En una simbólica ceremonia realizada en el auditórium del gobierno regional de Ayacucho, se entregó el certificado que reconoce la condición de víctima a los afectados por la violencia política, con lo que podrán acceder a las reparaciones económicas individuales que ha emprendido el gobierno nacional además de otro tipo de programas de reparación que puedan ser implementadas en el marco del Plan Integral de Reparaciones, amparado en el Ley 28592.

Doris Castillo, responsable de la Oficina Regional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para las Reparaciones (CMAN) precisó que desde el 9 de enero se viene visitando diversas provincias y capitales de distritos para hacer la entrega de los certificados. Se estima que en Ayacucho se entregarán por lo menos 20 mil  acreditaciones.
 
Memoria

José Coronel Aguirre, ex Coordinador de la Oficina Sur Central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, indicó que este proceso es la culminación de un largo trabajo en beneficio de los afectados de la violencia. Dijo que debería darse continuidad desde el gobierno regional y los gobiernos locales y, copiar ejemplos como el del gobierno regional de Huancavelica que mediante una ordenanza regional ha pedido incluir en la currícula escolar la historia del período de violencia que vivió nuestro país.

Para Coronel Aguirre no deberían quedar en el olvido los hechos violentos ya que “las nuevas generaciones no conocen ni recuerdan estos acontecimientos lo que resulta lamentable”. En ese sentido, hizo un llamado a que “busquemos construir una memoria colectiva y también reconstruyamos nuestras instituciones para así reducir las brechas sociales y no repetir los hechos violentos que vivimos”. 

Por su parte, el gobernador de Ayacucho, Daniel Roca, explicó que en el gobierno anterior de Alan García no existió voluntad de trabajar por la memoria colectiva y “los últimos acontecimientos como la aparición de movimientos violentistas que hoy quieren ser partido” muestran la necesidad de impulsar el Museo de la Memoria.

Modificatoria

Respecto al Decreto Supremo 051-2011-PCM, marco legal en la que se basa las reparaciones económicas individuales, varios de los representantes de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), entre ellos Percy Huauya, manifestaron que requiere algunas modificaciones, especialmente sobre el monto que se les otorga a las víctimas y afectados, ya que “resulta irrisorio, pues es una asignación entre 5 y 10 mil nuevos soles”. Considerando además que existen antecedentes de que se han entregado montos de 39 y 50 mil nuevos soles a los familiares de los militares.

Según precisó el gobernador Daniel Roca, el lunes próximo sostendrá reuniones con el Presidente del Consejo de Ministros y posiblemente con el Presidente de la República para abordar la posible modificatoria a dicho decreto, porque considera que existe voluntad política en el actual gobierno.

Las primeras semanas de febrero la CORAVIP, según informó Percy Huauya iniciará una serie de acciones de movilización para pedir la atención de la PCM y del Ejecutivo nacional y, la modificación de algunos artículos del DS 051-2011-PCM, en especial sobre los montos de reparaciones económicas individuales.

Dato

Se priorizarán las reparaciones económicas individuales, en esta primera etapa, a los adultos conyugues (esposa o esposo) de la víctima que sean mayores a 65 años. Asimismo a padres o madres de las víctimas que tengan una edad superior a 75 años. Esta etapa incluye también a las personas que quedaron discapacitadas.