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"El gobierno no ha llamado a la población a la participación organizada"

Enviado el 22/03/2017
Por: 
Omar Rosel

Las afectaciones generadas por el fenómeno denominado “Niño Costero”, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), es de por lo menos 75 fallecidos, 100,169 damnificados, 627,048 afectados y más de 10,600 viviendas colapsadas. De otro lado la cantidad de emergencias que se vienen reportando ha rebasado la capacidad de respuesta de las instancias gubernamentales, generando una situación de desolación para los miles de damnificados. Sobre este complicado escenario, Noticias SER entrevistó a Pedro Ferradas, Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de Soluciones Prácticas.    

¿Era posible prever este fenómeno climático que está generando estragos en el país?

Prever, en este caso, no creo, pero prevenir sí, porque significa reducir la vulnerabilidad y, eso sí se podría haber hecho. Este fenómeno es relativamente sorpresivo, del cual no se tenía sistemas de alerta o de conocimiento de cómo y cuándo podría llegar. Si bien en el Perú han ocurrido fenómenos similares, esto no ha ocurrido casi en 90 años, pues el último fenómeno similar data de 1925, donde se produjeron lluvias en casi toda la costa del Perú  causando inundaciones y problemas similares a los que ahora se registran.

Por las características con las que presenta, ¿se podría relacionar con el cambio climático?

No es posible establecer una relación clara con el cambio climático, porque las manifestaciones de esta naturaleza son más bien alteraciones de la temperatura del planeta que producen modificaciones en los climas y lo que se conoce últimamente que en lo fundamental genera una situación de imprevisibilidad frente a los fenómenos. En ese sentido, sí  podría establecerse algún vínculo, porque este fenómeno fue poco previsible, lo que no sucede con el Fenómeno del Niño que sí se puede advertir con anticipación sobre su llegada. Lo otro es que si vemos el pasado y la historia, este fenómeno similar al que estamos viviendo sí ocurrió en 1925 y 1897, es decir ha estado presente a lo largo de la historia, así que no es un fenómeno nuevo, por eso es discutible asociar a este fenómeno con el cambio climático.

¿Por qué cree que las emergencias generadas por las precipitaciones han rebasado la capacidad de respuesta de las instancias gubernamentales?

A mí juicio, porque la estrategia utilizada no es la más adecuada. Si bien las Fuerzas Armadas tienen una capacidad logística y operativa importante, en este tipo de situaciones se debería recurrir a la capacidad de resiliencia o capacidad de organización de la población afectada. Y en ningún momento el gobierno central ha llamado a la población a la participación organizada y eso creo que es un error político muy grave que resta o debilita la capacidad de respuesta. Por lo tanto, aumenta el potencial de afectación de los desastres. Por ejemplo, en el mensaje del gobierno se pide calma, paciencia y confianza porque el estado los ayudará, pero vemos muchos lugares del país que si esperaran ya habría muerto la gente, y eso no ocurre porque en las comunidades están tratando de afrontar las cosas de forma organizada, evacuando a las personas mayores, a los niños, rehabilitando sus vías de acceso. Hay muchos elementos que tienen que ver con la participación de la gente organizada. Tenemos el ejemplo de la gente organizada en torno a los comedores populares que en todos los desastres fue un mecanismo para aliviar las necesidades de alimentación de mucha población afectada y, todo esto lo están invisibilizando y no se están dirigiendo a esos actores y mecanismos que son claves para responder ante esta situación.

¿Qué está sucediendo con nuestros sistemas de prevención de riesgos de desastre, porque al parecer no son los más adecuados? 

De hecho, en el Perú se han dado desde el 2011 leyes como el del Sistema Nacional Gestión de Riesgos de Desastres. La idea básica, es dejar de pensar en el desastre o en el momento del desastre y tomar conciencia de que la causa de los desastres son las condiciones de riesgo que se generan por decisiones tomadas en las políticas de desarrollo como las políticas de planificación territorial, la planificación de crecimiento de las ciudades, que deben dejarse de poblar las áreas vulnerables a los desastres, en tanto se orientan en la construcción de las viviendas de manera más adecuadas, haciendo un adecuado encausamiento de los ríos y un tratamiento de las quebradas y los huaicos con reforestación, control de laderas, con diques de regulación de cauces para que no puedan afectar a las poblaciones o se afecte mucho menos.

¿Pero eso no se ha hecho?

Lo que estamos enfrentando es una realidad diferente dónde si bien hay una ley general de gestión de riesgos, incluso hay política de incentivos de inversión pública municipal para la gestión de riesgos, no ha tenido el éxito adecuado, porque no hay análisis integral de los riesgos y no hay una lógica de invertir el dinero, ya que lo que importa más es que se ejecute el gasto y no cómo se ejecuta el gasto o ver la calidad del gasto público. Por ejemplo en el caso de  riesgos y desastres, se construye un muro para proteger una parte de la población, pero el flujo se envía a otra parte de la población que no tiene muro; entonces no hay soluciones integrales. Y la inversión pública construye puentes o carreteras sin tener en cuenta que por ahí pasan los huaicos o que el rio puede erosionar y destruir esta infraestructura.

¿Qué opina sobre la coordinación de los niveles de gobiernos para la atención a los damnificados, porque la población percibe que sus autoridades no están respondiendo adecuadamente?

En parte tiene que ver con el destino de los fondos y la ayuda. El mecanismo que se está utilizando es centralizar la ayuda y trasladarla a través de las Fuerzas Armadas, lo que no parece ser la manera adecuada para responder a emergencias y está produciendo que no necesariamente el damnificado se beneficie, porque en la ciudad hacen cola los que no tienen tantos problemas y los damnificados muchas veces no pueden hacer las colas. Y en segundo lugar porque deja de lado el conocimiento y la capacidad de interacción del alcalde con su propia población, y es ahí donde podría lograrse una distribución más efectiva del ayuda, así como una vigilancia mayor por parte de la población haciendo que el alcalde cumpla con el rol que le corresponde por ley.

Hace algunos días los medios de comunicación emitieron información sobre la baja ejecución de presupuestos de instancias subnacionales en prevención de riesgos de desastres. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Eso es cierto, pero nuevamente lo que ahí vemos y lo que siempre hemos insistido es que si bien la ley es una avance, pero ésta se ha trabajado mirando realidades que no son necesariamente las del Perú o la realidad de los gobiernos locales, porque estas instancias en su mayor parte no tienen los recursos, tampoco capacidades técnicas y humanas como para cumplir con la normativa en la línea de gestión de riesgos. El principal error este en insistir demasiado y no simplificar las normas y los requerimientos para los gobiernos locales. De acuerdo a la ley de Sistema Nacional de gestión de riesgo, los gobiernos locales deben elaboran hasta 5 o 6 planes de contingencia y de prevención. Es complicado construir todo esto cuando el gobierno local que tiene poco personal y muchas veces poco capacitado.  Entonces ahí tiene que revisarse y hacer algo más coherente con nuestra realidad.

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