Bartolomé Clavero, abogado y constitucionalista español, catedrático de la Universidad de Sevilla y Miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, opina para Noticias SER sobre las observaciones hechas a la Ley de Consulta.

¿Qué opinión le merece las observaciones dadas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta?
Las observaciones van directamente contra un convenio internacional. Además, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional éste ha manifestado que no hay un vacío normativo en el Perú respecto a la consulta indígena y por tanto, ésta debe cumplirse. El gobierno ha estado obligado desde el año 1994, cuando se ratificó el Convenio 169 de la OIT, a efectuar las consultas con los pueblos indígenas.

Pero las observaciones del gobierno señalan que no es posible cumplir con la consulta en los términos de la ley aprobada por el Congreso.
El gobierno y el mismo Congreso de la República del Perú no pueden disponer discrecionalmente sobre la regulación del derecho a la consulta porque éste ya se encuentra regulado en un instrumento internacional que es vinculante para el Perú. El Convenio 169 de la OIT, ofrece criterios suficientes como para que el derecho de consulta sea no sólo exigible al Estado sino también aplicado con rigurosidad. Las observaciones del gobierno argumentan que es imposible materialmente cumplir con el procedimiento de consulta, porque ni siquiera saben bien en el Perú quiénes son los pueblos indígenas, ni tampoco consideran lo señalado por la OIT.

¿Cómo queda el gobierno peruano frente a la OIT que lo citó para explicar la no aplicación del derecho a la consulta?
Las observaciones hechas por el Presidente de la República se dan en un contexto en el cual el Perú viene pasando por un examen ante la OIT a nivel superior, extraordinario, que se realiza cuando se presentan graves problemas. Ante la OIT, el Perú se ha defendido y ha manifestado que luego de los sucesos de Bagua se ha dado un proceso de diálogo respetando a los pueblos indígenas y que el propio gobierno peruano ha sido el que propuso la Ley de Consulta. Además, señalaron que esta ley ya restauró las heridas, restableciéndose la confianza y un proceso continuo de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, los representantes peruanos dijeron que la Ley de Consulta iba a ser una norma completamente clara y que iba a empezar a implementarse porque se respeta todos los derechos de los pueblos indígenas del Perú, no solamente amazónicos, sino andinos.

¿Pero ahora el gobierno observa la Ley porque considera que sólo debe aplicarse a los pueblos amazónicos?
Efectivamente. Ahora, el gobierno dice que los pueblos andinos no son indígenas y que por tanto no tienen derecho a la consulta. En Ginebra nadie se imaginaba que pudiera presentarse algún problema que demorara la promulgación de esta Ley. Pero ahora, el gobierno peruano la objeta con los argumentos contrarios que usaba para defender su posición luego de la masacre de Bagua. Hay un doble discurso para recuperar una supuesta buena imagen del Perú hacia el exterior con la finalidad de librarse de sus responsabilidades. El gobierno del Perú ha procedido de mala fe al observar la Ley de Consulta.

¿Ameritaría esto algún tipo de sanción y observación al Estado peruano?
Las instituciones internacionales no tienen ese poder. En la OIT lo que interesa es el Convenio 169. Lo más grave puede ser una propuesta de sanción ante las Naciones Unidas. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría aplicar medidas cautelares a favor de los derechos de los pueblos indígenas.