La gestión de Alan García entra a su último mes en medio de movilizaciones y protestas, frente a las cuales la respuesta se reduce a la frivolidad del discurso y la negligencia de funcionarios que negocian en mesas de diálogo acuerdos que tendrán que ser cumplidos por el próximo gobierno.

De alguna manera el caso de Puno es la consecuencia de una manera de hacer política que durante cinco años no buscó solucionar ningún problema, sino postergarlo para más adelante, y ahora nos acercamos al cambio de gobierno sin que tengamos mucha claridad sobre el rumbo que tomará Ollanta Humala que, al no haber sido proclamado todavía de manera oficial por el Jurado Nacional de Elecciones, puede evitar tomar posición frente al conflicto.

Para quienes seguimos el conflicto de manera cotidiana, hechos como los ocurridos ayer en la ciudad de Huancavelica, producto del rechazo a la creación de la Universidad Nacional de Tayacaja,  no son novedad. Protestas puntuales que se desbordan rápidamente hacia hechos de violencia, debido a la incapacidad de respuesta de las autoridades, pero sobre todo de previsión. Y todo ello es producto de decisiones meramente populistas y poco pensadas, como la creación de varias universidades en los últimos dos años, merced a gestiones de diversos congresistas.

Sin embargo, las recientes protestas de Puno y Huancavelica muestran que los líderes de las protestas pueden acabar siendo desbordados por las mismas movilizaciones o  reemplazados por actores con discursos más radicales, y ello ocurre en buena medida por la propia precariedad de las organizaciones sociales y su debilidad para incidir o negociar sus demandas, más allá de amenazar con tomas de carreteras o paros.

Lo grave de la actual situación es que el gobierno no realiza el más mínimo esfuerzo por generar un clima de tranquilidad social que le permita a Ollanta Humala iniciar su mandato sin la presión que significa tener a una población movilizada, en huelga, bloqueando carreteras y radicalizando sus demandas, debido a la falta de respuesta estatal. Tal parece que el presidente  García está empeñado en que su sucesor tenga problemas desde el inicio mismo de su mandato.

En Noticias SER hemos señalado ya que nada se puede esperar  de un gobierno que consideró como su principal función principal la defensa de los intereses de la gran inversión privada y que en nombre de ésta, todo estaba permitido. Pero la realidad y el propio resultado electoral ha demostrado que esa manera de gobernar sólo ha servido para generar rechazo, malestar, protestas y conflictos entre quienes han visto afectados sus derechos.  

Por ello el presidente electo Ollanta Humala debe tener claro que, más allá de garantizar un manejo económico adecuado, su  gobierno debe empezar por el respeto pleno a los derechos de una ciudadanía que exige cambios, y estos no pueden seguir siendo postergados en nombre de una supuesta estabilidad, que no existe más allá de Lima.