Eduardo Villanueva

Asumamos por un instante que los problemas prácticos alrededor de la consulta previa puedan ser enfrentados, y que contamos entonces con una nueva herramienta para lidiar con los conflictos sociales.  Asumamos además que los actores políticos están interesados en enfrentar los conflictos, no en eludirlos o en usarlos como mecanismo de acumulación de fuerzas.

En este escenario ideal, con un estado capaz y ubicado al medio de dos posiciones distintas sobre uso de la tierra y de recursos, tenemos a dos potenciales juegos de actores: empresas interesadas en actividades fundamentalmente extractivas, y grupos de ciudadanos interesados en mantener sus condiciones de explotación de los recursos que estarían en riesgo en caso que las actividades externas lograsen ubicarse en dichos territorios.

En otras palabras, la consulta previa es un mecanismo para negociar el control de recursos, donde en los casos en que aplica, estamos dando derecho de veto a una comunidad que se reclama ancestral y distinta del resto de los peruanos. No se les niega sus derechos como peruanos, sino que se les extiende un juego más amplio de derechos para garantizarles preservación cultural o social.

El origen de la consulta previa, desde el convenio 169 de la OIT que le da forma jurídica, es la protección de comunidades que pueden llamarse “nacionales” al interior de un estado que ejerce dominio sobre ellas. La idea no es meramente garantizar su protección cultural sino que no sean avasalladas y puedan mantener control sobre sus medios de producción; esto es más evidente en países como Australia o Canadá, donde el mestizaje, en cualquiera de sus acepciones, es mínimo; en nuestro país, sería el caso con las comunidades amazónicas, pero se vuelve más complicado con las distintas comunidades de la zona andina.

En otras palabras: hay un conflicto doble que se enfrenta con la consulta previa, la identidad y el control de la riqueza. La identidad se preserva al garantizar el control de la riqueza, pero la premisa del convenio de la OIT es que la identidad está bien definida y sobre todo, es claramente diferente, de la identidad predominante de los que ejercen el control sobre el grueso de los recursos de un estado nación.

¿Es esta la ruta de solución del conflicto social que queremos en el Perú? La identidad colectiva de muchas de las comunidades que resultan afectadas por la explotación de recursos es difusa en distintos grados; la identidad individual puede ser casi indiscernible. Pero en el fondo, los canales de transmisión entre las distintas fuentes de identidad que, parafraseando a Fernando Fuenzalida incluyen la cultura, la raza, el espacio, la iglesia y la clase entre otras, son cada vez más fluidos, y también hay que considerar el potencial para el aprovechamiento político de grupos que están luchando por control de los recursos, con fines de explotación en sus términos.

Si añadimos a esto el uso de medios de comunicación varios, incluyendo los digitales, para ampliar el alcance real y simbólico de la expresión identitaria, vemos como surgen comunidades que incluyen a individuos al parecer occidentalizados pero que se reclaman indígenas en momentos de apelación comunitaria; así como podríamos ver a individuos que se reclamen occidentales cuando su comunidad se afirma indígena.

La fluidez propia de lo que Zygmunt Bauman llama la modernidad líquida, característica de estos tiempos, no hace a las identidades menos válidas ni mucho menos, insinceras: las hace referencias antes que certezas, y sobre todo las hace individuales a la vez que colectivas, permitiendo que cada uno sea parte de una y varias identidades colectivas cuando las circunstancias se presta para ello.

La consulta previa entonces, ¿es un reconocimiento de comunidades ante-modernas? ¿o debería ser un derecho ciudadano extenso, para todos aquellos que podrían ser afectados por presencias sobrecogedoras de poderes fácticos varios? Si lo primero manda, estamos ante la clara posibilidad de afirmar una visión congelada, rígida, de la identidad, que la haría una herramienta de difícil manejo para el Estado pero de mucha ventaja para aquellos que sin realmente ser solo parte de una única identidad colectiva, pueden reclamarla para sus propios, y muy modernos fines.

En el segundo caso, la consulta previa aparece como la respuesta a la imagen que circuló por Internet, de un Club Golf de San Isidro horadado por una mina de tajo abierto. También los habitantes de los elegantes y carísimos departamentos de la avenida Pezet tienen derecho a ser consultados. Como ciudadanos, como los habitantes afectados por Conga, por solo ser peruanos, tienen el derecho a reclamar ser escuchados antes que cualquier decisión sea tomada.