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Víctimas y victimarios

Enviado el 22/06/2016

Muchos de nosotros nos formamos en un tiempo en que la lucha a favor de los derechos humanos era una de las banderas más importantes de las políticas progresistas y de izquierda. Entre 1980 y el año 2000, las violaciones de estos derechos básicos por parte de las fuerzas del orden fueron denunciadas por múltiples instituciones, las cuales reclamaban justicia para miles de víctimas, muchas de ellas inocentes, pero otras no necesariamente lo eran. Para los defensores de los DDHH, entre los cuales me incluyo, estos se aplican no solo a los inocentes sino incluso a los culpables. Defenderlos en el caso de los primeros es relativamente fácil, pero mantener los principios en el segundo caso es el verdadero reto.

Este principio se basa en el rol que deben asumir la sociedad y el Estado en cuanto a proteger principios tales como la justicia y la legalidad, sin responder a la barbarie con las mismas armas. En las décadas mencionadas para muchas personas esto resultaba incomprensible pues de ese modo se defendía a quienes actuaban con crueldad y violencia, no mereciendo un trato humanitario quienes nunca le concedieron ese privilegio a sus víctimas.

Desde la perspectiva de los defensores de los DDHH la víctima era primordialmente un civil asesinado por las fuerzas que pretendían defender al Estado o que había sido ejecutado por los subversivos. Desde la CVR se incluyó a los militares y policías caídos o heridos en acción como parte de las reparaciones, pero no se ha logrado hacer visible ese esfuerzo y más bien resulta poco representativo frente a los otros grupos afectados. En enero de este año la entonces candidata Keiko Fujimori señaló: "es cierto que en el rubro de reparaciones solo se tomó en cuenta para las reparaciones a 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas. La cifra es muy pequeña, es importante que se ponga el tema en debate” (El Comercio 13-1-2016). 

Por otro lado, para muchas personas de los sectores populares las ONG que defienden los derechos humanos solo protegen terroristas; más allá de discutir la falsedad de esta percepción, es importante reconocer cuál podría ser el origen de esta afirmación. El fujimorismo es percibido desde una parte sustancial de los sectores populares como defensor de los derechos de los militares y policías que ofrendaron su vida en esas décadas. Sus líderes han mantenido un discurso muy crítico con respecto a la CVR, muchas veces interpretando de forma superficial o arbitraria las conclusiones, en el caso que las hayan leído. Esta retórica coincide con la valoración de lo militar y la defensa de la patria tan presente en los sectores populares; tema que tiene una larga trayectoria originada, entre otros factores, a partir de la contribución de la población rural y urbana a los ejércitos que ayudaron a construir y defender nuestro Estado.

Entre las décadas de 1980 y 2000 el servicio militar fue muy importante para reclutar peruanos, generalmente de las zonas más pobres del Perú, reproduciendo en la tropa que combatió contra la subversión las jerarquías sociales y étnicas que afloran constantemente en nuestro país. Es posible que dada esta característica social y étnica de los soldados, como también de los policías, el reconocimiento de las víctimas es una tarea urgente. Se podría objetar que quizá muchos de los fallecidos también fueron culpables de delitos y de violaciones de DDHH; pero de igual modo muchos de los ejecutados fuera de la ley por las fuerzas del orden también eran culpables. Por ejemplo, no es para nada un secreto que el accionar de Sendero Luminoso se volvió especialmente cruel; practicando abusos no solo contra la población civil, sino en contra de sus propios miembros, especialmente las mujeres, quienes fueron sometidas a vejámenes de tipo sexual, tal como ocurrió con ‘Feliciano’ en la selva y sierra central.

Nuestra noción de víctima debe cambiar. El soldado y policía peruano también fue víctima de una sociedad desigual, que reclutó entre los subalternos, muchas veces forzadamente, a personas que provenían de los estratos más pobres de nuestro país. Los deudos de los soldados y policías caídos en acción, por ejemplo los huérfanos, también son parte de los miles de peruanos que necesitan una reparación real o simbólica. El soldado y el policía caídos en acción también dejaron hijos que no debieron perder a sus padres tan tempranamente y, peor aún, no han recibido para nada la compensación ni el reconocimiento por parte del Estado de su contribución para acabar con la violencia. Muchos de estos peruanos también resultan anónimos para las grandes mayorías; sus hijos no tuvieron el futuro que merecían; pero quizá lo más importante es que ese mismo Estado fujimorista, que en el discurso pretende reivindicarlos, también los sacrificó y los abandonó. Sus pensiones y las que dejaron a sus deudos son míseras, mientras los recursos del régimen se derivaban en muchos malos oficiales que se enriquecían indebidamente con los fondos que debieron utilizarse en beneficio de las víctimas. La corrupción del régimen de Alberto Fujimori y los manejos turbios de las instituciones armadas les arrebataron a los deudos de los policías y soldados el futuro que se merecían. Hay que hacer más visible este tema, ellos fueron también víctimas de la dictadura y de las desigualdades socioeconómicas, y son, por supuesto, víctimas de la época de la violencia.

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