José de Echave, ex Vice Ministro de Gestión Ambiental, opina sobre el proyecto Conga y los cuellos de botella para el peritaje internacional. Asimismo, da algunas recomendaciones para la solución del conflicto.

Se ha hablado mucho del Informe y/o Ayuda memoria que hizo el Ministerio del Ambiente sobre Conga ¿Por qué nadie firmó de manera oficial dicho documento?
No se puede negar la existencia de dicho informe por el solo hecho de no estar firmado. Junto a otros directores generales recibí el encargo del entonces ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke de realizar una evaluación al EIA del proyecto Conga, la misma que se hizo en el marco de los compromisos acordados en la visita a la zona de las lagunas realizadas por los ministros de Energía y Minas, de Agricultura y del Ambiente. Es así que trabajamos durante quince días para elaborar el informe. Una vez que estuvo listo se lo entregué al ministro, quien nunca me pidió que lo entregara firmado o sellado. El ministro Giesecke, por su parte, tenía que entregarlo al Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner. Esa era la dinámica que adoptamos para éste y otros informes; se puede discutir si era mejor que estuviera firmado o sellado, pero lo que no se puede discutir es su existencia.  

¿Cuáles son los elementos más importantes que definen la viabilidad o inviabilidad del proyecto Conga?
En el informe se plantearon varios temas que se deberían discutir para encarar el debate sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto. El primer tema es la ausencia de un enfoque ecosistémico en el EIA. Este definía que los impactos del proyecto iban a ser moderados. En contraste, nosotros pensábamos que un proyecto de esa magnitud iba tener impactos considerables. Un segundo aspecto es el tema hidrobiológico, que genera mayor preocupación ya que se refiere a la utilización del sistema de lagunas alto andinas.

¿Existían otras preocupaciones?
El tercer tema tenía que ver con la zona de influencia del proyecto. La empresa y el EIA hablan de 32 caseríos, nosotros pensamos que la zona de impacto del proyecto sería mucho mayor. Un cuarto tema era la metodología de la valoración económica. La metodología que utilizó el EIA está orientada a identificar el valor de uso directo a través del impacto en las actividades económicas; nosotros creímos que había que subrayar no solamente éste sino también el valor de uso indirecto a partir de los servicios ambientales. Estos fueron los cuatro temas que el informe desarrolló en aproximadamente once páginas. Planteamos observaciones pero también recomendaciones.

¿Cómo cree que se está manejando el tema del peritaje internacional al EIA de Conga desde el gobierno nacional?
Un primer error es que el gobierno nacional en medio de la discusión de los Términos de Referencia no se ha preocupado por recomponer relaciones con el gobierno regional lo cual es un error estratégico. El gobierno regional también debería hacer un esfuerzo al respecto. Por ello, no me imagino un peritaje sin la presencia y participación de actores importantes como el gobierno regional, los frentes regionales y la población que va a ser afectada. De modo que hacer un peritaje en esas condiciones no genera el contexto más adecuado. Por otro lado, el gobierno central no está llevando el proceso con mucha claridad. ¿Qué pasaría si por ejemplo los peritos dicen que ese proyecto no es viable? ¿El gobierno va  hacer caso a esa opinión? Eso no me queda claro, por lo tanto esos temas deberían ser discutidos. En todo caso, creo que esta es una oportunidad que el país debería aprovechar para ver que es lo que está funcionando y qué no.

Mirando un contexto más general, ¿cómo piensa que se debe orientar la actividad minera en el país?
Es evidente que este tema se ha convertido en un conflicto que el país arrastra desde hace algunos años y que todavía no logra resolver. Lo que predomina es la estrategia inadecuada de apagar incendios. Se inicia un conflicto vinculado a la minería y vienen las autoridades estatales a apagarlo sin identificar los problemas que están detrás. Lo que yo creo es que los conflictos vinculados a la minería demandan nuevas políticas públicas, de reformas, de una acción del Estado totalmente distinta desde el gobierno nacional y también de los gobiernos regionales. Por ejemplo en el tema de las competencias. ¿Van a seguir los gobiernos regionales estando pintados frente a las concesiones mineras y los EIA? Entonces hay que discutir eso. También hay que organizar el territorio de manera sostenible y crear una verdadera Autoridad Nacional Ambiental y no que cada ministerio sea la autoridad ambiental de su sector.

En medio de este escenario antagónico entre autoridades y dirigentes cajamarquinos versus el gobierno nacional, ¿cree que se logre llegar a un punto intermedio de negociación? ¿Qué es lo que recomendaría?
Hay que recomponer el diálogo. El gobierno nacional y los dirigentes pueden realizar diversas acciones siempre y cuando, primero, recompongan el diálogo y las relaciones; y segundo, no se precipiten poniendo fechas y calendarios que no son realistas. Y finalmente recomendaría mucho diálogo.

Hay cierta percepción en la prensa nacional de que a partir de este conflicto, el presidente regional Gregorio Santos ha aprovechado la situación para articular a un sector de la izquierda ¿Cómo ve esta situación?
El país necesita una izquierda que crea en la democracia, que crea en el Estado de derecho, que plantee las reformas que el país necesita en este y otros temas; pero igual, espero que los partidos de derecha puedan desarrollar opiniones constructivas y no plantearse medidas autoritarias y verticales ante situaciones como las que vive Cajamarca.