, no podemos permitir que éste se quiebre, ya que bastante nos costó salir de la dictadura.

Sin embargo, habría que recordarle al Presidente que el Estado de derecho es la otra cara de la moneda del respeto a los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres del país. Lo que se busca no es el respeto a las instituciones de una manera ciega, sino que su fin supremo sea la defensa de la dignidad de las personas; y mientras haya vulneración de los derechos de hombres o mujeres en nuestro país, ese famoso Estado de derecho que dice defender estará incompleto.

Y la vulneración se seguirá produciendo de manera continua si es que no se repara de manera adecuada las violaciones que se dieron en años anteriores. Y la vulneración será más fuerte si el dolor de las personas es usado para conseguir réditos políticos y posteriormente se diga que este dolor es “teatralizado”. Mientras esta vulneración a los derechos de las mujeres se siga dando, la defensa del Estado de derecho será una defensa hueca. Una frase que sirva para quedar bien y salir del paso, pero que pasa por alto la dignidad de las personas.

Se habla mucho en estos días de la importancia de la memoria de un país, pero nos olvidamos de un momento a otro de un tema que estuvo presente en la campaña, y fue usado como promesa electoral. Se olvidaron que detrás de esa promesa hay cientos de miles de mujeres que fueron violentadas, que se les abrió el cuerpo para manipular sus órganos reproductivos y hasta ahora no reciben ni explicaciones, ni pedidos de perdón ni tampoco justicia.

Solo pasaron 6 meses y ya nadie se acuerda de ellas.